El objetivo es utilizar los fondos disponibles en el marco de los programas de desarrollo rural existentes para prestar apoyo a los agricultores y a las PYMES más afectadas por la crisis de COVID-19 y para hacer frente a los problemas de liquidez y de flujo de caja derivados del cierre de tiendas, mercados y restaurantes.
Este era el trámite que faltaba previo a la publicación en el DOUE, y su inmediata entrada en vigor.
A partir de ahí, las CCAA que quieran implementar esta medida deberán realizar la correspondiente modificación de su PDR, establecer las bases reguladoras y poner a disposición de la medida la correspondiente cofinanciación.