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La empresa ha comenzado las obras un mes antes de firmar las actas de ocupación y sin los permisos municipales


La organización agraria ASAJA ha pedido hoy a la Delegación de la Junta en León que paralice los trabajos de reforma de una línea eléctrica entre Villamañán y Onzonilla, ya que se han iniciado sin haber concluido el proceso administrativo de permisos y licencias. La empresa encargada de las obras, que trabaja para propietaria de la línea, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, está entrando a las fincas de cultivo ocasionando importantes daños en las mismas, y lo hace sin la correspondiente acta previa a la ocupación de los bienes. Además, la empresa no tiene tampoco la licencia de obra por parte de los ayuntamientos afectados, o al menos no de todos ellos.

Precisamente hoy se publica en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en la prensa provincia el anuncio de la Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, por el que se convoca el levantamiento de actas previas de ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa. ASAJA se pregunta cómo puede ser que siendo las primeras citas con los propietarios el día 13 de junio, un mes antes estén comenzadas las obras de instalación de nuevas torretas y cableado.

ASAJA responsabiliza a la Junta de dejación de funciones  y de trato de favor para con estas grandes compañías,  a la vez que no hace nada para proteger los intereses de los propietarios de tierras y de los agricultores. La organización agraria pide a los agricultores y propietarios de tierras que se vean afectados, que presenten la correspondiente denuncia por escrito ante el ayuntamiento al que pertenezca la propiedad y que la autoridad municipal paralice las obras.

Las grandes compañías eléctricas juegan con la ventaja de que las administraciones declaran de utilidad pública este tipo de obras y proyectos, lo que les permite ocupar las propiedades a cambio de un dinero que para nada cubre los daños y perjuicios creados.

Las grandes compañías, que como en este caso con frecuencia se saltan los plazos y los requisitos fijados, juegan con la ventaja de que las administraciones les protegen frente a los intereses de los particulares, y que estos, indefensos, únicamente pueden recurrir a una vía judicial que es lenta y costosa.

 

Fuente: ASAJA. León