Por Adoración Blanque Pérez – Presidenta de Asaja Almería

El  9 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Agricultura, una fecha para reconocer el trabajo de quienes producen los alimentos que llegan cada día a nuestras mesas. Sin embargo, en Almería esta jornada es también una oportunidad para poner en valor algo que ha definido al campo almeriense durante décadas: su extraordinaria capacidad para adaptarse.

La agricultura almeriense no sería hoy un referente internacional sin la determinación de miles de agricultores que, generación tras generación, han sabido reinventarse ante cada nuevo desafío. Aquí, innovar nunca ha sido una opción; ha sido una necesidad.

Cultivar en una de las provincias más áridas de Europa ha obligado al sector a convertir la escasez de agua en un estímulo para mejorar la eficiencia. El aprovechamiento de cada gota, la modernización de los sistemas de riego y la búsqueda constante de soluciones han permitido que Almería produzca más utilizando menos recursos.

A ello se suma la capacidad del sector para responder a un mercado cada vez más exigente. Los consumidores demandan productos seguros, sostenibles y de máxima calidad, mientras la competencia internacional obliga a producir con mayor eficiencia y rentabilidad. Los agricultores almerienses han sabido adaptarse a esa realidad sin renunciar a la excelencia que caracteriza a nuestras producciones.

Otro de los grandes ejemplos de esta evolución ha sido la apuesta por el control biológico y la producción integrada. Lo que comenzó como una respuesta a un problema concreto se ha consolidado como una de las principales señas de identidad de la horticultura almeriense, situando a la provincia como referente mundial en el manejo sostenible de plagas y en la reducción del uso de productos fitosanitarios.

La incorporación de nuevas tecnologías también ha transformado la forma de trabajar en el campo. La digitalización, la monitorización de cultivos, la automatización de procesos y el uso de herramientas de precisión permiten hoy optimizar recursos, mejorar la productividad y tomar decisiones basadas en datos, demostrando que la agricultura almeriense es un sector innovador y en constante evolución.

Pero adaptarse no significa que los retos hayan desaparecido. La escasez de recursos hídricos, el incremento de los costes de producción, la competencia de terceros países, las nuevas plagas y enfermedades o la necesidad de garantizar una rentabilidad justa para las explotaciones siguen marcando el día a día de los agricultores.

Por eso, en este Día Mundial de la Agricultura, desde ASAJA Almería queremos reconocer el esfuerzo de todos los agricultores y ganaderos que, lejos de rendirse ante las dificultades, han demostrado una enorme capacidad para evolucionar y seguir produciendo alimentos con profesionalidad, innovación y compromiso.

Porque detrás del liderazgo de la agricultura almeriense no solo hay invernaderos, tecnología o exportaciones. Hay miles de personas que cada día convierten los desafíos en oportunidades y hacen posible que el campo de Almería continúe siendo un ejemplo para el mundo.

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Desde APAG nunca hemos defendido un medio rural construido únicamente alrededor del sector agrario. Una peluquería, un comercio, una empresa, un taller o una casa rural también generan actividad y ayudan a mantener vivos nuestros pueblos. Pero reconocer su importancia no significa equiparar la finalidad de todas las políticas públicas.

Y aquí creemos que conviene hacer una distinción. La PAC no nació como una política general de desarrollo rural. Nació en 1962 para garantizar el abastecimiento de alimentos, aumentar la productividad agraria, estabilizar los mercados y asegurar una renta adecuada a la población agrícola y seguridad alimentaria a toda la población.

Con el paso de las décadas, la PAC ha cambiado. El aumento de la productividad generó excedentes y presión a la baja sobre los precios, y Europa fue sustituyendo progresivamente parte del apoyo a los precios por ayudas directas a los agricultores.

Hoy el problema es diferente, pero la necesidad sigue siendo la misma: garantizar que exista una agricultura y una ganadería económicamente viables.

Porque el agricultor y el ganadero producen en un mercado en el que no fijan el precio de lo que venden, mientras soportan unos costes de producción crecientes y unas exigencias ambientales, sanitarias y regulatorias cada vez mayores.

Y cuando los ingresos apenas cubren los costes, o ni siquiera eso, la explotación deja de ser viable. Por eso creemos que la PAC posterior a 2027 debe prestar especial atención a una cuestión fundamental: la viabilidad económica de las explotaciones agrícolas y ganaderas como condición necesaria para asegurar el futuro del sector agrario europeo.

Y esto tiene mucho que ver con el desarrollo rural. Porque una explotación agraria rentable no sólo genera alimentos para toda la sociedad; permite que haya relevo generacional. Mantiene cooperativas e industrias agroalimentarias. Genera actividad para talleres, transportistas, distribuidores, veterinarios, ingenierías y empresas de servicios y mantiene población y actividad económica en nuestros pueblos.

Los datos de Castilla-La Mancha lo demuestran: en 2025, el sector agroalimentario fue el principal capítulo exportador de la región, con 3.821,7 millones de euros, el 34,2 % del total de las exportaciones castellano-manchegas.

Por eso, desde APAG no cuestionamos LEADER ni el trabajo de los Grupos de Desarrollo Rural. Necesitamos diversificación económica y necesitamos nuevas empresas y servicios en nuestros pueblos. Pero tampoco debemos perder de vista cuál debe ser la prioridad de la Política Agraria Comunitaria.

Los fondos destinados a la PAC deben tener como prioridad económica al agricultor y al ganadero. Y cuando un fondo no llegue directamente a ellos, debe poder demostrarse objetivamente que mejora su rentabilidad, su competitividad o la viabilidad del territorio agrario.

