La futura Política Agrícola Común (PAC) 2028-2034 ha encendido las alarmas entre los auditores europeos. Según un dictamen publicado este lunes, los nuevos mecanismos de planificación y una arquitectura jurídica más compleja pueden generar incertidumbre en los Estados miembros y retrasar la entrega de las ayudas a agricultores y ganaderos.
El dictamen advierte de que la propuesta presentada por la Comisión Europea incorpora procedimientos “complicados” que reducen la previsibilidad y elevan el riesgo de demoras en los pagos. Un escenario que, según fuentes del Tribunal de Cuentas de la UE, tiene una “alta probabilidad” de agravarse respecto al actual periodo presupuestario, donde ya se están produciendo retrasos.
Los auditores subrayan que la mayor flexibilidad que se quiere conceder a los Estados miembros no debe poner en riesgo los objetivos comunes de la PAC, como la protección del medio ambiente o una renta justa para los profesionales del campo. De lo contrario, alertan, podría generar desigualdades entre agricultores, distorsionar la competencia y afectar al funcionamiento del mercado interior.
Para evitarlo, el dictamen reclama que la Comisión “desempeñe eficazmente su función rectora”. El resultado final, añaden, dependerá en gran medida de la preparación de cada país y de si han “hecho bien sus deberes”.
Otro de los puntos críticos es la incertidumbre financiera. El importe total de la PAC solo se conocerá una vez aprobados los planes nacionales dentro del nuevo fondo único propuesto. Esto, advierten los auditores, dificulta a los beneficiarios planificar sus explotaciones y comparar el gasto agrario del actual marco 2021-2027 con el próximo.
Además, el Tribunal pide garantizar la rendición de cuentas y la trazabilidad de las ayudas cuando las intervenciones se basen en hitos y objetivos, ya que las limitaciones detectadas podrían socavar el objetivo de simplificación de las normas.
ASAJA recuerda que garantizar una PAC sencilla y eficaz es clave para asegurar la renta agraria y la soberanía alimentaria de Europa.
El dictamen se remite al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE como asesoramiento independiente sobre la propuesta de la PAC y la Organización Común de Mercados.
Entre los cambios previstos figura la fusión en un solo fondo de los dos instrumentos históricos: pagos directos y desarrollo rural. Para el periodo 2028-2034, Bruselas plantea un presupuesto agrario de 293.700 millones de euros, frente a los cerca de 400.000 millones de los dos fondos en el periodo 2021-2027, un planteamiento que ya ha generado críticas en el sector por el temor a recortes.