Pendiente de su paso por el Senado, esta declaración conllevará aún más restricciones sobre un territorio de 97.749 hectáreas, ya con protección ambiental suficiente, que supondrán un mayor lastre económico para el desarrollo de la actividad agraria.
Si bien se esperan fondos para la elaboración, desarrollo y gestión del Parque, el proyecto de Ley no establece ninguna prioridad para los municipios, habitantes y explotaciones incluidas, tanto en el Parque como en la Zona Periférica de Protección, a los que iguala con los de la Zona de Influencia Socioeconómica, que no está sujeta a ninguna limitación adicional.