No se trata de enfrentar agricultura y desarrollo rural. Se trata de entender que sin agricultores y ganaderos viables tampoco habrá muchas de las actividades económicas que hoy queremos mantener en nuestros pueblos. Una peluquería rural puede ser necesaria para un pueblo, un comercio puede ser fundamental, una iniciativa turística puede generar oportunidades; Pero el agricultor y el ganadero tienen una particularidad que no podemos olvidar: producen algo que todos necesitamos, todos los días: alimentos.

Por eso, sumar esfuerzos, sí. Diversificar, también. Cooperar, siempre.

Pero la PAC debe seguir teniendo una prioridad inequívoca: que haya agricultores y ganaderos, que puedan vivir dignamente de su actividad y que producir alimentos en Europa siga siendo viable.

Porque garantizar la viabilidad del campo no es defender solamente a un sector, es garantizar el futuro económico, social y territorial de buena parte de nuestro medio rural.

Antonio Torres Pérez. Secretario general de APAG.

(Antonio Torres es ingeniero agrónomo por la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, con la especialidad de Economía Agraria; es técnico Asesor de Explotaciones Agrarias por el Ministerio de Agricultura, experto en Política Agraria Comunitaria y en 2014 completó su formación superior cursando el Programa de Alta Dirección Agroalimentaria del Instituto San Telmo. Es también agricultor, gestionando una explotación de viñedo y olivar en su pueblo -Moral de Calatrava (provincia de Ciudad Real)- dónde es miembro del consejo rector de la Cooperativa Santiago Apóstol, dedicada a vino y aceite. Es vicepresidente de la DO Valdepeñas).

Fuente: Grupo APAG

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Es en este contexto en el que se configurarán en los próximos meses algunas de las decisiones más trascendentales en materia de política agrícola de la segunda Comisión von der Leyen. Sin embargo, ahora que los responsables europeos vuelven al trabajo, el proceso político en materia de agricultura a nivel de la UE rara vez ha sido tan confuso.

En un momento en el que los alimentos se utilizan cada vez más como arma estratégica y las potencias mundiales están reforzando sus sectores agrícolas en nombre de la autonomía, la resiliencia y la seguridad alimentaria, Europa avanza claramente en la dirección opuesta; no en su retórica, por supuesto, sino en sus acciones cotidianas. Este hecho resulta aún más difícil de comprender cuando miramos más allá de las fronteras de la UE.

Estados Unidos ha elevado explícitamente la agricultura al nivel de la seguridad nacional, con su Plan de Acción Nacional de Seguridad Agrícola 2025, articulado en torno a un mensaje sencillo: la seguridad alimentaria es seguridad nacional. China lleva mucho tiempo aplicando políticas diseñadas para mantener su «cuenco de arroz» firmemente en sus propias manos. Rusia, una amenaza para la seguridad de la UE cada vez más significativa, también ha convertido la autosuficiencia en alimentos básicos en un objetivo estratégico. Independientemente de lo que se piense de estos enfoques, el mensaje es inequívoco: en el nuevo contexto geopolítico en el que nos encontramos, la agricultura se considera cada vez más un activo, no un pasivo.

Este otoño, dos procesos determinarán en gran medida casi todas las demás decisiones en materia de política agrícola: las negociaciones sobre la futura Política Agrícola Común (PAC) y sobre el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE. Y lo menos que podemos decir al examinar detenidamente las propuestas de la Comisión, en particular los importantes recortes propuestos al presupuesto de la PAC y su dilución en los Planes de Asociación Nacionales y Regionales (NRPP, por sus siglas en inglés), es que Europa corre el riesgo de debilitar su activo agroalimentario histórico.

Una PAC despojada de recursos, privada de su estructura estratégica de dos pilares y desestabilizada en su carácter común pone en peligro los propios objetivos establecidos en los Tratados de la UE: garantizar un nivel de vida justo a los agricultores, estabilizar los mercados, asegurar el abastecimiento y garantizar que los consumidores tengan acceso a alimentos a precios razonables.

La PAC, tal y como la concibe la Comisión von der Leyen, pasa igualmente por alto el papel crucial de la agricultura a la hora de garantizar la cohesión territorial, sostener las economías rurales e impulsar el crecimiento. Los agricultores no somos solo productores de alimentos; contribuimos a la seguridad y la resiliencia de Europa en todos los sentidos de estas palabras. Los recientes incendios, en los que hemos estado codo con codo con los bomberos, dedicando innumerables horas y enfrentándonos a las llamas con nuestro propio equipo, han sido otro claro recordatorio de este hecho. Hacemos mucho más que alimentar a Europa: somos los guardianes cotidianos de nuestros paisajes rurales.

Recordamos las acertadas palabras que el comisario Hansen dirigió al Parlamento Europeo en julio de 2025 tras visitar Finlandia: «los agricultores contribuyen a la línea de defensa de la UE».

La agricultura es también una fuente de poder europeo. Somos la base de una cadena de valor agroalimentaria europea que genera más de un billón de euros en valor añadido bruto. Recordemos aquí que la Unión puede contar con 9,1 millones de explotaciones agrícolas que dan empleo a 8,7 millones de personas, mientras que más de 23 000 cooperativas agrícolas emplean a más de 607 000 personas y constituyen un pilar fundamental de la cadena de valor agroalimentaria. Por lo tanto, no se trata de un sector marginal que deba gestionarse al margen de la agenda europea de competitividad y crecimiento; forma parte de dicha agenda.

