Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, ASAJA, UCCL y la ALIANZA UPA-COAG, en unidad de acción, convocan para MAÑANA JUEVES 27 DE AGOSTO en Valladolid una concentración en Valladolid para denunciar el hundimiento de la rentabilidad del sector cerealista y reclamar ayudas urgentes por parte del gobierno autonómico, así como medidas políticas urgentes que garanticen el futuro de los agricultores y ganaderos.

Se trata de la cuarta protesta organizada en lo que va de año en defensa de la agricultura cerealista, de la que Castilla y León es motor fundamental en España, y que acumula pérdidas desde hace varias campañas, por una falta de rentabilidad sostenida a la que se suman, como en esta cosecha, los malos resultados productivos. En la concentración de mañana el foco principal se pondrá sobre la Junta de Castilla y León, que hasta el momento no ha adoptado ni una sola medida de apoyo para el campo. Las OPAS piden ayudas directas en una cuantía similar a las concedidas desde el ministerio, para paliar mínimamente las pérdidas de cerca de 300 millones de euros soportadas por los agricultores de la comunidad autónoma esta campaña, marcada por los altos costes de producción (gasóleo, fertilizantes, semillas…) y la baja cosecha, con el cereal cotizando a precios mínimos.

Sin el apoyo directo de las administraciones muchas explotaciones serán inviables y no podrán afrontar la próxima sementera, a la vuelta de la esquina. Se trata, pues, de un momento clave para contar con un salvavidas que permita sostener al sector cerealista. Por ello, las OPAS piden a todas las Cooperativas y Empresas relacionadas (almacenes de cereal y pienso, abonos, semillas, regantes, talleres, concesionarios y suministros, etc.), con relación directa con el sector, que también cierren sus puertas mañana para sumarse a este acto reivindicativo con el que reclamamos una respuesta acorde con el peso estratégico que el cereal tiene en nuestra Comunidad Autónoma. Sin una agricultura fuerte, sin precios rentables y sin un futuro claro para los jóvenes, todo ese entramado de actividades económicas vería comprometido su propio futuro.

Para ASAJA, UCCL y la Alianza UPA-COAG, es urgente que todas las administraciones responsables -autonómica, nacional y europea- den un vuelco en las políticas que marcan las condiciones actuales de total incertidumbre en las que trabaja el sector cerealista, que está en serio riesgo de desaparición por las nulas garantías de rentabilidad que se repiten año tras año. Sin rentabilidad no hay agricultura posible, y sin agricultura se pierde soberanía alimentaria, actividad económica, vida rural y vertebración y equilibrio territorial.

Los agricultores y ganaderos, procedentes de todas las provincias de Castilla y León, se concentrarán a partir de las 11 horas en la Plaza de Castilla y León, 1, frente a la sede de Presidencia de la Junta de Castilla y León, en Valladolid.

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El 11 de junio, la Presidencia chipriota del Consejo presentó su enfoque de negociación sobre cómo alcanzar un consenso entre los Estados miembros sobre el próximo presupuesto de la UE, basado en la propuesta de la Comisión Europea y su estructura de fondo único. Copa y Cogeca, organización en la que ASAJA ostenta una vicepresidencia, lamenta que la base de referencia propuesta para la dotación agrícola simplemente no refleja los retos de seguridad alimentaria y transición que surgirán durante el período.

El marco de negociación mantiene la PAC mediante un reglamento específico consagrado en los Tratados, e introduce un mecanismo de seguridad para garantizar la continuidad de las ayudas a los ingresos de los agricultores en 2028 en caso de retraso en su aplicación, además de confirmar que los recursos derivados de la degresividad y la limitación máxima seguirían destinados a las ayudas a los ingresos agrícolas.

Sin embargo, aunque el paquete evita nuevas reducciones del presupuesto de la PAC y eleva ligeramente el de la Política Pesquera Común respecto a la propuesta de la Comisión, carece de la ambición necesaria para una PAC sólida capaz de responder a los retos crecientes. Además, si se tiene en cuenta el Fondo Europeo de Competitividad, se propone un recorte de casi el 5% para la línea agrícola.

