La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA Canarias ASAJA) está ejerciendo de mediadora entre el sector agrícola y ganadero de Tenerife y diferentes ayuntamientos de la isla para lograr que se agilice la tramitación de los expedientes de licencias de obra, instalaciones y actividad que requieren los productores para poder desarrollar su labor de manera óptima.
La intervención de esta organización profesional agraria entre el sector y las corporaciones locales tiene como objetivo evitar que se sigan retrasando los permisos administrativos que frenan la actividad agraria e impiden el avance de las explotaciones agrarias ya en marcha o de aquellas en proceso de iniciación, lo que repercute negativamente en el crecimiento y rentabilidad del sector. Todo ello pese a que la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos, creada precisamente para corregir este tipo de deficiencias, simplificar y agilizar los trámites burocráticos e impulsar las inversiones en el campo, no ha cumplido de momento con las expectativas del sector agrario cuatro años después de su entrada en vigor.
Entre los motivos por los que esta Ley no ha tenido el éxito deseado destacan, por un lado, las diferentes interpretaciones y la existencia de normas ajenas a las necesidades del sector que limitan su desarrollo dentro de los Planes Generales de Ordenación (PGO) municipales, así como normativas subsidiarias, no adaptadas a la nueva Ley, impidiendo una rápida tramitación de las autorizaciones o licencias pertinentes. Por otro, el hecho de que en la mayoría de los ayuntamientos no cuenten con titulados en Ingeniería Agrónoma o Ingeniería Técnica Agrícola para que puedan informar de la proporcionalidad de la actuación objeto de licencia de obra, así como de su vinculación con el tamaño de la explotación.
Precisamente, en relación a este último punto, ASAGA Canarias insistió durante el periodo de alegaciones a la Ley de Simplificación Administrativa para que se atendiera su propuesta de incluir en el equipo de funcionarios de las administraciones locales a ingenieros agrónomos o técnicos agrícolas en cumplimiento del artículo 59.2 de la Ley del Suelo. También se solicitó la derogación explícita de toda normativa urbanística que no contemple edificabilidad proporcionada a la actividad o al tamaño de la explotación e igualmente la supresión de todas las normas relacionadas con tipologías, retranqueos, alturas y edificabilidad que sea contraria o impida el normal desarrollo de la actividad. Sugerencias que fueron desestimadas y emplazadas para el futuro.
Fuente: Asaja Canarias (ASAGA)