Más allá de estas preocupaciones estratégicas, las propuestas de la Comisión de julio de 2025 han creado una estructura de gobernanza nueva y potencialmente muy problemática para la agricultura. Con la integración cada vez mayor de los instrumentos de la PAC en los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia (PNRR), las decisiones que tradicionalmente se han configurado a través del proceso de política agrícola están pasando a formar parte de negociaciones más amplias sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP), en las que los ministros de Asuntos de la UE y de Hacienda tendrán inevitablemente una mayor influencia. Sinceramente, nos cuesta imaginar un futuro en el que las decisiones sobre la Organización Común de Mercados (OCM), incluidas las intervenciones sectoriales y los instrumentos agrícolas de carácter altamente técnico, se definan principalmente a través de negociaciones lideradas por los ministros de Finanzas y de Asuntos de la UE.

¿Y qué podría ocurrir en la fase de ejecución, cuando las decisiones nacionales sobre los instrumentos de la PAC se vean sometidas a la competencia entre ministerios y regiones por la financiación y la influencia? El riesgo es evidente. Bajo una intensa presión política y de tiempo, las decisiones podrían estar menos determinadas por las realidades económicas y agronómicas de la agricultura europea que por concesiones políticas, cálculos nacionales y compromisos ajenos a las necesidades del sector. Nunca antes la PAC había estado tan cerca de perder su letra más importante: la «C» de «Común».

Queremos ser muy claros al respecto: esto supondría una pérdida no solo para los agricultores y las cooperativas agrícolas europeos, sino también para el propio proyecto europeo y su futuro. Tras la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, ¿correrá finalmente la PAC el mismo destino? ¿Qué mensaje simbólico transmitiría eso sobre uno de los ejemplos más avanzados de acción común de la UE? Es evidente que, antes de intentar «comunalizar» nuevos ámbitos de la acción europea, quizá Europa debería proteger y reforzar primero aquellas políticas en las que la acción conjunta ya ha demostrado su valor.

Hay mucho en juego, ya que los líderes de la UE están acelerando las negociaciones sobre el MFP de cara a un ciclo electoral decisivo en 2027, cuando alrededor del 60 % de todos los ciudadanos de la UE estarán llamados a votar. En este contexto electoral, no podemos evitar preguntarnos: ¿qué mensaje políticamente perjudicial están enviando los líderes de la UE a los agricultores, a las comunidades rurales y, en última instancia, a los consumidores?

Los ciudadanos ya nos están diciendo lo que importa. El último Eurobarómetro del Parlamento Europeo muestra que la inflación, la subida de los precios y el coste de la vida son la máxima prioridad para el 47 % de los europeos, seis puntos más que en otoño de 2025. Esto debería ser una llamada de atención. Los precios de los alimentos son una parte esencial del debate sobre el coste de la vida. Una alimentación asequible no se consigue debilitando la capacidad de Europa para producirla. Se consigue garantizando que una agricultura europea competitiva, productiva y resiliente siga ocupando un lugar central entre las prioridades de Europa.

No necesitamos otra serie de soluciones a corto plazo, iniciativas puntuales y estrategias de comunicación por parte de la Comisión. Necesitamos una visión política convincente, respaldada por políticas estables y programas predecibles, que dé a los agricultores la confianza necesaria para invertir e innovar. De lo contrario, dudamos de que tengamos los argumentos para seguir convenciendo a personas jóvenes y motivadas de que se unan a nuestras filas y salven la brecha generacional a la que nos enfrentaremos durante la próxima década.

El futuro MFP debe reconocer la producción alimentaria como un objetivo estratégico intrínsecamente vinculado a la defensa, la seguridad y la competitividad de Europa. El Fondo Europeo de Competitividad también tendrá un papel que desempeñar en el fomento de la adopción de la innovación (es decir, el uso de datos e inteligencia artificial), apoyando el despliegue a gran escala y las infraestructuras necesarias para la transición continua y la resiliencia de la agricultura. Pero estos instrumentos deben complementar, y no sustituir, una PAC sólida y una Organización Común de Mercados que funcione.

En octubre, mientras los líderes europeos se reúnen en un Consejo Europeo decisivo, los agricultores europeos se darán cita en Estocolmo con motivo del Congreso de Agricultores Europeos para hacer balance de la situación y marcar el rumbo de las acciones futuras. Afrontaremos ese momento de la verdad con determinación, porque sabemos lo que está en juego. No puede haber una Europa segura sin un sector agrícola fuerte. Y no puede haber una agricultura europea fuerte sin políticas europeas adecuadas a su finalidad.

Massimiliano Giansanti, presidente de la Copa

Lennart Nilsson, presidente de la Cogeca

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Hay un silencio distinto en los pueblos cuando llega el invierno. No es el silencio apacible del descanso, sino el vacío de las casas con la chimenea fría y las trías por donde ya no pasa nadie. En las cocinas de antes, junto al brasero, los viejos guardaban la palabra con la misma avaricia limpia con que se guarda la simiente. No hablaban por llenar el aire. Decían barda, decían cambrón, decían solana o rozadero, y en cada uno de esos vocablos breves, duros como el canto rodado, iba contenida una cartografía exacta del monte y una forma de estar en el mundo.

