Según el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, este plazo es claramente “insuficiente”, puesto que la documentación requerida es amplia y nos encontramos en una situación excepcional, como es el Estado de Alarma, por lo que cualquier trámite siempre es más tedioso, además de poner en riesgo de contagio a los agricultores y técnicos.

Metidieri se ha quejado de que esta ayuda se podía haber sacado perfectamente en enero o febrero y no “ahora corriendo y deprisa” porque desde la consejería de Agricultura no se han hecho los deberes y no se habían gastado los fondos con antelación.

Los problemas estructurales en la sección de reestructuración de viñedo, que no es capaz de sacar adelante su trabajo, no deben repercutir en los agricultores y ganaderos acortando sus plazos para presentar las solicitudes. “Son ellos los que se deben poner las pilas y al agricultor, mínimo, se le deben dar 20 días hábiles”, ha espetado Metidieri.

Asimismo, se ha puesto el acento en el contrasentido que se produce con una administración que se tira meses para tramitar cualquier ayuda, e incluso años para pagarlas, pero luego solo den a los agricultores diez días para presentar su solicitud, estando todos en una situación excepcional como es la actual.

Desde APAG Extremadura Asaja se considera que unos plazos así son un ejemplo de falta de sensibilidad de la Junta de Extremadura con un sector como el vitivinícola que, además, se encuentra en una situación muy complicada por la pandemia y con una gran incertidumbre de cara a la próxima cosecha, por el colapso que se puede dar en las industrias.

Por todo, Metidieri ha pedido “sensibilidad” y que estos plazos se ajusten más a los tiempos y a las necesidades de los agricultores, porque no puede ser que hoy se publique una orden, que mañana empiecen a correr los plazos, coincidiendo con San Isidro, que además es festivo en muchos lugares, y el día 28 tiene que estar todo presentado, cuando son muchos los trámites.

Entre otras cosas se pide, además del NIF, la propiedad de la superficie a reestructurar, se deberá aportar escritura, con referencia catastral. La declaración de la renta, el certificado de seguridad social con la fecha de alta- baja en el régimen agrario, condición de agricultor profesional, declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones, documento en el que se definan los objetivos perseguidos para la solicitud... etc. Todo en diez días, con lo “ágil” que es la administración para emitir ciertos certificados y eso si es a título individual, si es colectivo la cuestión se complica con poderes, certificados, acuerdos y otro sin fin de papeles.

No solo asfixian a papeles a los agricultores, sino que, además, ahora nos apremian y ponen plazos casi de imposible cumplimiento, muchas veces por la lentitud de la propia administración. Es llamativo que el Estado de Alarma paralizara los plazos administrativos, pero acabamos de ver que solo para la Junta, no para los agricultores, ha concluido.


Fuente: Asaja Extremadura APAG.