No obstante, para ambas asociaciones, un buen acuerdo no es un acuerdo a cualquier precio. Por eso, exigimos consenso entre los codecisores de la UE para que la PAC siga siendo coherente y eficaz en sus objetivos.

Históricamente, ASAJA y la CAP realizan una labor, tanto a nivel nacional, ibérico y europeo de cooperación en las políticas agrarias y en las negociaciones d y por esa razón podemos afirmar que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa.

Queremos destacar que desde el sector agrícola consideramos que es inaceptable que la negociación de la reforma de la PAC pueda durar cuatro años, cuando lo que realmente necesitamos los agricultores y ganaderos son medidas estables y a largo plazo, para que  podamos tomar nuestras decisiones y gestionar nuestras explotaciones en función de los resultados y no de las expectativas e incertidumbres derivadas de la futura aplicación. Es por eso que reclamamos estabilidad y confianza legislativa, para poder beneficiar a los consumidores europeos. Asimismo ambas asociaciones proponemos para el futuro, períodos de programación de la PAC de al menos 10 años para poder hacer un análisis de impacto real de los resultados.

Por último, desde ASAJA y la CAP, queremos destacar que es inaceptable que un comisario europeo, concretamente el vicepresidente de la Comisión Europea, el holandés Franz Timmermans, intente ser el principal interlocutor en una negociación que escapa de su cartera. La Comisión Europea debe mantener su papel de mediador y facilitador de la negociación, además de guardián de los Tratados. Por lo tanto, no entendemos el papel que está jugando el comisario de Agricultura, ya que se ha convertido en el títere del vicepresidente Timmermans haciendo una dejación de funciones en detrimento del sector agrario europeo y que provocará un castigo adicional al sector después de convertirse en uno de los referentes durante la crisis del COVID.

Desde ASAJA y la CAP siempre hemos criticado las ayudas que reciben los “agricultores” que no ejercen su actividad y es por eso que siempre hemos defendido un reconocimiento y diferenciación para los que realizan la actividad agraria, poniendo en riesgo su capital. Por ese mismo motivo no entendemos la propuesta de los colegisladores que discrimina a los agricultores y que penaliza a los que proporcionan la inmensa mayoría de los alimentos. Además defendemos que el 100 % del coste laboral se pueda deducir del “capping”, independientemente de lión laboral de temporalidad del empleado así como las empresas que prestan servicios. 

Además consideramos que los ganaderos y los agricultores somos los únicos que contribuimos a la conservación de la biodiversidad -un hecho inequívoco- puesto que somos nosotros los que gestionamos el 85% de la tierra.

La Península Ibérica tiene unas condiciones ambientales y unos condicionantes relacionados con el cambio climático completamente diferentes a la mayoría de los países europeos, por lo que hay que tener en cuenta las nuevas ambiciones medioambientales (ecoesquemas), que deben ajustarse a la realidad de cada país.

Como países vecinos y socios comerciales, debemos mantener una relación estrecha y coherente, especialmente en lo que respecta a los pagos acoplados, que son un instrumento para apoyar el mantenimiento de las actividades económicas en las regiones desfavorecidas y poco pobladas.

Para que los agricultores de la península ibérica puedan invertir en sus explotaciones y producir alimentos de calidad a precios razonables, es fundamental que la burocracia inherente a su trabajo en la agricultura no se anteponga al trabajo que se realiza en el campo. Por ese motivo no entendemos la imposición del Parlamento Europeo en lo que respecta a la condicionalidad social ya que además de conseguir el objetivo contrario de simplificación es una competencia que pertenece a los Estados Miembros. 

Es esencial que la toma de decisiones a nivel europeo se base en la ciencia y la tecnología. Como países mediterráneos, Portugal y España necesitan disponer de herramientas eficaces para combatir las plagas y enfermedades que están directamente relacionadas con el cambio climático, por lo que no podemos poner en riesgo nuestra seguridad alimentaria.

Por último, necesitamos un liderazgo fuerte en la UE, porque los agricultores trabajan cada día con el objetivo de producir alimentos sanos, seguros y a un precio razonable, y necesitan medidas a largo plazo para poder tomar las decisiones correctas para sus explotaciones, y lo que estamos viendo en este momento es una total incapacidad política por parte de los responsables políticos de la Unión Europea para dar seguridad y estabilidad a los agricultores europeos.