Hoy, cuando julio- agosto viste de luto rabiando en llamas nuestras laderas, la televisión nos devuelve un idioma de plástico y moqueta. Nos hablan de «estrés hídrico», de «gestión de biomasa» y de «interfaces urbano-forestales». Qué manera tan cobarde y culta de no nombrar la tragedia. Qué eufemismos tan limpios para tapar la vergüenza de un monte que no se quema en verano, sino que se nos muere de abandono durante los doce meses del año.

Decía Miguel Delibes —con esa lucidez áspera de quien conoce la tierra porque la pisó hasta desgastar las botas— que al desnaturalizar el campo estábamos matando las palabras. Y tenía razón. Porque cuando desaparece el pastor que subía la majada al albor del día, no solo se pierde una boca que nombra el ramoneo: se pierde el diente de la oveja que limpiaba la broza, la pezuña que trillaba el matorral y la mano sabia que sabía por dónde cortar el fuego antes de que naciera la chispa.

Prohibimos al paisano cortar la leña que calentó a sus abuelos, retiramos al ganadero de las veredas, encarcelamos la vida rural entre sellos, burocracia y despachos con aire acondicionado, y luego nos las damos de ecologistas contemplando en la distancia cómo el fuego devora en tres horas la memoria de tres siglos. Es la soberbia del urbanita, que ama la naturaleza como si fuera un cromo o un decorado de fin de semana, pero aborrece al hombre que la mantiene viva.

Apagar los incendios no es una cuestión de satélites ni de retórica administrativa. Apagar el fuego es devolver la dignidad y el pan a quien se mancha las manos de barro. Es entender que la sostenibilidad auténtica no se firma en un protocolo de moqueta; se escribe con la sudorosa servidumbre de quien madruga para dar de comer a sus bestias, con la paciencia del labrador que espera la lluvia y con la lealtad a un lenguaje de raíz que se nos escapa entre los dedos.

Si dejamos que se pierdan los nombres de las cosas, no nos quedará más remedio que aprender a nombrar el desierto. Defender el idioma español, como pedía el maestro vallisoletano, es hoy la misma batalla que defender nuestros montes: una cuestión de amor, de dignidad y de memoria. Porque mientras quede un solo hombre en el pueblo capaz de nombrar la tierra con respeto, la tierra seguirá teniendo una oportunidad. Cuando él se calle, ya solo nos quedará el idioma de las cenizas.

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APAG nació con un único objetivo: defender los intereses de los agricultores y ganaderos de la provincia de Guadalajara. Ese sigue siendo nuestro único compromiso. No respondemos a intereses políticos ni actuamos como correa de transmisión de ningún partido. Nuestra única obligación es con nuestros cerca de 3.000 socios, personas de sensibilidades muy diferentes que comparten una misma preocupación: poder desarrollar su actividad profesional en condiciones justas.

Quienes conocen nuestra organización saben que el trabajo de APAG no consiste únicamente en alzar la voz cuando surgen problemas. Cada día un equipo de profesionales atiende expedientes, asesora explotaciones, resuelve incidencias, tramita ayudas, acompaña a agricultores y ganaderos y defiende sus intereses ante las distintas administraciones, independientemente del color político de quienes gobiernen.

Por eso resulta especialmente injusto descalificar como «esperpento» las movilizaciones protagonizadas por agricultores que ejercían un derecho constitucional para defender su medio de vida. Manifestarse nunca debería ridiculizarse. Puede compartirse o no el motivo de una protesta, pero merece el mismo respeto que cualquier otra reivindicación social. Además, conviene recordar que aquellas concentraciones no fueron semanas de protestas, sino dos jornadas convocadas a petición de nuestros propios asociados.

Nuestro desacuerdo con el actual sistema del Índice de Propagación Potencial (IPP) tampoco responde a ninguna contradicción, como algunos han querido hacer ver. Desde el primer momento hemos defendido exactamente la misma posición: los índices deben reflejar la realidad del riesgo existente. Si una herramienta genera restricciones que no se corresponden con las condiciones reales del territorio, debe revisarse.

De hecho, durante esta misma campaña hemos podido comprobar cómo el propio sistema ha sufrido modificaciones en un mismo día, lo que evidencia que existe margen de mejora. Nuestra propuesta siempre ha sido clara: que Castilla-La Mancha utilice criterios objetivos y contrastados, similares a los que emplean otras comunidades autónomas, apoyándose en los datos meteorológicos oficiales de AEMET para determinar el riesgo de incendios. No pedimos menos seguridad; pedimos mejores herramientas para proteger el monte sin imponer limitaciones desproporcionadas a quienes trabajan en el campo.

También nos preocupa profundamente la facilidad con la que, en ocasiones, se señalan culpables antes de que existan conclusiones oficiales. La presunción de inocencia no puede depender del oficio de una persona. Cuando alguien es señalado públicamente antes de que se conozcan los hechos, no solo se perjudica a esa persona, sino que se alimenta un clima de desconfianza hacia todo un colectivo profesional que vive precisamente de cuidar el territorio.

Mientras se suceden los debates y las descalificaciones, nuestros agricultores se han arriesgado y dejado la piel colaborando a parar éste y otros incendios y ahora se enfrentan a las consecuencias. Hay explotaciones que han perdido cosechas, ganaderos que han visto afectados sus pastos y han perdido animales y agricultores que han tenido que sacrificar parte de su cosecha para crear cortafuegos y evitar daños mayores. Esa es la realidad sobre la que ahora trabajamos, para dar soluciones.

