enero 22, 2026

ASAJA reclama que la Comisión Europea y el Consejo esperen al dictamen del Tribunal de Justicia de la UE antes de activar cualquier parte del acuerdo UE‑Mercosur, ante las claras dudas jurídicas y políticas señaladas por el Parlamento Europeo.

La organización advierte de que aplicar el tratado de forma provisional desvirtuaría una decisión democrática y aumentaría la desconfianza del sector agrario hacia las instituciones europeas, especialmente en un contexto de movilización masiva del campo en Bruselas y Estrasburgo.

ASAJA muestra preocupación por las posiciones favorables a una aplicación provisional y defiende que solo el TJUE debe determinar el futuro del acuerdo para garantizar seguridad jurídica y respeto institucional.

Las principales organizaciones agrarias de Extremadura convocan nuevas tractoradas y marchas lentas este viernes 23 de enero para reclamar respuestas urgentes ante la grave situación que atraviesa el campo extremeño.

Las movilizaciones denuncian los recortes previstos en la nueva PAC, el rechazo a los acuerdos comerciales con terceros países como Mercosur y la falta de medidas eficaces para garantizar la rentabilidad de las explotaciones.

El sector exige apoyo específico para el ovino, un etiquetado claro del origen de la miel y mayores ayudas para sectores estratégicos como el arroz y el olivar, apelando a la unidad y la movilización para asegurar un futuro justo y viable para el campo extremeño.

AVA-ASAJA valora como un paso fundamental el aval del Parlamento Europeo para someter el acuerdo UE-Mercosur a control jurídico, una decisión que llega tras las movilizaciones del sector agrario en Bruselas y Estrasburgo impulsadas desde el COPA-COGECA.

La organización considera que el examen del acuerdo por parte del Tribunal de Justicia de la UE confirma las dudas jurídicas y políticas existentes y puede frenar la ratificación de un pacto que el sector considera desequilibrado y perjudicial para agricultores y ganaderos europeos.

AVA-ASAJA confía en que este avance ayude a proteger la viabilidad de miles de explotaciones valencianas y reclama al Gobierno de España una defensa clara del principio de reciprocidad y de unas condiciones de competencia justas en los acuerdos comerciales.

El texto destaca que la votación del Parlamento Europeo para remitir el Acuerdo UE-Mercosur al TJUE confirma las serias dudas y controversias que genera este pacto.

Subraya que las reivindicaciones del sector agrario europeo, centradas en la justicia, el equilibrio y la coherencia comercial, han sido escuchadas por eurodiputados de distintas ideologías y países.

El sector reclama un comercio justo que no premie estándares más bajos y recuerda que, en un contexto de inestabilidad geopolítica, la UE debe proteger a la agricultura como pilar económico, social y alimentario del proyecto europeo.