Estos elementos no pueden interpretarse como un avance: mantener la PAC en torno a los 293.700 millones de euros implica un presupuesto significativamente menor en términos reales respecto al periodo actual, por lo que resulta imprescindible un mecanismo de respuesta rápida a la inflación. La arquitectura general se mantiene sin cambios relevantes y sigue generando dudas, ya que al integrar la PAC en el Fondo Único y en los Planes de Asociación Nacionales y Regionales (NRPP) se corre el riesgo de diluir su carácter común y aumentar la competencia con otras prioridades nacionales.

Asimismo, el ajuste por inflación, el objetivo rural del 10 %, los mecanismos de flexibilidad, los porcentajes de cofinanciación, el uso de los fondos de la revisión intermedia y los parámetros clave de los pagos directos continúan entre corchetes, pendientes de decisión política, lo que no son meros aspectos técnicos, sino elementos determinantes para la viabilidad futura de la PAC.

ASAJA, en línea con Copa-Cogeca, defiende que la preocupación fundamental sigue siendo la misma: la brecha cada vez mayor entre las expectativas y los medios. Más allá de las cifras, la cuestión es la coherencia de la visión agrícola de la UE. No es coherente reducir el apoyo real a los agricultores y al mismo tiempo definir la agricultura como estratégica y elevar las ambiciones de sostenibilidad.

La propuesta de la Presidencia chipriota aún no ofrece el cambio de rumbo que reclaman los agricultores y las cooperativas agrícolas europeos, e insta a los Estados miembros y al Parlamento a aprovechar esta oportunidad para dotar a la PAC de la ambición presupuestaria, la solidez institucional y la seguridad a largo plazo necesarias para la agricultura europea y la seguridad alimentaria.

En este contexto, consideramos que el próximo Consejo Europeo será determinante para comprobar si la Unión Europea está dispuesta a respaldar con recursos suficientes las exigencias que plantea al sector agrario.

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En un contexto geopolítico marcado por la inestabilidad en los mercados internacionales, la volatilidad de los precios de la energía y la creciente dependencia europea de importaciones de fertilizantes y materias primas estratégicas, decisiones de este tipo suponen un riesgo añadido para la seguridad alimentaria y la autonomía productiva de la Unión Europea.

Desde ASAJA consideramos que la posición defendida por el Gobierno español no ha estado alineada con la defensa del agricultor profesional ni con la necesidad de preservar la competitividad del sector agrario español y europeo, especialmente en un momento en el que el campo ya soporta un fuerte incremento de costes y una elevada incertidumbre en los mercados internacionales.

Asimismo, la organización lamenta la falta de visión estratégica y de coordinación interministerial en el tratamiento de este expediente por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y del Ministerio de Hacienda, así como de los departamentos económicos implicados. ASAJA considera que no se ha valorado adecuadamente el impacto acumulado que estas decisiones generan sobre un insumo crítico como los fertilizantes, cuya disponibilidad y precio dependen en gran medida de cadenas de suministro exteriores y altamente expuestas a tensiones geopolíticas.

La aplicación del CBAM (Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono) y del ETS (Régimen de Comercio de Derechos de Emisión) sin excepciones ni ajustes específicos para el sector agrario está provocando un encarecimiento estructural de los fertilizantes, agravando la dependencia de importaciones y debilitando la capacidad productiva del campo europeo en un escenario global cada vez más competitivo.

En este sentido, ASAJA recuerda su posición clara a nivel europeo: la eliminación del CBAM en su aplicación a los fertilizantes, así como la revisión en profundidad del ETS cuando afecta a insumos esenciales para la producción agraria, por tratarse de instrumentos que, en su diseño actual, no contemplan adecuadamente la realidad del sector ni el contexto internacional en el que opera.

El expediente continuará ahora su tramitación en el Parlamento Europeo, donde se definirán los próximos pasos legislativos. Desde ASAJA estaremos vigilantes respecto a la posición de los eurodiputados españoles, y confiamos en que ejerzan una defensa firme del sector agrario español y europeo, teniendo en cuenta el impacto real de estas decisiones sobre la producción, la soberanía alimentaria y la estabilidad de la cadena de suministro.

