APAG nació con un único objetivo: defender los intereses de los agricultores y ganaderos de la provincia de Guadalajara. Ese sigue siendo nuestro único compromiso. No respondemos a intereses políticos ni actuamos como correa de transmisión de ningún partido. Nuestra única obligación es con nuestros cerca de 3.000 socios, personas de sensibilidades muy diferentes que comparten una misma preocupación: poder desarrollar su actividad profesional en condiciones justas.

Quienes conocen nuestra organización saben que el trabajo de APAG no consiste únicamente en alzar la voz cuando surgen problemas. Cada día un equipo de profesionales atiende expedientes, asesora explotaciones, resuelve incidencias, tramita ayudas, acompaña a agricultores y ganaderos y defiende sus intereses ante las distintas administraciones, independientemente del color político de quienes gobiernen.

Por eso resulta especialmente injusto descalificar como «esperpento» las movilizaciones protagonizadas por agricultores que ejercían un derecho constitucional para defender su medio de vida. Manifestarse nunca debería ridiculizarse. Puede compartirse o no el motivo de una protesta, pero merece el mismo respeto que cualquier otra reivindicación social. Además, conviene recordar que aquellas concentraciones no fueron semanas de protestas, sino dos jornadas convocadas a petición de nuestros propios asociados.

Nuestro desacuerdo con el actual sistema del Índice de Propagación Potencial (IPP) tampoco responde a ninguna contradicción, como algunos han querido hacer ver. Desde el primer momento hemos defendido exactamente la misma posición: los índices deben reflejar la realidad del riesgo existente. Si una herramienta genera restricciones que no se corresponden con las condiciones reales del territorio, debe revisarse.

De hecho, durante esta misma campaña hemos podido comprobar cómo el propio sistema ha sufrido modificaciones en un mismo día, lo que evidencia que existe margen de mejora. Nuestra propuesta siempre ha sido clara: que Castilla-La Mancha utilice criterios objetivos y contrastados, similares a los que emplean otras comunidades autónomas, apoyándose en los datos meteorológicos oficiales de AEMET para determinar el riesgo de incendios. No pedimos menos seguridad; pedimos mejores herramientas para proteger el monte sin imponer limitaciones desproporcionadas a quienes trabajan en el campo.

También nos preocupa profundamente la facilidad con la que, en ocasiones, se señalan culpables antes de que existan conclusiones oficiales. La presunción de inocencia no puede depender del oficio de una persona. Cuando alguien es señalado públicamente antes de que se conozcan los hechos, no solo se perjudica a esa persona, sino que se alimenta un clima de desconfianza hacia todo un colectivo profesional que vive precisamente de cuidar el territorio.

Mientras se suceden los debates y las descalificaciones, nuestros agricultores se han arriesgado y dejado la piel colaborando a parar éste y otros incendios y ahora se enfrentan a las consecuencias. Hay explotaciones que han perdido cosechas, ganaderos que han visto afectados sus pastos y han perdido animales y agricultores que han tenido que sacrificar parte de su cosecha para crear cortafuegos y evitar daños mayores. Esa es la realidad sobre la que ahora trabajamos, para dar soluciones.

En APAG seguiremos defendiendo a nuestros agricultores y ganaderos con la misma firmeza con la que lo hemos hecho durante casi medio siglo. Lo haremos desde el respeto, con argumentos técnicos y profesionales, con voluntad de diálogo. Porque creemos que las discrepancias enriquecen el debate cuando se sustentan en datos y no en descalificaciones.

El campo necesita soluciones, no etiquetas. Necesita rigor, serenidad y administraciones que escuchen a quienes trabajan diariamente sobre el terreno. Como se ha dicho estos días, el campo no es parte del problema, sino de la solución. Ese seguirá siendo nuestro compromiso y nuestra responsabilidad.

Defender al campo no puede convertirse en motivo de descalificación.  No nos van a callar.

Fuente: Grupo APAG

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La pregunta es si Europa está dispuesta a aplicar esa misma exigencia a los alimentos que llegan de terceros países. La Unión Europea tiene derecho a fijar las normas que considere oportunas para avanzar hacia un modelo productivo más sostenible. Lo que resulta difícil de entender es que muchas de esas restricciones que se imponen a los productores europeos no se exijan con la misma firmeza a quienes exportan sus productos hacia nuestro mercado.

