La OMC relanzaba así el “Programa de Desarrollo de Doha” formado a su vez por diez acuerdos con el objetivo de facilitar el comercio multilateral y simplificar los trámites aduaneros. Entre los acuerdos, ASAJA de Castilla-La Mancha resalta, en el capítulo de Agricultura, el programa de servicios generales porque, tal como explica el borrador del texto “pueden contribuir al desarrollo rural, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza, en especial en los países en desarrollo”.
Producir alimentos de calidad que garanticen la seguridad, en cantidad para reducir el hambre y favorecer el desarrollo rural son principios que también comparte la nueva Política Agraria Común (PAC). Por ello, según la Organización Agraria, la voluntad política de los asistentes a Bali debe servir para que Castilla-La Mancha, España y Europa aprovechen las beneficios que deriven de un acuerdo que concede un periodo de tranquilidad a Unión Europea que, por primera vez, no ha sido el centro de las críticas generalizadas.
Por otra parte, los países en desarrollo podrán financiar programas de almacenamiento de alimentos básicos para sus poblaciones, por encima de los límites de ayuda permitidos hasta ahora, sin que por ellos puedan ser denunciados ante la OMC. A cambio, estas medidas deberán ser comunicadas a la Organización y a los países miembros añadiendo una mayor transparencia al mercado internacional.
De este modo, el acuerdo establece un “entendimiento relativo a las disposiciones sobre la administración de los contingentes arancelarios de los productos agropecuarios” y garantiza la competencia leal.
Así pues, después de que algunos cultivos castellano-manchegos se hayan visto afectados por posibles prácticas desleales a lo largo de los años, ASAJA de Castilla-La Mancha valora cualquier medida destinada a terminar con las distorsiones en el comercio internacional, con los especuladores y con la inseguridad alimentaria de terceros y urge al Ministerio de Agricultura a que ponga en marcha la Ley de la Cadena Agroalimentaria para que contribuya al equilibrio del mercado desde el ámbito nacional.
Por último, en el capítulo de Facilitación de Comercio se establecen un conjunto de normas para reducir las cargas burocráticas por lo que la Organización Agraria insta a las Administraciones española y autonómica para que aproveche la oportunidad de abrir las puertas de nuevos mercados a los productos castellano-manchegos.