Estos días salía publicado el Real Decreto Ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se aprueban diversas medidas tributarias, entre otras los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2018. Castilla y León es una de las comunidades en las que más municipios han solicitado esta subida, en total 522 ayuntamientos. La legislación que ampara el IBI es nacional, pero su gestión corresponde a las administraciones autonómicas, provinciales y locales.
La organización profesional agraria considera que no se puede aplicar en los pueblos pequeños los mismos baremos que a las grandes urbes: “se aplican criterios como el valor de la edificación, pero no se tiene en cuenta que el valor de mercado no es el mismo en un pueblo que en una ciudad, ni las prestaciones públicas que se reciben en el medio rural son las mismas”, indica ASAJA. Por otro lado, es obligación de las administraciones contribuir a frenar la despoblación galopante que arrasa nuestros pueblos, y eso requiere un trato fiscal favorable, adecuado a sus necesidades. Algo aún más importante en un año como el que ahora comienza, con los agricultores y ganaderos tratando de remontar tras la catastrófica campaña pasada, marcada por una sequía que todavía se prolonga.
Además, ASAJA Castilla y León, considera que estas subidas en el IBI de las naves ganaderas o de uso agrario “muchas veces no tienen ninguna justificación porque no hay una actividad ni rendimiento económico que lo respalde y, para más agravio, los agricultores y ganaderos se sienten indefensos porque llegan sin posibilidades reales de reclamación porque
Por eso, desde ASAJA Castilla y León se apela a la responsabilidad de los municipios, para que no suban este impuesto y no penalicen a los agricultores y ganaderos, y también se pide a los técnicos de Hacienda que tengan en cuenta la realidad del sector al valorar las naves agrícolas y ganaderas.