En APAG seguiremos defendiendo a nuestros agricultores y ganaderos con la misma firmeza con la que lo hemos hecho durante casi medio siglo. Lo haremos desde el respeto, con argumentos técnicos y profesionales, con voluntad de diálogo. Porque creemos que las discrepancias enriquecen el debate cuando se sustentan en datos y no en descalificaciones.

El campo necesita soluciones, no etiquetas. Necesita rigor, serenidad y administraciones que escuchen a quienes trabajan diariamente sobre el terreno. Como se ha dicho estos días, el campo no es parte del problema, sino de la solución. Ese seguirá siendo nuestro compromiso y nuestra responsabilidad.

Defender al campo no puede convertirse en motivo de descalificación.  No nos van a callar.

Fuente: Grupo APAG

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La pregunta es si Europa está dispuesta a aplicar esa misma exigencia a los alimentos que llegan de terceros países. La Unión Europea tiene derecho a fijar las normas que considere oportunas para avanzar hacia un modelo productivo más sostenible. Lo que resulta difícil de entender es que muchas de esas restricciones que se imponen a los productores europeos no se exijan con la misma firmeza a quienes exportan sus productos hacia nuestro mercado.

No hablamos de cerrar fronteras ni de rechazar los acuerdos comerciales. Al contrario. Una provincia exportadora como Almería sabe mejor que nadie la importancia que tienen los mercados internacionales y las oportunidades que generan para agricultores, empresas y consumidores. El comercio es necesario. Lo que no parece razonable es que la apertura comercial acabe convirtiéndose en una vía para importar aquello que aquí ya no se permite producir.

En los últimos meses hemos vuelto a asistir a situaciones que deberían hacernos reflexionar. Alertas por la presencia de materias activas prohibidas en productos importados, problemas de etiquetado y falta de transparencia en determinadas estadísticas comerciales afectan directamente a la confianza del consumidor y a la credibilidad de las políticas comunitarias. ASAJA ha denunciado, por ejemplo, la desaparición de estadísticas sobre tomate procedente de Marruecos y la comercialización de productos del Sáhara Occidental bajo otras denominaciones de origen. Más allá del debate jurídico o político, lo que está en juego es algo mucho más sencillo: la transparencia.

Un ejemplo que evidencia esta contradicción lo hemos vivido en el Levante almeriense con la plaga de pulgón. Miles de hectáreas de cultivo se vieron afectadas mientras los agricultores reclamaban autorización para un insecticida eficaz que ya estaba permitido en otros países europeos. La falta de esa herramienta en un momento crítico demuestra la dificultad de aplicar políticas de sostenibilidad sin comprometer la producción. No se trata de rebajar exigencias, sino de garantizar que la transición hacia modelos más sostenibles sea viable sobre el terreno.

Porque la seguridad alimentaria no consiste únicamente en garantizar que un alimento sea seguro para el consumo. También implica trazabilidad real, origen conocido, controles rigurosos y que los consumidores puedan tomar decisiones con toda la información sobre la mesa. Europa corre el riesgo de trasladar a sus agricultores exigencias cada vez mayores mientras mira hacia otro lado cuando esas mismas exigencias no se aplican fuera de sus fronteras. Esa contradicción debilita la rentabilidad de las explotaciones, genera desconfianza entre los consumidores y pone en cuestión el sentido de muchas normas comunitarias.

La seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la competencia leal no son objetivos incompatibles con el comercio internacional. De hecho, deberían ser la base de los acuerdos comerciales del futuro. Pero para ello hace falta coherencia. Si Europa considera que determinados productos, materias activas o prácticas no son aceptables para sus agricultores, tampoco deberían serlo para quienes quieren vender sus producciones en el mercado europeo.

No pedimos privilegios. Tampoco protección frente a la competencia. Pedimos algo mucho más simple: que las mismas reglas se apliquen a todos. Porque la verdadera fortaleza de la agricultura europea no depende de levantar barreras, sino de garantizar que nadie compita con ventaja y de que el modelo europeo siga siendo ejemplo de sostenibilidad, seguridad y competitividad.

Firmado:

Adoración Blanque Pérez

Presidenta de Asaja Almería

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MENOS KILOS Y MÁS COSTES

Tras semanas de calor extremo en pleno mes de mayo y comienzos de junio, muchas parcelas han quedado literalmente asuradas, secadas antes de tiempo, sin completar el ciclo y sin llenar el grano. El resultado es demoledor: una cosecha 40% inferior a la del año pasado en la región.

A esta caída de rendimientos se suma un factor que agrava la situación hasta hacerla insostenible: los costes de producción siguen disparados. El gasóleo agrícola -aunque haya tregua en la guerra en Irán- continúa en niveles muy elevados. Y los fertilizantes, los fitosanitarios y las semillas no han regresado a los precios previos a la guerra.

El agricultor paga más para poder producir y recibe menos al vender. La ecuación es tan simple como devastadora. Pero, ¿por qué el precio del pienso al ganadero no baja en proporción al precio del cereal?

PRODUCIR A PÉRDIDAS

Conviene recordar un dato clave que ASAJA Palencia lleva meses subrayando: en 2025, con una cosecha récord en Castilla y León, los productores lograron no tener pérdidas gracias a las ayudas de la PAC. Si el excepcional 2025 se cerró en tablas, ¿qué puede esperar el agricultor en 2026, con una producción mucho menor y unos costes todavía más altos? La respuesta es: ruina.

Porque este año, incluso sumando las ayudas PAC, el cerealista palentino cultiva para perder dinero. Es un hecho respaldado por los números. Los precios en lonja no cubren ni de lejos los costes ordinarios de producción. Y mientras tanto, el agricultor asume en solitario el riesgo climático, el riesgo de mercado y el riesgo político.