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Un verano más, las previsiones no acompañan. Las proyecciones manejadas por la Comisión Europea apuntan a un trimestre con temperaturas por encima de la media en buena parte del continente y a un escenario de sequía estructural que se arrastra desde la primavera, con especial preocupación en el centro y el este de Europa. En España, junio y julio se presentan con un riesgo elevado en amplias zonas del país y con un déficit de agua que reseca la vegetación y la convierte en combustible. La propia campaña europea de respuesta ya se ha activado de forma temprana este año, antes incluso del inicio oficial del verano.

Pero el dato que debería hacer reflexionar a toda la sociedad es otro. Según la Comisión, en 2025 ardió en la Unión Europea más superficie que nunca antes registrada: más de un millón de hectáreas, una extensión mayor que la isla de Chipre. En cuatro de los últimos cinco años la superficie quemada ha superado la media, los incendios son cada vez más grandes e intensos y se multiplican los llamados megaincendios, imposibles de controlar con los medios tradicionales de extinción. El coste de los daños a bienes e infraestructuras se estima en unos 2.500 millones de euros anuales. Y un apunte que desmonta tópicos: hasta el 96 % de las igniciones en la UE tienen origen humano.

La gran causa de fondo: la falta de gestión del monte

Más allá del cambio climático y de las imprudencias, la comunicación europea sitúa negro sobre blanco una causa que el sector agrario lleva años denunciando: el abandono de las prácticas agrícolas y ganaderas tradicionales y la falta de gestión forestal activa han provocado una acumulación masiva de combustible vegetal en el territorio. La despoblación rural, la desaparición del mosaico de cultivos y pastos y la infrautilización de herramientas como el pastoreo, la trashumancia o las quemas prescritas han generado paisajes continuos y homogéneos, perfectos para que el fuego corra sin freno.

La imagen es fácil de entender: el monte funciona como un almacén en el que cada año se acumula un nuevo nivel de combustible. Donde antes había cultivos, pastos y ganado que mantenían el paisaje a raya, hoy avanza una masa forestal sin control. Europa tiene más superficie arbolada que hace un siglo, pero crece sin la gestión debida. Por eso los incendios no solo son más extensos, sino más intensos, y cada vez con más frecuencia alcanzan a pueblos, urbanizaciones, polígonos, autopistas o líneas eléctricas.

El agricultor y el ganadero, primera línea de prevención

Frente a ese escenario, el papel del sector primario resulta insustituible. La propia Comisión reconoce a agricultores, ganaderos y silvicultores como actores clave en la prevención, poseedores de un conocimiento práctico adaptado al territorio, y señala a la Política Agraria Común (PAC) como la principal fuente de financiación europea para la prevención basada en la gestión del terreno: cortafuegos, desbroces, pastoreo extensivo, mantenimiento del mosaico agrario y de zonas en riesgo de abandono. El propio texto defiende premiar a quienes sostienen sistemas ganaderos extensivos en zonas de montaña y áreas marginales.

No es teoría. Un olivar, un viñedo o un campo de cereal actúan como cortafuegos vivos: rompen el frente del incendio, le restan intensidad y ofrecen a los equipos de extinción un lugar seguro desde el que trabajar. Donde pasta el ganado, no se acumula la maleza que alimenta el fuego. Mantener viva esa actividad es, en la práctica, la política de prevención más eficaz y más barata que existe.

El reconocimiento no basta: hace falta rentabilidad

Aquí es donde ASAJA marca la línea crítica. De poco sirve que Bruselas reconozca el valor del agricultor y del ganadero si después no se garantiza que vivir del campo sea rentable. La prevención del territorio no puede sostenerse a base de subvenciones puntuales ni de programas piloto bien intencionados pero inviables económicamente. Cuando un ganadero deja el pastoreo o un agricultor abandona su parcela no es por capricho: es porque los números no salen. Y mientras no salgan, el monte seguirá colonizando el campo abandonado.

