ASAJA Alicante muestra su total disconformidad con las ubicaciones propuestas para la instalación de la planta fotovoltaica que suministrará energía a la desaladora de Torrevieja. “Los emplazamientos propuestos por el Ministerio de Transición Ecológica vulneran fincas agrícolas protegidas”, denuncia José Vicente Andreu, presidente de la organización agraria alicantina.
Lejos de resolver el problema, el Gobierno “lo traslada a otro lugar” ocupando suelos de alta capacidad productiva, tal como preveía el plan inicial. Estas fincas de regadío, amparadas por la Ley 52/1980, de 16 de octubre, están declaradas de interés nacional por formar parte del régimen económico del acueducto Tajo-Segura, lo que impide legalmente su transformación para otros usos, como el propuesto.
ASAJA Alicante propone emplear suelos de secano sin protección ambiental, según la normativa europea. “Sí los hay disponibles en la zona, solo hace falta un mejor análisis del territorio”, argumentan.
La asociación considera que esta decisión forma parte de una estrategia del Gobierno contra el sector primario, y acusa al Ministerio de querer acabar con la agricultura de regadío del Levante, la más productiva del país. ASAJA recuerda que no se trata de un caso aislado: es una situación más en una larga lista de agravios, como la aplicación de caudales «ideológicos» que reducen el trasvase al Segura sin justificación ecológica, o la falta de voluntad política para ejecutar infraestructuras esenciales, como las tuberías para llevar el agua desalada a todos los regantes.
Finalmente, Andreu tacha el proyecto de inadmisible y lo califica de “delito ambiental”, señalando que solo puede entenderse como una excusa para no conectar la desaladora con el trasvase, lo que hipoteca el futuro del regadío en la provincia.
Fuente: ASAJA Alicante
