Este texto, elaborado en el seno del Grupo de Trabajo del lobo ibérico, también ha sido remitido, para información, a las cinco grandes ONG ambientales, así como a las principales asociaciones agrarias y ganaderas interesadas.

El borrador de la nueva estrategia pone el foco en la coexistencia entre la especie y la ganadería extensiva con la aplicación de medidas preventivas para intentar evitar daños antes que se produzcan y otras paliativas, que estarán acompañadas de adecuadas indemnizaciones. El documento se aplicará en las áreas de distribución actual y potencial del lobo, que serán delimitadas y recogidas en los planes de conservación o gestión de cada comunidad autónoma.

Las administraciones competentes deberán disponer de planes que aseguren el buen estado de conservación del lobo por medio de estudios y trabajos técnicos, una compensación de daños adecuada, ayudas para mejorar la defensa del ganado y protocolos de actuación en caso de conflicto, entre otros.

Para apoyar estas actuaciones, el pasado 7 de octubre el Consejo de Ministros aprobó destinar 20 millones de euros procedentes de los Presupuestos Generales del Estado para 2022. De este montante, 9,5 millones de euros se dedicarán para colaborar con las comunidades autónomas en la mejora de las indemnizaciones de los daños. Por otro lado, se destinarán 10,5 millones de euros para medidas de prevención, ya que existe probada evidencia de que las explotaciones ganaderas que las aplican tienen una tasa menor de incidencias con el lobo.

La estrategia subraya en este sentido que el análisis científico de 95 planes de gestión del lobo publicados entre el 1982 y 2019 en otros tantos países de Norteamérica y en Europa, demuestra que la mayoría de ellos contemplan la prevención de daños como pilar fundamental de las respectivas políticas de manejo de este carnívoro.

Dentro del capítulo dedicado a la prevención, se incluye la creación de un registro nacional de expedientes de daños de lobo, tal y como existe en otros países de nuestro entorno, centralizado en el MITECO con datos aportados cada año por las comunidades autónomas.

Además, se elaborarán unas directrices comunes de intervención y/o extracción de individuos con carácter excepcional, cuando se cumplan las condiciones establecidas en la normativa de aplicación, para aquellas situaciones con reiterados casos de depredación que hayan sufrido explotaciones dotadas con medidas de protección del ganado apropiados.

Otra de las novedades que contempla este borrador es la creación de un programa nacional de radiomarcaje de ejemplares, con el que se podrán establecer indicadores eficientes sobre las amenazas y evolución de la especie, como el seguimiento de la distribución y evolución de las poblaciones o la incidencia del furtivismo.

En este sentido, está previsto para 2022 reforzar estas labores de seguimiento a través de un grupo especial de gestión del lobo que permita dar respuesta técnica a las necesidades y requerimientos de actuación que sean solicitadas, en colaboración con las comunidades autónomas.

Además, para el desarrollo de la estrategia se establecerán mesas sectoriales de diálogo sobre el lobo a nivel nacional y autonómico, integradas por las administraciones concernidas, con participación de expertos, naturalistas, ONG, profesionales de la ganadería en extensivo, personal técnico, ayuntamientos, sector de la ciencia, administraciones, profesionales del turismo, etc.