No hablamos de cerrar fronteras ni de rechazar los acuerdos comerciales. Al contrario. Una provincia exportadora como Almería sabe mejor que nadie la importancia que tienen los mercados internacionales y las oportunidades que generan para agricultores, empresas y consumidores. El comercio es necesario. Lo que no parece razonable es que la apertura comercial acabe convirtiéndose en una vía para importar aquello que aquí ya no se permite producir.

En los últimos meses hemos vuelto a asistir a situaciones que deberían hacernos reflexionar. Alertas por la presencia de materias activas prohibidas en productos importados, problemas de etiquetado y falta de transparencia en determinadas estadísticas comerciales afectan directamente a la confianza del consumidor y a la credibilidad de las políticas comunitarias. ASAJA ha denunciado, por ejemplo, la desaparición de estadísticas sobre tomate procedente de Marruecos y la comercialización de productos del Sáhara Occidental bajo otras denominaciones de origen. Más allá del debate jurídico o político, lo que está en juego es algo mucho más sencillo: la transparencia.

Un ejemplo que evidencia esta contradicción lo hemos vivido en el Levante almeriense con la plaga de pulgón. Miles de hectáreas de cultivo se vieron afectadas mientras los agricultores reclamaban autorización para un insecticida eficaz que ya estaba permitido en otros países europeos. La falta de esa herramienta en un momento crítico demuestra la dificultad de aplicar políticas de sostenibilidad sin comprometer la producción. No se trata de rebajar exigencias, sino de garantizar que la transición hacia modelos más sostenibles sea viable sobre el terreno.

Porque la seguridad alimentaria no consiste únicamente en garantizar que un alimento sea seguro para el consumo. También implica trazabilidad real, origen conocido, controles rigurosos y que los consumidores puedan tomar decisiones con toda la información sobre la mesa. Europa corre el riesgo de trasladar a sus agricultores exigencias cada vez mayores mientras mira hacia otro lado cuando esas mismas exigencias no se aplican fuera de sus fronteras. Esa contradicción debilita la rentabilidad de las explotaciones, genera desconfianza entre los consumidores y pone en cuestión el sentido de muchas normas comunitarias.

La seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la competencia leal no son objetivos incompatibles con el comercio internacional. De hecho, deberían ser la base de los acuerdos comerciales del futuro. Pero para ello hace falta coherencia. Si Europa considera que determinados productos, materias activas o prácticas no son aceptables para sus agricultores, tampoco deberían serlo para quienes quieren vender sus producciones en el mercado europeo.

No pedimos privilegios. Tampoco protección frente a la competencia. Pedimos algo mucho más simple: que las mismas reglas se apliquen a todos. Porque la verdadera fortaleza de la agricultura europea no depende de levantar barreras, sino de garantizar que nadie compita con ventaja y de que el modelo europeo siga siendo ejemplo de sostenibilidad, seguridad y competitividad.

Firmado:

Adoración Blanque Pérez

Presidenta de Asaja Almería

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MENOS KILOS Y MÁS COSTES

Tras semanas de calor extremo en pleno mes de mayo y comienzos de junio, muchas parcelas han quedado literalmente asuradas, secadas antes de tiempo, sin completar el ciclo y sin llenar el grano. El resultado es demoledor: una cosecha 40% inferior a la del año pasado en la región.

A esta caída de rendimientos se suma un factor que agrava la situación hasta hacerla insostenible: los costes de producción siguen disparados. El gasóleo agrícola -aunque haya tregua en la guerra en Irán- continúa en niveles muy elevados. Y los fertilizantes, los fitosanitarios y las semillas no han regresado a los precios previos a la guerra.

El agricultor paga más para poder producir y recibe menos al vender. La ecuación es tan simple como devastadora. Pero, ¿por qué el precio del pienso al ganadero no baja en proporción al precio del cereal?

PRODUCIR A PÉRDIDAS

Conviene recordar un dato clave que ASAJA Palencia lleva meses subrayando: en 2025, con una cosecha récord en Castilla y León, los productores lograron no tener pérdidas gracias a las ayudas de la PAC. Si el excepcional 2025 se cerró en tablas, ¿qué puede esperar el agricultor en 2026, con una producción mucho menor y unos costes todavía más altos? La respuesta es: ruina.

