ASAJA reclama medidas urgentes ante el rechazo generalizado al acuerdo por parte de los grupos políticos europeos.
ASAJA reclamó a las instituciones europeas la adopción de medidas urgentes para garantizar la competencia justa en el sector de frutas y hortalizas, coincidiendo con el debate celebrado el 18 de marzo en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo sobre el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos.
El intercambio de opiniones dejó una conclusión clara: pese a las diferencias entre los distintos grupos políticos, existe un consenso generalizado en rechazar el actual funcionamiento del acuerdo. Los eurodiputados coincidieron en señalar la falta de reciprocidad en las condiciones de producción, la escasa claridad en el etiquetado y los desajustes de mercado que perjudican tanto a los productores como a los consumidores europeos. Además, se advirtió de posibles contradicciones con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Un debate clave en un momento crítico
El debate se produjo en un contexto especialmente sensible para el sector hortofrutícola europeo, que viene denunciando una competencia cada vez más desequilibrada. ASAJA respaldó la posición trasladada por COPA-COGECA, que alertó de los riesgos de mantener el actual modelo sin ajustes.
España, principal productor hortofrutícola de la UE, ha registrado en los últimos años una creciente presión por el aumento de las importaciones procedentes de Marruecos. Según datos de Eurostat y de la Comisión Europea, las importaciones de tomate marroquí superan las 500.000 toneladas anuales, consolidando una tendencia al alza que impacta directamente en el mercado comunitario.
Este incremento ha coincidido con el retroceso de la superficie de cultivo en España, especialmente en zonas como Almería y Canarias, donde los productores han denunciado una pérdida progresiva de rentabilidad.
Impacto en el mercado y preocupación por la transparencia
Durante el debate, varios eurodiputados pusieron el foco en los efectos directos del acuerdo sobre los mercados agrícolas y pesqueros. El aumento de las importaciones ha intensificado la presión sobre los agricultores europeos, generando importantes desequilibrios competitivos.
También se criticó de forma generalizada el sistema de etiquetado, especialmente el uso de referencias regionales en lugar de identificar claramente el país de origen, lo que puede inducir a error al consumidor y eludir las normativas comunitarias. A ello se suma la falta de transparencia y fiabilidad en los datos de importación.
Falta de reciprocidad y dudas sobre la legalidad
ASAJA subrayó que el principal desequilibrio radica en la falta de reciprocidad. Mientras los agricultores europeos deben cumplir exigentes normativas medioambientales, fitosanitarias, laborales y sociales, los productos importados no siempre están sujetos a los mismos estándares.
En paralelo, varios miembros de la Comisión de Agricultura cuestionaron la legalidad del acuerdo, señalando posibles incumplimientos de las sentencias del TJUE, especialmente en lo relativo al etiquetado de productos procedentes del Sáhara Occidental.
Asimismo, se criticó la actuación de la Comisión Europea y del Consejo por la falta de control parlamentario en la aplicación provisional del acuerdo y por la rapidez en su tramitación.
Medidas urgentes sobre la mesa
Ante esta situación, ASAJA insistió en la necesidad de introducir cambios inmediatos en el marco del acuerdo, que incluyan:
- Reciprocidad real en las normas de producción
- Reforma del sistema de precios de entrada, adaptándolo a los costes actuales
- Mecanismos automáticos de salvaguardia ante perturbaciones del mercado
- Refuerzo de los controles y mayor transparencia en el etiquetado de origen
El sector hortofrutícola es estratégico para España, con un valor superior a los 20.000 millones de euros anuales y un papel clave en el empleo y la cohesión territorial.
ASAJA advirtió de que lo que está en juego va más allá del comercio. La organización insistió en que, si Europa no garantiza condiciones justas para sus agricultores, estará comprometiendo su propia capacidad productiva y su soberanía alimentaria.