EXIGENCIAS

La situación es tan grave que ASAJA Palencia advierte de un escenario que ya se percibe en los pueblos: desánimo, venta de tierras y falta de relevo generacional. ¿Quién va a querer incorporarse a un sector donde trabajar más significa perder más? ¿Cómo se puede sostener un modelo productivo que depende de ayudas para no entrar en pérdidas incluso en años buenos?

El cerealista palentino no pide milagros. Pide precios justos, costes asumibles, una PAC que no penalice y una Administración que entienda que sin agricultores no hay alimentos, ni paisaje, ni economía rural. Esta campaña de 2026 debe ser un punto de inflexión.

ASAJA Palencia exige medidas urgentes, reales y eficaces: aplicar un módulo cero en el IRPF para el cereal en 2026. No se puede exigir la misma carga fiscal en un año de quiebra. Castilla y León necesita una política agraria que defienda a quienes producen, no a quienes especulan. Necesita precios justos, costes asumibles y una PAC que no penalice al profesional.

Si no se actúa ya, el sistema les obligará a elegir entre trabajar o arruinarse. No se puede mirar hacia otro lado mientras un sector estratégico se desangra. Ruina.

Firma: José Luis Marcos, presidente de ASAJA Palencia

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No es un diagnóstico nuevo; ya quedó reflejado en el hoy olvidado Plan Citrícola Valenciano, un documento elaborado por los mejores profesionales del sector que debía haberse convertido en la hoja de ruta para garantizar el futuro de nuestra citricultura. Sin embargo, acabó archivado, condenado al olvido, sin que ninguna administración asumiera el compromiso de ponerlo en marcha. Desde entonces, cada campaña no ha hecho sino confirmar aquel diagnóstico. Cada año trae consigo una nueva amenaza fitosanitaria, cada vez más compleja y difícil de combatir.

Mientras tanto, la realidad ha seguido su curso, con nuevas amenazas fitosanitarias, complejas y difíciles de combatir. Esta vez ha sido el virus de la clorosis nervial amarilla de los cítricos (CYVCV) el que ha puesto a prueba nuestro sistema de prevención. No era desconocido por la comunidad científica; figuraba desde hace años en la bibliografía especializada y su presencia en el área mediterránea era sobradamente conocida. Pese a ello, volvió a sorprendernos con la guardia baja.

España dispone de uno de los sistemas de defensa fitosanitaria más sólidos del mundo, reforzado con el trabajo de las organizaciones interprofesionales citrícolas. Del mismo modo, contamos probablemente con uno de los mejores modelos de producción y certificación de plantas de vivero de cítricos, capaz de abastecer al sector con más de cuatro millones de plantas certificadas cada año.

Pero la historia demuestra que ninguna fortaleza es inquebrantable… Troya también creyó que sus murallas lo eran.

Este virus, prácticamente inocuo para naranjas y mandarinas, pero devastador para el limón y la lima, ha conseguido vulnerar todas las barreras de seguridad fitosanitaria. Y lo ha hecho de la peor forma posible: viajando oculto en las plantas procedentes de vivero que los agricultores adquieren convencidos de estar comprando un material vegetal con todas las garantías sanitarias.

La confianza, cuando no va acompañada de controles eficaces, puede convertirse en el mayor enemigo. En esta ocasión ha puesto en serio peligro precisamente al único subsector de la citricultura valenciana que mantiene una evolución positiva tanto en productividad como en rentabilidad: el limón.

En Valencia y Castellón todavía pueden existir dudas sobre su vía de dispersión, al haberse detectado positivos en plantaciones adultas sin relación con viveros valencianos o catalanes. En Alicante, la situación ofrece pocas interpretaciones: todas las plantas infectadas corresponden a plantones procedentes de esos viveros. El origen resulta, por tanto, difícilmente discutible.

Dentro de la gravedad de la situación también existen motivos para la esperanza. El nivel de afección está siendo menor del inicialmente temido y, sobre todo, la respuesta del Servicio de Sanidad Vegetal de la Conselleria de Agricultura ha sido rápida y ejemplar.

Igualmente, merece un reconocimiento expreso el trabajo realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA). Los protocolos de bioseguridad del banco de germoplasma han demostrado su eficacia, al igual que la actuación del laboratorio de virología, cuya capacidad técnica ha resultado determinante para identificar el problema y actuar con agilidad.

De esta crisis pueden salir reforzados el IVIA, el Servicio de Sanidad Vegetal y la propia Conselleria de Agricultura, siempre y cuando las ayudas que publiquen sean justas para quienes han tenido que hacer frente a una situación sobrevenida.

No puede decirse lo mismo de los viveros implicados. No basta con escudarse en que las plantas estaban certificadas. Los viveros andaluces y murcianos también comercializan plantas certificadas y no presentan casos de infección. La diferencia no es otra que el cumplimiento (o falta de este) de los protocolos de bioseguridad.

Si se hubieran aplicado con el rigor exigible, el virus jamás habría entrado en la cadena de producción, incluso aunque hubiera existido en parcelas próximas a los viveros. Las excusas ya no sirven. Es el momento de asumir responsabilidades.

Quienes se han visto obligados a arrancar plantaciones no pueden soportar en solitario las consecuencias económicas de unos fallos que no les son imputables. Los viveros deben responder suministrando sin coste las plantas necesarias para la reposición y reforzando sus métodos de prevención para evitar que una situación semejante vuelva a repetirse.