A esa falta de rentabilidad se suma un exceso de normativa que asfixia los usos tradicionales del monte. ASAJA viene reclamando cambios en la regulación que permitan recuperar el aprovechamiento de la biomasa, los desbroces y el conjunto de usos —madereros y no madereros— que durante siglos mantuvieron limpios nuestros montes. La gestión forestal en España se enfrenta además a la fragmentación competencial entre las distintas administraciones, que multiplica la complejidad y ralentiza cualquier actuación. Sin un marco que haga atractivo y posible volver al monte, el reconocimiento sobre el papel se queda en buenas palabras.

En este punto hay además una oportunidad que hoy se está desaprovechando. El sector agrario y forestal genera grandes cantidades de biomasa que, en lugar de acumularse en el monte como combustible, podrían tener una salida útil. Faltan, sin embargo, planes que permitan evacuar esa biomasa y transformarla en energía. Poner en marcha esos planes cerraría un círculo virtuoso: menos combustible acumulado en el monte, una nueva fuente de ingresos para el medio rural y un impulso a la transición energética. Es una vía que ASAJA reclama desarrollar sin más demora.

Por la misma razón, conviene revisar y estudiar de nuevo el diseño de los ecorregímenes de la PAC, prestando especial atención al papel que cumplen las cubiertas vegetales y a su comportamiento en situaciones de incendio. No se trata de renunciar a sus beneficios ambientales, sino de afinar estas herramientas para que sigan sumando sin contribuir, de forma involuntaria, a la acumulación de combustible en los momentos de mayor riesgo.

Apagar en invierno, gestionar todo el año

La Unión Europea refuerza, un año más, su capacidad de respuesta: una flota europea con decenas de medios aéreos —dos aviones anfibios estarán basados en España—, equipos terrestres especializados y una célula de coordinación que operará entre el 15 de junio y el 18 de septiembre, además del despliegue de bomberos de distintos países para compartir experiencia, varios de ellos en comunidades autónomas españolas. Son medios necesarios y bienvenidos. Pero son solo una parte de la ecuación.

Porque, como recuerda el propio enfoque integral que defiende Europa, el incendio se combate todo el año, no solo cuando ya hay llamas. El agua da lo que da frente a la energía acumulada en un monte sin gestionar. Si no se actúa sobre el combustible —y eso pasa por devolver actividad económica al territorio— ningún despliegue de extinción cambiará el rumbo de lo que viene. La buena noticia es que el diagnóstico, por fin, parece compartido. La mala, que sin rentabilidad agraria detrás, seguirá sin resolverse.

La posición de ASAJA

Para ASAJA, la conclusión es clara: la mejor política contra los incendios forestales se llama agricultura y ganadería viva y rentable. Mantener agricultores y ganaderos en el territorio no es un gasto, es la inversión en prevención más rentable que puede hacer la sociedad. Proteger su renta, eliminar trabas normativas y poner en valor su labor de cuidado del monte no es solo una reivindicación del sector: es una cuestión de seguridad para el conjunto del país. El campo lleva años avisando. Ahora que Europa lo reconoce, toca pasar de las palabras a los hechos.

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Eat Europe ha mostrado su respaldo a la iniciativa presentada por Austria, Francia e Italia —y apoyada por varios Estados miembros— durante el Consejo AGRIFISH celebrado este lunes, en el que se abordó el fortalecimiento del marco europeo sobre el etiquetado obligatorio del origen de los productos alimentarios.

La organización considera que la transparencia y la confianza del consumidor deben ser principios irrenunciables dentro de la política alimentaria europea y valora positivamente que se abra el debate para revisar el Reglamento (UE) nº 1169/2011 con el objetivo de ampliar el etiquetado obligatorio del origen a todos los alimentos, incluidos los ingredientes primarios de los productos compuestos.

La propuesta plantea que las etiquetas indiquen claramente el lugar de procedencia de los productos agrícolas o ingredientes principales, entendiendo como tal el lugar donde han sido cultivados o criados.

