APAG EXTREMADURA ASAJA denuncia la actitud caciquil del alcalde de Talarrubias (Badajoz), Pedro Ledesma, que ha solicitado la catalogación como monte de utilidad pública una zona de dehesa en el término municipal de la localidad que supondrá el fin de la producción de la zona de las tierras agrícolas del lugar.
Esta decisión, que choca con la legalidad, en concreto con la Ley 43/2003 de 21 de noviembre (decreto 44/20011 del 15 de abril) sobre la Ordenación de Montes Pública, la ha tomado el alcalde de espaldas a la opinión de los vecinos de Talarrubias. Esta normativa subraya que no tienen consideración de monte los terrenos dedicados de dehesa.
Como consecuencia de esta decisión del alcalde, los vecinos se encuentran muy afectados por esta nueva forestación ilegal que pretende el regidor con la excusa de crear empleos en la localidad, pero con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos y de los agricultores y ganaderos de la zona, que verán hipotecado el futuro del sector agrario y de los propios terrenos donde se pretende ejecutar esta barbaridad.
En este sentido, y para los más incrédulos, sólo hay que recordar que hace ahora 16 años también el ayuntamiento realizó otra forestación en la dehesa de 81 hectáreas y los resultados, con el paso del tiempo, no han podido ser más negativos para la generación de trabajo al haberse convertido estos terrenos en un verdadero foco inflamable ya que se encuentran con unos pastizales más altos que los propios árboles. Además, se niega a los ganaderos a que su ganado paste (previo pago, por supuesto) aun autorizando la Consejería de Agricultura a tal fin para obtener un control y aprovechamiento de estos pastos.
Con esta forestación, estos terrenos pasan de ser fértiles a ser míseros, cosa contraria a la que sucede en otros países donde emplean el ingenio para hacer precisamente lo contrario, pasarlos de nulo o escasamente productivos a convertirlos en completamente fértiles.
Por eso, desde nuestra organización agraria no logramos entender la actitud del alcalde y desconocemos los intereses ocultos que puede tener para iniciar un proceso contrario a la ley y que perjudica claramente a sus vecinos, a los que ni siquiera se les ha consultado.
