El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló ayer el acuerdo de liberalización comercial entre la UE y Marruecos firmado en 2012 al considerar, a raiz de una denuncia del Frente Polisario, que Unión europea no verificó que no se explotaran los recursos del Sáhara occidental.
La Junta Directiva de ASAJA-Almería, tras conocer esta noticia, reivindica la aplicación inmediata de esta sentencia y pide a las autoridades españolas y europeas que estén alerta y controlen que efectivamente se cumple con lo establecido por el alto tribunal europeo.
ASAJA recuerda que durante el proceso de aceptación del Acuerdo comercial, el Pleno del Parlamento Europeo hizo caso omiso a las consideraciones del Informe defendido por el eurodiputado José Bové, que asumía las reinvidicaciones y las tesis del sector agrario español mostrando su rechazo a la firma del Acuerdo. En dicho informe además de las dudas por la posible inclusión de las tierras Sáhara Occidental, se ponía de manifiesto que dicho acuerdo adolecia del estudio previo sobre su impacto económico así como el incumplimiento constante de las cláusulas del Acuerdo en vigor por parte Marruecos, las irregularidades aduaneras, reconocidas por la propia OLAF, y la falta del principio de reciprocidad en las condiciones de producción y venta con las producciones europeas.
“Nuestra opinión al respecto poco ha cambiado, para nosotros este acuerdo sólo beneficia a los grandes oligopolios empresariales de capital europeo y marroquí. Además se firmó un acuerdo que Marruecos ya incumplía, ya fuera en cantidades introducidas en Europa o en los precios de entrada, ignorando la UE los intereses del campo español”.
Además recordemos que el proceso de liberalización no se paralizó con el acuerdo, pues en abril de 2013 se iniciaron nuevas negociaciones para la creación de una zona de libre comercio más profunda y completa entre los dos socios.
Por ello, ASAJA reclama que ante esta situación, que se prolongará como mínimo unos meses, se deben retomar cuestiones que quedaron relegadas de este acuerdo, como son la necesidad de exigir reciprocidad en el cumplimiento de la legislación fitosanitaria y de seguridad alimentaria a los productos exportados desde este país, garantizando que cumplen las mismas normas fitosanitarias, laborales y sociales que los productos cultivados en la UE.
