ASAJA de Castilla y León ha pedido a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que introduzca en 2026 determinadas flexibilidades en el programa agroambiental de cultivos agroindustriales sostenibles –conocido como el de la remolacha–, permitiendo que los productores cobren la ayuda agroambiental, de unos 500 euros por hectárea, por todas las hectáreas sembradas y declaradas sin necesidad de ajustarse a las que figuran en el contrato plurianual suscrito años anteriores.
ASAJA justifica esta necesaria medida en tres hechos sobrevenidos, considerados causa de fuerza mayor, con los que no contaban los productores: la caída significativa del precio de venta de la raíz –cada año peor que el anterior–, el cierre de dos plantas azucareras en la zona y, con ello, el alargamiento de las campañas de recolección, y las lluvias de este invierno, que complican sobremanera los planes de siembra del cultivo.
ASAJA quiere que las decisiones de cada agricultor —sembrar más o menos remolacha— se adopten por razones agronómicas y de rentabilidad económica, y no por lo establecido en un contrato agroambiental firmado en 2023, cuando la situación era muy distinta a la actual.
Por otra parte, ASAJA recuerda que ya el pasado año se acordó que no se penalizaría, por la vía de las ayudas, a los productores que abandonaran el cultivo al no “salirle las cuentas”, acuerdo que sigue vigente en 2026. La organización valora positivamente que la Consejería vaya a convocar de nuevo la ayuda agroambiental para quienes pudieran estar interesados en incorporarse al cultivo por primera vez en los próximos tres años.
ASAJA pide que todos estos cambios se aprueben con inmediatez para poder planificar la campaña de siembra, más aún ante un previsible periodo de inestabilidad política y parálisis administrativa.
La organización profesional agraria apoya a la Consejería para que defienda en el Ministerio de Agricultura la redistribución de fondos de la ayuda asociada al cultivo, trayendo para Castilla y León el dinero que no se va a gastar en Andalucía, como figura en el Real Decreto que regula estas ayudas de la PAC en España. Esto podría reportar a Castilla y León 2,65 millones de euros más.
Por último, ASAJA pide a la Consejería que propicie una mediación en los contratos entre AB Azucarera y los remolacheros, evitando cláusulas abusivas de campañas anteriores y remuneraciones que no supongan una venta a pérdidas. La OPA no prevé una pérdida de superficie en 2026 en ninguna de las zonas productoras de la región, por lo que se sembrarán unas 19.000 hectáreas de remolacha, salvo que las condiciones de contratación —todavía no claras— empeoren aún más.
ASAJA defiende el cultivo de la remolacha como un pilar importante de la economía agraria en amplias zonas, y también por su papel en la diversificación de cultivos que exige la PAC. La defensa debe ir acompañada de una buena gestión de las ayudas públicas, precios remunerados y prácticas agronómicas que permitan mejorar las producciones en calidad y cantidad.
ASAJA Castilla y León