Desde Eat Europe subrayan que esta medida no debe interpretarse como una carga administrativa adicional ni como un incremento innecesario de costes, sino como una herramienta para reforzar la concienciación sobre la importancia de los alimentos locales, estacionales y naturales. Además, consideran que contribuiría a hacer frente al auge de los alimentos ultraprocesados y a generar nuevas fuentes de ingresos para los agricultores europeos.

“La única forma de mejorar las condiciones de los agricultores y proteger la salud de los consumidores europeos es a través de una cadena de valor completamente transparente”, señala la organización en su comunicado.

El presidente de Eat Europe, Luigi Scordamaglia, criticó además el actual sistema de etiquetado “UE/no UE”, al considerar que “no aporta valor añadido a los agricultores ni proporciona información útil a los consumidores”.

Por ello, Eat Europe reclama a las instituciones europeas que impulsen sin demora las modificaciones regulatorias necesarias para establecer un marco armonizado sobre el etiquetado del origen, una demanda que, según la organización, lleva años pendiente y que encaja con la Visión para la Alimentación y la Agricultura defendida por el comisario europeo Christophe Hansen.

ASAJA recuerda que lleva años defendiendo el etiquetado obligatorio del origen en productos como el arroz, una medida imprescindible para garantizar la transparencia y proteger la competitividad de las producciones españolas y europeas.                                                                                                                           

Resulta incoherente exigir a los agricultores europeos los estándares productivos, ambientales y sociales más elevados mientras se permite la comercialización de productos importados sin una identificación clara de su procedencia.                                                                                                                                                  

En este sentido, ASAJA valora que el propio Ministerio de Agricultura haya defendido el etiquetado obligatorio del origen en el arroz y reclama que esta posición se traduzca en avances regulatorios reales, garantizando una información transparente al consumidor y una competencia justa que permita valorizar las producciones nacionales y europeas frente a las importaciones de terceros países.

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Se espera que la Comisión Europea anuncie el próximo martes 19 de mayo su plan de acción sobre fertilizantes desde Estrasburgo. A menos que se produzca un rápido cambio de rumbo, es poco probable que este plan satisfaga las expectativas de la comunidad agrícola europea o aborde la magnitud de la crisis que se viene desarrollando desde el estallido del conflicto en Irán.

Sin embargo, la Comisión Europea cuenta con las herramientas y los medios para actuar a corto, medio y largo plazo. Hoy en día, la comunidad agrícola europea teme que los retrasos a la hora de tomar medidas en las próximas semanas y meses, mientras los agricultores ya están empezando a preparar sus existencias para la próxima temporada, puedan tener graves consecuencias para los precios al consumo en Europa y para la seguridad alimentaria mundial. Los agricultores europeos se encuentran entre la espada y la pared y no pueden esperar más.

Para que los responsables políticos europeos escuchen sus voces, se movilizarán para llevar a cabo una acción relámpago frente a la sede del Parlamento Europeo el 19 de mayo, entre las 11:00 y las 13:00 horas. Los detalles y la invitación a la prensa se adjuntan.

Por qué

La actual situación geopolítica ha puesto de manifiesto una vez más la vulnerabilidad estratégica de la Unión Europea en materia de energía, suministro de fertilizantes y asequibilidad. Hoy en día, la relación entre los precios de los fertilizantes nitrogenados y los del trigo ha alcanzado su nivel más insostenible para los agricultores desde finales de 2022.

En toda la Unión, los agricultores se enfrentan a la próxima temporada de compras en un clima de extrema incertidumbre, no solo en cuanto a la asequibilidad, sino también en cuanto a la disponibilidad real de fertilizantes.

La falta de fertilizantes asequibles supone una amenaza directa para el rendimiento de los cultivos, la calidad de la producción y la producción agrícola global en la UE. En términos más generales, socava la capacidad de Europa para salvaguardar su seguridad alimentaria y garantizar precios estables y asequibles para los ciudadanos.

