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Más de 300 tractores y 3.000 personas asisten al puerto de Valencia convocadas por las organizaciones agrarias y cooperativas de la CV



   Más de 300 tractores venidos desde el norte y el sur de Valencia confluyeron hoy en el Edificio del Reloj del Puerto de Valencia, junto a 3.000 personas asistentes, para exigir a todas las administraciones “un cambio radical de las políticas agrarias y ambientales de la Unión Europea que están hundiendo la rentabilidad de los productores y poniendo en peligro la soberanía alimentaria europea”. 

 

La tercera protesta conjunta del sector agrario valenciano en sólo una semana, tras las movilizaciones en Castellón y Alicante, provocó importantes retenciones de tráfico en varias entradas de la capital del Turia, tanto a la entrada como a la salida de los vehículos agrarios. Convocada por todas las organizaciones agrarias de la Comunitat Valenciana –la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), ASAJA Alicante, LA UNIÓ Llauradora i Ramadera, la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV)– y con el apoyo de las Cooperativas Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, la protesta también contó con la participación de ASAJA Castilla-La Mancha y ASAJA Castilla y León.  

 

Después de los parlamentos, las entidades quemaron paja creando una cortina de humo y lanzaron al suelo diversos productos agrarios que están sufriendo una insostenible crisis de rentabilidad, tales como naranjas, mandarinas, vino, almendras, cereales, etc. Entre los carteles hubo mensajes que interpelaron a los políticos y los consumidores: “Europa, ¿quieres agricultores o no?”, “Sin agricultores comeremos piedras” o “Cuidamos el bosque verde que no se quema”. Al término de la protesta, algunos manifestantes se dirigieron hacia el puerto con el objetivo de bloquear su acceso, pero la policía les cortó el paso provocando empujones e incluso la detención de un agricultor. 

 

Las entidades convocantes pidieron la dimisión de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, tanto por las dificultades y las modificaciones de itinerarios a última hora que dictó a los tractores para llegar a la ciudad como por el desproporcionado uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad en el puerto. 

 

La protesta valenciana, que coincidió con otra del sector agrario en el puerto de Algeciras, insistió en que la Administración “reoriente sus políticas dando prioridad a la agricultura europea sobre las normativas ambientales y basándose siempre en criterios científicos; establezca reciprocidad en todos los acuerdos comerciales con terceros países; endurezca los controles fitosanitarios en los puertos de entrada, sobre todo en el puerto de Rotterdam, para evitar la entrada de plagas y enfermedades; frene la prohibición de fitosanitarios sin alternativas eficaces y agilice la investigación de métodos no químicos; reduzca la burocracia, especialmente a las pequeñas explotaciones;  flexibilice el cuaderno digital de explotación; y cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria con prohibición expresa de venta a pérdidas y seguimiento de la misma”.
 

Ante el cambio climático y el ciclo de sequía actual, las organizaciones agrarias solicitaron “cambios estructurales en los seguros agrarios como herramienta básica de renta y una nueva política hidrológica que contemple la construcción de infraestructuras para almacenar y distribuir agua, así como un redimensionamiento de los caudales ecológicos”. 

 

Por otra parte, pidieron medidas sectoriales como “ayudas directas a los sectores del vino y olivar para paliar las pérdidas económicas derivadas de la sequía y la guerra en Ucrania, ampliar las ayudas directas a los productores de almendra, cereales y ganadería, cerrar un acuerdo para una cláusula de salvaguarda automática del arroz y establecer un contingente a los países terceros mediterráneos para evitar que la totalidad de sus exportaciones citrícolas vengan a la UE por el problema bélico del Mar Rojo”. 

 

ASAJA CLM además protestó, entre otras cuestiones, por “los precios ruinosos y totalmente injustos de los cereales y demás productos que entran por los puertos y que ocasionan grandes perjuicios a los productores españoles. Es inaceptable que los agricultores no puedan vender su cereal cuando los puertos están llenos de productos que llegan en condiciones inferiores. Los aranceles han sido eliminados y los productores españoles están hartos de pagar las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania, principales graneros del mundo. De mantenerse esta situación, los cultivos de secano están abocados a la desaparición”.