APAG, ASAJA Castilla-La Mancha y ATAMACO han valorado muy positivamente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Albacete que anula la resolución de fecha 8 de julio de 2021 firmada por el viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, que prohibía las labores de cosecha en toda la región los días 11 y 12 de julio de 12 a 20 h.
APAG y ASAJA interpusieron primero un recurso de alzada contra dicha resolución, que fue desestimado por parte de la Consejería, lo que motivó que en diciembre de 2021 se presentara un recurso contencioso administrativo. Cuatro años después, el TSJ ha publicado la sentencia que resuelve dicho recurso a favor de ASAJA y APAG, considerando que “las medidas adoptadas no se encuentran previstas entre las reguladas para su aplicación durante las campañas de prevención de incendios forestales”, por lo que estima el recurso y anula la resolución.
El presidente de ASAJA CLM, José María Fresneda, ha manifestado hoy en Guadalajara que “cinco magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha nos dan la razón en algo que es fundamental, que es la falta de sensibilidad de las Administraciones a la hora de hacer sus actuaciones”. La sentencia viene a decir que “no son competentes para decir cuándo o cómo podemos llevar a cabo nuestro trabajo”, ha explicado. Fresneda ha asegurado que hemos encontrado nuestra hoja de ruta y a partir de ahora “o se negocia o no se determina bajo ningún concepto cuándo y cómo y de qué manera tenemos que hacer nuestro trabajo”.
Juan José Laso, presidente de APAG, ha comparecido para manifestar que la sentencia tiene dos consecuencias: “la primera es que nos da la posibilidad de pedir una reclamación patrimonial a la Junta de Castilla-La Mancha y la segunda es que demuestra que esta resolución fue irresponsable, no era ajustada a derecho y atentaba contra el sector productor de Castilla-La Mancha”.
“Esta resolución me recuerda al ‘ordeno y mando’ de otros tiempos” ha señalado Laso, “porque se realizó sin ningún consenso y no se tuvo en cuenta en ningún momento al sector agrícola”.
Laso también ha criticado la tardanza en la publicación de la sentencia: “cuatro años es mucho tiempo de espera, de manera que los responsables de aquella resolución -el consejero José Luis Escudero y el viceconsejero Fernando Marchán- ya no están y si esta sentencia hubiera salido antes su único destino seguramente hubiera sido su cese o dimisión”.
Por último, ha remarcado que esta sentencia “nos da ánimos, fuerza y moral para seguir defendiendo los intereses de nuestros profesionales, recordando que en la lucha contra los incendios la agricultura y la ganadería no es el enemigo sino un aliado”.
Laso ha tendido una mano a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, para llegar a un consenso, pero bajo unas premisas: “el sector agrícola no puede ser el único limitado y regulado en la lucha contra incendios y que la agricultura es una solución real contra los incendios”.
Félix Andrés, presidente de ATAMACO, ha ofrecido una valoración de los daños económicos ocasionados por estos dos días de parada, que se elevan solo para los asociados de ATAMACO a unos 750.000 euros y superarían los 2 millones de euros en la región según ASAJA CLM. Si esta cifra se multiplica por cinco años en los que ha habido restricciones y por las personas autónomas que no pertenecen a esta asociación, la cifra sería desorbitada para la Administración.
“Esta sentencia es algo que nunca debería haber ocurrido”, ha manifestado Andrés, “porque llegar a esta situación es fruto de que las negociaciones siempre son unilaterales, pero espero que esta sentencia nos abra las puertas a unas negociaciones reales con la administración que lleven a un posicionamiento mutuo, que sea viable y no cause perjuicio a ambas partes”.
ATAMACO celebrará una asamblea próximamente para determinar la forma de realizar esta reclamación patrimonial.
De Andrés ha explicado que el trabajo de la cosecha debe hacerse en tiempo y forma, “porque día que pierdes, día que pierde todo el mundo desde las máquinas hasta el agricultor y eso no se recupera, además de la pérdida de clientes”.
APAG, ASAJA Castilla-La Mancha y ATAMACO