Porque este año, incluso sumando las ayudas PAC, el cerealista palentino cultiva para perder dinero. Es un hecho respaldado por los números. Los precios en lonja no cubren ni de lejos los costes ordinarios de producción. Y mientras tanto, el agricultor asume en solitario el riesgo climático, el riesgo de mercado y el riesgo político.

EXIGENCIAS

La situación es tan grave que ASAJA Palencia advierte de un escenario que ya se percibe en los pueblos: desánimo, venta de tierras y falta de relevo generacional. ¿Quién va a querer incorporarse a un sector donde trabajar más significa perder más? ¿Cómo se puede sostener un modelo productivo que depende de ayudas para no entrar en pérdidas incluso en años buenos?

El cerealista palentino no pide milagros. Pide precios justos, costes asumibles, una PAC que no penalice y una Administración que entienda que sin agricultores no hay alimentos, ni paisaje, ni economía rural. Esta campaña de 2026 debe ser un punto de inflexión.

ASAJA Palencia exige medidas urgentes, reales y eficaces: aplicar un módulo cero en el IRPF para el cereal en 2026. No se puede exigir la misma carga fiscal en un año de quiebra. Castilla y León necesita una política agraria que defienda a quienes producen, no a quienes especulan. Necesita precios justos, costes asumibles y una PAC que no penalice al profesional.

Si no se actúa ya, el sistema les obligará a elegir entre trabajar o arruinarse. No se puede mirar hacia otro lado mientras un sector estratégico se desangra. Ruina.

Firma: José Luis Marcos, presidente de ASAJA Palencia

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No es un diagnóstico nuevo; ya quedó reflejado en el hoy olvidado Plan Citrícola Valenciano, un documento elaborado por los mejores profesionales del sector que debía haberse convertido en la hoja de ruta para garantizar el futuro de nuestra citricultura. Sin embargo, acabó archivado, condenado al olvido, sin que ninguna administración asumiera el compromiso de ponerlo en marcha. Desde entonces, cada campaña no ha hecho sino confirmar aquel diagnóstico. Cada año trae consigo una nueva amenaza fitosanitaria, cada vez más compleja y difícil de combatir.

Mientras tanto, la realidad ha seguido su curso, con nuevas amenazas fitosanitarias, complejas y difíciles de combatir. Esta vez ha sido el virus de la clorosis nervial amarilla de los cítricos (CYVCV) el que ha puesto a prueba nuestro sistema de prevención. No era desconocido por la comunidad científica; figuraba desde hace años en la bibliografía especializada y su presencia en el área mediterránea era sobradamente conocida. Pese a ello, volvió a sorprendernos con la guardia baja.

España dispone de uno de los sistemas de defensa fitosanitaria más sólidos del mundo, reforzado con el trabajo de las organizaciones interprofesionales citrícolas. Del mismo modo, contamos probablemente con uno de los mejores modelos de producción y certificación de plantas de vivero de cítricos, capaz de abastecer al sector con más de cuatro millones de plantas certificadas cada año.

Pero la historia demuestra que ninguna fortaleza es inquebrantable… Troya también creyó que sus murallas lo eran.

Este virus, prácticamente inocuo para naranjas y mandarinas, pero devastador para el limón y la lima, ha conseguido vulnerar todas las barreras de seguridad fitosanitaria. Y lo ha hecho de la peor forma posible: viajando oculto en las plantas procedentes de vivero que los agricultores adquieren convencidos de estar comprando un material vegetal con todas las garantías sanitarias.

La confianza, cuando no va acompañada de controles eficaces, puede convertirse en el mayor enemigo. En esta ocasión ha puesto en serio peligro precisamente al único subsector de la citricultura valenciana que mantiene una evolución positiva tanto en productividad como en rentabilidad: el limón.

En Valencia y Castellón todavía pueden existir dudas sobre su vía de dispersión, al haberse detectado positivos en plantaciones adultas sin relación con viveros valencianos o catalanes. En Alicante, la situación ofrece pocas interpretaciones: todas las plantas infectadas corresponden a plantones procedentes de esos viveros. El origen resulta, por tanto, difícilmente discutible.

Dentro de la gravedad de la situación también existen motivos para la esperanza. El nivel de afección está siendo menor del inicialmente temido y, sobre todo, la respuesta del Servicio de Sanidad Vegetal de la Conselleria de Agricultura ha sido rápida y ejemplar.