Igualmente preocupante resulta escuchar voces que, desde el desconocimiento o la frivolidad, defienden que debemos «aprender a convivir con el virus». Convivir puede ser una opción cuando el daño es asumible. Pero no cuando hablamos de un patógeno capaz de destruir un sector entero. Nadie convive con aquello que amenaza su supervivencia. O erradicamos el virus ahora o será el virus quien termine erradicando el cultivo del limón.

Tampoco queda en buen lugar la actitud del Gobierno de la Región de Murcia, principal territorio productor de limón de Europa. Su falta de reacción contrasta con la rapidez con la que ha actuado la Comunidad Valenciana. Cada día de retraso juega a favor del virus y en contra de los agricultores.

Pero como toda crisis, esta también deja una lección que no podemos ignorar: somos mucho más vulnerables de lo que creíamos. Si en lugar del CYVCV el patógeno hubiera sido el HLB, las consecuencias habrían sido devastadoras. No podemos permitirnos volver a confiar en la suerte ni esperar a que la próxima amenaza nos encuentre desprevenidos. Ha llegado el momento de revisar y reforzar todos los protocolos nacionales de bioseguridad vegetal, extremar los controles en los viveros y elevar al máximo el nivel de exigencia frente a cualquier riesgo fitosanitario. Solo si somos capaces de aprender de este episodio y actuar con determinación habremos convertido la crisis en una oportunidad.

Firma: José Vicente Andreu Marcos, presidente de ASAJA Alicante

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En los últimos años, esta realidad se ha vuelto más evidente. Los agricultores están enfrentando una creciente dificultad para proteger sus cultivos de plagas que antes se podían controlar con relativa facilidad. Esto ha generado un importante debate sobre la reducción del número de fitosanitarios a disposición de los agricultores. Según la asociación Crop Life Europe, en los últimos cinco años se han retirado o no renovado por motivos regulatorios setenta y seis sustancias activas, mientras que solo se ha aprobado una nueva. Se trata de productos basados en sustancias activas que, utilizadas correctamente, no representan riesgos para la salud humana ni para el medio ambiente y que, además, continúan comercializándose fuera de la Unión Europea, lo que supone un agravio comparativo para los agricultores españoles.

La complejidad legislativa y regulatoria de la Unión Europea dificulta no solo la renovación de sustancias activas, sino que también limita la inversión en I+D de las empresas, que encuentran cada vez más obstáculos debido a la complejidad, la exigencia y la disparidad de criterios del sistema regulatorio europeo. Esta situación deja a los agricultores sin herramientas esenciales cuando más las necesitan. Recientemente, hemos tenido numerosos casos que ejemplifican esta realidad: los del flufenacet, la metribuzina, tritosulfuron y el spinetoram son claros ejemplos y ponen en cuestión la profesionalidad y la capacidad de los agricultores españoles para aplicar estos productos de manera segura y controlada.

La situación actual pone también de relieve un hecho preocupante: los agricultores no pueden depender de la buena voluntad de los fabricantes ni de la falta de coordinación entre las instituciones. Cada día que falta una herramienta eficaz se traduce en mayores riesgos para los cultivos, pérdidas económicas y una menor competitividad para la agricultura española, un sector estratégico para toda Europa.

Aquí es donde entra una oportunidad histórica: el Proyecto de ley ómnibus para la simplificación de la seguridad alimentaria y de los piensos (Food and Feed Safety Simplification Omnibus). Este reglamento no es un mero trámite; es una herramienta que puede cambiar de manera real y práctica la vida de los agricultores.

Este reglamento está orientado exclusivamente a los productos biológicos, por lo que sería un error desaprovechar la oportunidad de incorporar también a los fitosanitarios convencionales.De una vez por todas, debería permitir que todas las autorizaciones excepcionales se concedan automáticamente cuando un Estado miembro lo apruebe, evitando que los retrasos burocráticos condicionen la capacidad de los agricultores para proteger sus cosechas.

Fuente: Crop Life Europe

Es la oportunidad de garantizar un marco regulatorio predecible, ágil y basado en la ciencia, donde la innovación llegue al campo de manera efectiva y sin excusas.

Las substancias activas que han desaparecido en los últimos años  nos recuerdan que los problemas no se solucionan solos. No basta con que un producto sea seguro y eficaz; hace falta un sistema que permita que los agricultores lo usen cuando lo necesitan. Este ejemplo debería servir como alerta y motivación: la innovación no puede quedarse atrapada en despachos ni en procesos interminables. España necesita un marco que funcione para los agricultores, no contra ellos.

Nuestros agricultores de toda España no pueden seguir esperando. Cada temporada perdida, cada herramienta que no llega al campo, se traduce en menos producción, menores ingresos y más incertidumbre. El reglamento Ómnibus puede y debe cambiar esta realidad, incorporando no solo los productos biológicos, sino también los fitosanitarios convencionales, y garantizando que los agricultores tengan acceso a todas las soluciones que la ciencia y la industria han desarrollado para proteger sus cultivos.

Es hora de que el gobierno actúe con decisión y deje de mirar hacia otro lado. No podemos permitir que la burocracia siga siendo un obstáculo cuando lo que está en juego es el futuro de nuestros agricultores, la seguridad alimentaria y la competitividad de España en Europa.

Cada producto que falta es un recordatorio de que necesitamos soluciones claras, predecibles y rápidas para proteger el trabajo de quienes trabajan la tierra día a día.

