#Reacciones.- Si la Comisión Europea hubiera querido alimentar el populismo y los malentendidos en las zonas rurales, no podría haberlo hecho mejor:
– Una reducción de casi el 20 % del presupuesto de la PAC (integrando los nuevos parámetros específicos);
– La integración de la Política Agrícola Común en el Fondo Único;
– Una ecologización extensa a través del marco de rendimiento de la política, que socava su dimensión económica;
– Una renacionalización de esta política mediante un enfoque “a la carta” sin ningún mecanismo común serio.
Esta propuesta inicial supone un duro golpe para la agricultura europea y para todos los agricultores que expresaron su consternación hace poco más de un año. Por lo tanto, Farm Europe hace un llamamiento a los colegisladores y a los principales responsables políticos de la UE, a los Estados miembros y al Parlamento Europeo, para que corrijan el rumbo y rechacen esta propuesta con el fin de reavivar la ambición y la visión europeas.
La obstinación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en eludir cualquier debate sobre el futuro de la Política Agrícola Común demuestra su determinación de socavar fundamentalmente el carácter único de esta política y su clara falta de comprensión de su importancia económica para la economía rural de la UE.
Mientras que se necesitan 482.500 millones de euros para mantener el presupuesto de la PAC al nivel de 2020, o 395.000 millones para mantenerlo al nivel de 2027, la propuesta de la Comisión de 300.000 millones convierte a los agricultores en los grandes perdedores del legado de Ursula von der Leyen desde 2021. La duplicación de la reserva de crisis, que pasa a 6.300 millones de euros, es la única medida positiva que se puede reconocer en un día muy triste para la agricultura de la UE.
El deseo de subordinar la PAC a un marco único de rendimiento que abarque todas las políticas de la UE es evidente a este respecto. El marco niega el carácter económico de la política agrícola europea mediante 32 indicadores exclusivamente medioambientales y sociales, lo que dista mucho de las declaraciones sobre autonomía estratégica y seguridad alimentaria realizadas al sector no hace mucho tiempo.
El concepto “no hacer daño” parece generalizarse a toda la financiación de la PAC sin orientaciones claras sobre las consecuencias de este principio, y en la propuesta de la Comisión Europea se establece una doble condicionalidad a través de los 27 mecanismos de condicionalidad diferentes (artículo 3) y una nueva disposición general que da prioridad al medio ambiente y al clima como prioridades exclusivas de la PAC. Se está dejando de lado la dimensión económica fundamental de la PAC y se está eliminando la igualdad de condiciones.
Además, el marco residual reservado a la naturaleza específica de las normas de la PAC aumenta el riesgo de renacionalización y refuerza la percepción de la naturaleza marginal del futuro de esta política, tal y como la concibe la presidenta de la Comisión Europea, lo que dista mucho de ser acorde con los retos vitales a los que se enfrentan las zonas rurales.
En este sentido, Farm Europe condena una orientación política que es peligrosa para el proyecto europeo en sí mismo, y pide a los Estados miembros y al Parlamento Europeo que salven el vínculo único entre la Unión Europea, sus ciudadanos y sus agricultores, en un momento en que la institución responsable del interés general europeo parece estar abandonándolo.
En cuanto a las disposiciones específicas de la PAC (sujetas a la evaluación del proyecto definitivo de reglamento, que no estaba disponible en el momento de la publicación de este comunicado de prensa):
• El enfoque en “los que más lo necesitan” margina los instrumentos de la Política Agrícola Común. Aunque acogemos con satisfacción la prioridad otorgada a los productores, los parámetros establecidos para la degresividad y la limitación máxima están desconectados de la realidad de la agricultura europea y envían un mensaje contrario al deseo de centrar la PAC en los productores.
• La renovación de los pagos vinculados a la producción demuestra que se tiene en cuenta la cuestión de la producción, así como la importancia de disponer de ayudas a la renta diferenciadas en función del territorio. Sin embargo, la ausencia casi total de parámetros comunes para definir estos pagos abre la puerta a distorsiones significativas que pondrían a los agricultores en competencia entre sí.
• La arquitectura verde se ha puesto patas arriba, con un mecanismo de condicionalidad generalizado, la sumisión a indicadores globales de rendimiento medioambiental, climático y social (marco de rendimiento), el principio de “no causar daño” y la obligación de los Estados miembros de dar prioridad a los objetivos medioambientales y climáticos (artículo 4). Se prevén dos tipos de medidas para los compromisos medioambientales y las medidas de transición voluntarias, estas últimas con un límite máximo de 200.000 euros. La falta de una base de referencia común de la UE constituye, una vez más, una amenaza directa para la igualdad de condiciones.
Por último, hay que acoger con satisfacción la voluntad de la Comisión de hacer hincapié en el desarrollo de una auténtica política de gestión de riesgos en todos los Estados miembros de la UE, que debe ir acompañada de una verdadera reserva europea para situaciones de crisis. Es necesario aclararse urgentemente para garantizar su eficacia, en lugar de limitarse a promesas vacías. Del mismo modo, cabe destacar el cambio de rumbo en la cuestión de la ganadería, en particular la posibilidad de aprovechar plenamente los pastos y proteger las denominaciones de la carne.
En esta fase, también se expresa claramente el deseo de acelerar la digitalización de la agricultura, pero esto aún no se ha traducido en herramientas suficientemente sólidas para aprovechar plenamente el potencial de estas transformaciones.
Fuente: FARM EUROPE