En este contexto, las medidas propuestas en el próximo Plan de Acción de la UE sobre Fertilizantes deben estar plenamente a la altura de la magnitud y urgencia de la crisis. Sin embargo, a pocos días de su presentación, y a la luz de las indicaciones recibidas hasta ahora, los agricultores y las cooperativas agrícolas europeos están cada vez más preocupados por la aparente falta de ambición de lo que se espera que anuncie la Comisión Europea en Estrasburgo el martes 19 de mayo.

Por eso se reunirán en Estrasburgo para dar la voz de alarma sobre la crisis de los fertilizantes que está asfixiando a las explotaciones y cooperativas agrícolas, el creciente impacto del CBAM y las consecuencias que se avecinan para la seguridad alimentaria en Europa y más allá.

En lo que respecta a los fertilizantes, la Unión Europea tiene los medios para actuar, ya que cuenta con una amplia gama de herramientas y mecanismos a su disposición. Antes de la iniciativa de la Comisión, Copa-Cogeca presentó a finales de febrero propuestas concretas para una acción coordinada de la UE, reuniendo soluciones prácticas aportadas por agricultores y cooperativas de los 27 Estados miembros.

Como parte de la acción relámpago, los participantes también llevarán a cabo una acción visual bajo el lema «Agricultores frente al muro de los fertilizantes», junto con discursos de representantes electos y diputados al Parlamento Europeo.

COPA COGECA

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Cifras que ya no se pueden ignorar

Copa-Cogeca acaba de publicar los primeros datos concretos sobre el impacto del CBAM –Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (Carbon Border Adjustment Mechanism)-  en los agricultores europeos. El mecanismo supondrá un coste directo de 820 millones de euros en 2026, que crecerá hasta 3.400 millones en 2034. Si los precios de los fertilizantes siguen alineándose con los de importación —como está ocurriendo—, el impacto acumulado en siete años podría superar los 39.000 millones de euros, casi el 10% del presupuesto actual de la PAC.

El paquete climático europeo tiene, por tanto, un impacto presupuestario directo y creciente sobre la PAC y sobre la renta agraria. Dos variables que no pueden seguir tratándose como si fueran independientes.

Una pregunta que exige respuesta

ASAJA denuncia que ha tenido que ser Copa-Cogeca quien calcule, por primera vez, el coste real del CBAM para el sector. La Comisión aplicó este mecanismo sin publicar ninguna evaluación de impacto previa sobre la agricultura. La pregunta es directa: ¿existe o no ese estudio?

Si no existe, estamos ante algo inadmisible: decisiones que transforman la economía de millones de explotaciones adoptadas sin ninguna base de análisis. Si existe y no se ha publicado, estaríamos ante el mismo patrón que ya se denunció con la Estrategia «De la Granja a la Mesa», cuyo estudio de impacto fue ocultado durante meses porque sus conclusiones eran incómodas para la Comisión. En ambos casos, el resultado es el mismo: los agricultores pagan las consecuencias de políticas que nadie evaluó —o que nadie quiso mostrar—.

La propuesta de ASAJA

ASAJA respalda el plan de Copa-Cogeca —suspensión inmediata del CBAM sobre fertilizantes, eliminación temporal de aranceles sobre importaciones no rusas y mayor flexibilidad normativa—, pero reclama ir más lejos: una revisión profunda del sistema ETS – Sistema de Comercio de Derechos de Emisión (Emissions Trading System) – aplicado a fertilizantes, incluyendo la evaluación de su eliminación. El efecto tijera estructural que padece el sector no se resuelve con ajustes parciales. Algunos mecanismos de la política climática europea no están corrigiendo ese desequilibrio: lo están agravando.

En este contexto, no es casual que la mirada del sector se dirija también a Teresa Ribera, Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea responsable de la política climática. Bajo su cartera recaen precisamente los dos mecanismos que más están presionando los costes del campo: el CBAM y el ETS. El 19 de mayo, ASAJA esperará respuestas.

El 19 de mayo, ASAJA llevará a Estrasburgo el mensaje que lleva tiempo trasladando en Madrid y en Bruselas: el campo europeo no puede descarbonizarse a base de desindustrializarse.

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