Un estudio científico ha creado el primer protocolo específico de bioseguridad para proteger al porcino frente a la Peste Porcina Africana (PPA). La investigación, publicada en una revista internacional de referencia, analiza 40 explotaciones de Aragón, Cataluña y Murcia y concluye que el jabalí es el principal vector de riesgo indirecto. Solo el 22,5% de los vallados estudiados resultó impenetrable para esta especie.
La PPA sigue siendo una de las mayores amenazas para el sector porcino europeo. Sin vacuna eficaz disponible y con el jabalí como principal reservorio silvestre, la prevención es prácticamente la única herramienta para los ganaderos. En este contexto, un equipo de investigadores españoles ha desarrollado el primer protocolo científico estandarizado para evaluar y mejorar la bioseguridad externa de las explotaciones porcinas intensivas frente a la fauna silvestre.
El trabajo, publicado en Preventive Veterinary Medicine, está liderado por el Grupo de Investigación en Sanidad y Biotecnología (SaBio) del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC – CSIC, UCLM, JCCM). Para desarrollarlo, se analizaron 40 explotaciones intensivas en tres comunidades que concentran casi el 58% del censo porcino nacional.

El jabalí: una amenaza que muchos ganaderos no detectan
Uno de los datos más llamativos es la brecha entre la percepción de los ganaderos y la realidad sobre la presencia del jabalí. El 45% afirmó no haber visto nunca a este animal cerca de su explotación, y el 47,5% declaró haberlo visto solo de forma esporádica. Sin embargo, los investigadores encontraron evidencias de actividad en el 47,5% de las explotaciones auditadas.
El riesgo no proviene del contacto directo, poco habitual en sistemas intensivos, sino de la vía indirecta: vehículos, ropa, herramientas o materiales que han estado en contacto con zonas frecuentadas por jabalíes pueden introducir el virus en la granja. El estudio incluye datos de seguimiento GPS de un jabalí adulto que muestran cómo utiliza de forma continua el entorno inmediato de las explotaciones, incluidas naves de cebo y fosas de purines.

Vallados que cumplen la norma pero no protegen
El estudio revela que el sector porcino español presenta un nivel de bioseguridad aceptable, pero con vulnerabilidades importantes. Entre los puntos más débiles destacan el control de vehículos, la gestión del personal, la separación entre zonas limpias y sucias, las actividades en el entorno de la granja o la vinculación de trabajadores a la actividad cinegética.
Un dato revelador: aunque la mayoría de explotaciones contaban con vallado perimetral y cumplían la normativa, solo el 22,5% era realmente eficaz para impedir la entrada del jabalí. Además, la mitad de las puertas de acceso resultaban ineficaces incluso estando cerradas. Cumplir la norma no siempre equivale a estar protegido.
Un protocolo que va más allá de las recomendaciones genéricas
Lo más relevante es que el protocolo no se queda en el diagnóstico: transforma la evaluación en un plan de acción concreto para cada explotación. Combina entrevistas, análisis del entorno y auditorías de campo, generando planes de bioseguridad personalizados que priorizan medidas según el riesgo real. Desde la mejora de vallados hasta el rediseño de accesos o la formación del personal, todas las actuaciones son concretas y aplicables.
Este enfoque adaptativo supone un cambio de modelo: en lugar de aplicar las mismas medidas a todas las granjas, permite mejorar de forma progresiva y eficiente, centrando los recursos donde el riesgo es mayor.

Base para la futura Guía del Ministerio
El protocolo servirá de base para la Guía de Bioseguridad que publicará próximamente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Su carácter estandarizado y flexible lo convierte en una herramienta transferible a otros países y sistemas productivos.
Los autores subrayan que la bioseguridad no debe verse como una carga burocrática, sino como una inversión estratégica. España es el mayor productor de porcino de Europa y uno de los principales exportadores mundiales. Un brote de PPA pondría en riesgo el empleo rural, la industria alimentaria y la posición del sector en los mercados internacionales. Proteger la bioseguridad es proteger la viabilidad del sector.
Fuente: Preventive Veterinary Medicine / IREC – CSIC, UCLM, JCCM
