Tomamos nota de la publicación de los detalles relativos a la revisión del artículo 29 del Acuerdo de Libre Comercio Amplio y Profundo (DCFTA) entre la UE y Ucrania, que aporta una certidumbre y estabilidad a largo plazo a nuestras relaciones comerciales, algo vital para los productores de ambas partes.
Sin embargo, y aunque reconocemos los esfuerzos por lograr un equilibrio al conceder nuevas preferencias a Ucrania, persisten serias preocupaciones, especialmente en lo que respecta al tratamiento de los sectores sensibles. El aumento de cuotas para carne de ave (+30 %), huevos (+300 %), maíz (+54 %), alcohol etílico (+25 %) y especialmente para azúcar (+498 %) y miel (+583 %) sigue planteando importantes desafíos para los sectores afectados.
La magnitud de estas concesiones es desproporcionada para algunos de estos sectores agrícolas sensibles y deja a los productores expuestos y sin apoyo, en un momento en que ya están sometidos a presión por la liberalización comercial acumulada —pasada y prevista—. También es importante destacar que las liberalizaciones totales otorgadas generan serias inquietudes, tanto a corto plazo —como ya se observa en el sector de las setas, que se encuentra bajo presión— como a largo plazo, especialmente en diversos productos lácteos que han sido totalmente liberalizados.
Quedan además preguntas abiertas sobre cómo se evaluarán en la práctica las perturbaciones del mercado para activar las medidas de salvaguardia. Como se evidenció durante las discusiones sobre las Medidas Comerciales Autónomas (ATMs), hubo una discrepancia notable entre los datos presentados por la Comisión y la experiencia real de los productores en los Estados miembros.
Asimismo, se requiere una mayor claridad sobre cómo se aplicará la condicionalidad, especialmente en lo referente a las normas de producción. Aunque la alineación legislativa de Ucrania con las normas de la UE es un paso positivo —en particular en el contexto del proceso de adhesión—, su aplicación en condiciones de guerra plantea serias limitaciones. Transponer legislación es una cosa; garantizar su implementación efectiva y su cumplimiento sobre el terreno es otra muy distinta.
Tras esta reacción inicial, las organizaciones firmantes llevarán a cabo, junto con sus miembros, un análisis detallado de las disposiciones del acuerdo para evaluar mejor sus implicaciones.
Seguimos comprometidos con un diálogo continuo con la Comisión Europea para garantizar que estas cuestiones se aborden de manera justa, transparente y viable.