Ana Rodríguez Mansilla.

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Resulta preocupante comprobar cómo un asunto de esta trascendencia apenas ocupa espacio en la agenda política nacional. La futura PAC, que condicionará el rumbo de la agricultura europea a partir de 2028, debería estar siendo objeto de un debate permanente y profundo. Sin embargo, la sensación en el sector es justamente la contraria: falta atención, falta interlocución y, sobre todo, falta la prioridad política que merece.

Mientras tanto, las negociaciones avanzan en Bruselas. Ya existe una propuesta sobre la mesa impulsada por la presidencia chipriota de la Unión Europea. Ha sido analizada en los foros comunitarios y ha comenzado una fase decisiva de discusión tanto entre los Estados miembros como en el Parlamento Europeo. Sin embargo, cabe preguntarse si en España existe una verdadera conciencia de la importancia de lo que está en juego y si nuestras administraciones están participando en este proceso con una posición sólida, coordinada y respaldada por el sector.

Quienes llevamos décadas siguiendo las reformas de la PAC recordamos tiempos en los que cada documento europeo era analizado conjuntamente entre las organizaciones agrarias y la Administración. Había reuniones, intercambio de información y voluntad de construir posiciones comunes. Hoy esa dinámica se ha debilitado notablemente. Y eso es un error. La agricultura no puede convertirse en una herramienta de confrontación política ni en un argumento ocasional para el debate partidista. Es una cuestión estratégica para el país.

Las claves para el futuro del campo europeo son muy claras: rentabilidad, competitividad y seguridad. Sin explotaciones rentables no habrá agricultores. Sin competitividad no podremos hacer frente a la creciente presión de los mercados internacionales. Y sin una seguridad integral -que abarque tanto la seguridad alimentaria como la estabilidad jurídica, económica y productiva-, será imposible planificar inversiones y garantizar la continuidad de las explotaciones.

Pero hay una cuarta clave que afecta al conjunto de la sociedad: la soberanía alimentaria. Europa no puede permitirse depender cada vez más de terceros países para abastecerse de productos básicos. La producción agraria es una cuestión económica, pero también estratégica. Las recientes crisis internacionales han demostrado hasta qué punto la capacidad de producir alimentos es un elemento fundamental de estabilidad.

Por eso preocupa que las propuestas presupuestarias que se están discutiendo contemplen nuevos ajustes para la PAC. Especialmente cuando algunos países del norte de Europa siguen defendiendo reducciones aún más profundas de los recursos destinados a la agricultura. No parece razonable exigir más esfuerzos, más requisitos y más obligaciones a agricultores y ganaderos mientras se reducen los instrumentos que permiten sostener la actividad productiva.

Además, existe otro riesgo que no podemos ignorar: la pérdida de identidad propia de la PAC dentro de estructuras financieras cada vez más amplias y complejas. La agricultura necesita una política común reconocible, con objetivos específicos, financiación estable y capacidad de respuesta ante los desafíos propios del sector. Diluirla dentro de grandes fondos generales supondría debilitar una de las políticas más exitosas de la construcción europea.

También resulta imprescindible reforzar los mecanismos de gestión de crisis. El cambio climático, la volatilidad de los mercados y las tensiones geopolíticas hacen cada vez más necesaria la existencia de herramientas específicas para proteger a agricultores y ganaderos frente a situaciones extraordinarias. Del mismo modo, Europa debe apostar decididamente por inversiones estratégicas en agua, digitalización, almacenamiento y resiliencia de las cadenas alimentarias.

Otro de los grandes debates es el relevo generacional. Con frecuencia se presenta como una cuestión que puede resolverse únicamente mediante ayudas específicas para jóvenes. Sin embargo, la realidad es mucho más sencilla y mucho más exigente: los jóvenes se incorporarán al campo cuando vean que pueden construir un proyecto de vida viable. La mejor política de incorporación es una agricultura rentable.

Para lograrlo es necesario facilitar la modernización de las explotaciones, mejorar las infraestructuras hidráulicas, reducir la carga burocrática, garantizar condiciones de competencia equilibradas frente a las importaciones de terceros países y permitir que quienes deseen crecer y ganar dimensión empresarial puedan hacerlo. El relevo generacional no llegará por decreto ni mediante discursos bienintencionados. Llegará cuando el sector vuelva a ofrecer expectativas económicas atractivas.

En este contexto, tampoco ayuda el exceso de gesticulación política que estamos viendo en torno a las negociaciones europeas. Más allá de las declaraciones grandilocuentes, lo que necesita el campo son acuerdos eficaces, posiciones sólidas y capacidad de influencia real. Menos titulares y más trabajo. Menos confrontación y más negociación.

España tiene la responsabilidad de ejercer un papel protagonista en este proceso. Somos una de las grandes potencias agrarias de Europa y debemos defender una PAC fuerte, bien financiada y adaptada a los desafíos del futuro. No se trata de una reivindicación institucional. Se trata de proteger la capacidad de producir alimentos, de mantener vivo el medio rural y de garantizar la autonomía estratégica de Europa.

Los debates que se están desarrollando en Bruselas marcarán el futuro de millones de agricultores y ganaderos durante la próxima década. Por eso no podemos permitir que pase desapercibida. Porque cuando hablamos de agricultura, en realidad estamos hablando de algo mucho más importante: del futuro de nuestra alimentación y de nuestra seguridad como sociedad.

Por José María Fresneda,

presidente de ASAJA Castilla-La Mancha

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