España ha alcanzado en 2012 el récord histórico de siembra de maíz modificado genéticamente con 116.306 hectáreas, superficie que representa el 30% del total de maíz sembrado en todo el país. Así se desprende de los datos oficiales anuales recopilados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) sobre superficies de maíz sembradas en España durante 2012. Un año más la apuesta por la biotecnología agraria crece pese a las barreras burocráticas que, sin justificaciones científicas, imponen los políticos europeos.
Para hablar de este crecimiento, fruto de la buena acogida que tienen los OGMs entre los agricultores, y de otros asuntos relacionados con la biotecnología agraria y el medio ambiente, el Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales (ICAM) y la Fundación ANTAMA, con la colaboración del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía celebrarán el mañana miércoles, 21 de noviembre, la jornada de trabajo “15 AÑOS DE CULTIVOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE: BENEFICIOS AMBIENTALES Y ECONÓMICOS”.
A lo largo de esta Jornada podremos conocer, de la mano de diversos expertos, la evolución, situación actual y futuro del uso de los Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) y de su importante contribución agronómica, económica y medioambiental al sector agrario y al conjunto de la Sociedad. Asimismo, podremos conocer la experiencia en campo de agricultores que, desde hace 15 años han tenido la posibilidad de contar con esta importante herramienta en España, concretamente, en el uso del maíz Bt.
Aragón es la comunidad autónoma con mayor superficie sembrada de maíz Bt con 41.669,39 hectáreas. Le siguen Cataluña y Extremadura con 33.530,86 y 15.951,53 hectáreas, respectivamente. En Andalucía se han sembrado10.361 hectáreas de maíz Bt y en la provincia de Sevilla, 4.633 hectáreas.
Sólo con el cultivo del maíz modificado genéticamente resistente a taladro (MON810) los agricultores españoles han conseguido entre 1996 y 2009 un beneficio extra de 65 millones de euros. Se estima que si los agricultores europeos pudieran cultivar las variedades modificadas genéticamente aprobadas en los países competidores podrían tener un ingreso adicional de entre 443 y 929 millones de euros al año.
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