Igualmente, merece un reconocimiento expreso el trabajo realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA). Los protocolos de bioseguridad del banco de germoplasma han demostrado su eficacia, al igual que la actuación del laboratorio de virología, cuya capacidad técnica ha resultado determinante para identificar el problema y actuar con agilidad.

De esta crisis pueden salir reforzados el IVIA, el Servicio de Sanidad Vegetal y la propia Conselleria de Agricultura, siempre y cuando las ayudas que publiquen sean justas para quienes han tenido que hacer frente a una situación sobrevenida.

No puede decirse lo mismo de los viveros implicados. No basta con escudarse en que las plantas estaban certificadas. Los viveros andaluces y murcianos también comercializan plantas certificadas y no presentan casos de infección. La diferencia no es otra que el cumplimiento (o falta de este) de los protocolos de bioseguridad.

Si se hubieran aplicado con el rigor exigible, el virus jamás habría entrado en la cadena de producción, incluso aunque hubiera existido en parcelas próximas a los viveros. Las excusas ya no sirven. Es el momento de asumir responsabilidades.

Quienes se han visto obligados a arrancar plantaciones no pueden soportar en solitario las consecuencias económicas de unos fallos que no les son imputables. Los viveros deben responder suministrando sin coste las plantas necesarias para la reposición y reforzando sus métodos de prevención para evitar que una situación semejante vuelva a repetirse.

Igualmente preocupante resulta escuchar voces que, desde el desconocimiento o la frivolidad, defienden que debemos «aprender a convivir con el virus». Convivir puede ser una opción cuando el daño es asumible. Pero no cuando hablamos de un patógeno capaz de destruir un sector entero. Nadie convive con aquello que amenaza su supervivencia. O erradicamos el virus ahora o será el virus quien termine erradicando el cultivo del limón.

Tampoco queda en buen lugar la actitud del Gobierno de la Región de Murcia, principal territorio productor de limón de Europa. Su falta de reacción contrasta con la rapidez con la que ha actuado la Comunidad Valenciana. Cada día de retraso juega a favor del virus y en contra de los agricultores.

Pero como toda crisis, esta también deja una lección que no podemos ignorar: somos mucho más vulnerables de lo que creíamos. Si en lugar del CYVCV el patógeno hubiera sido el HLB, las consecuencias habrían sido devastadoras. No podemos permitirnos volver a confiar en la suerte ni esperar a que la próxima amenaza nos encuentre desprevenidos. Ha llegado el momento de revisar y reforzar todos los protocolos nacionales de bioseguridad vegetal, extremar los controles en los viveros y elevar al máximo el nivel de exigencia frente a cualquier riesgo fitosanitario. Solo si somos capaces de aprender de este episodio y actuar con determinación habremos convertido la crisis en una oportunidad.

Firma: José Vicente Andreu Marcos, presidente de ASAJA Alicante

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En los últimos años, esta realidad se ha vuelto más evidente. Los agricultores están enfrentando una creciente dificultad para proteger sus cultivos de plagas que antes se podían controlar con relativa facilidad. Esto ha generado un importante debate sobre la reducción del número de fitosanitarios a disposición de los agricultores. Según la asociación Crop Life Europe, en los últimos cinco años se han retirado o no renovado por motivos regulatorios setenta y seis sustancias activas, mientras que solo se ha aprobado una nueva. Se trata de productos basados en sustancias activas que, utilizadas correctamente, no representan riesgos para la salud humana ni para el medio ambiente y que, además, continúan comercializándose fuera de la Unión Europea, lo que supone un agravio comparativo para los agricultores españoles.

La complejidad legislativa y regulatoria de la Unión Europea dificulta no solo la renovación de sustancias activas, sino que también limita la inversión en I+D de las empresas, que encuentran cada vez más obstáculos debido a la complejidad, la exigencia y la disparidad de criterios del sistema regulatorio europeo. Esta situación deja a los agricultores sin herramientas esenciales cuando más las necesitan. Recientemente, hemos tenido numerosos casos que ejemplifican esta realidad: los del flufenacet, la metribuzina, tritosulfuron y el spinetoram son claros ejemplos y ponen en cuestión la profesionalidad y la capacidad de los agricultores españoles para aplicar estos productos de manera segura y controlada.

La situación actual pone también de relieve un hecho preocupante: los agricultores no pueden depender de la buena voluntad de los fabricantes ni de la falta de coordinación entre las instituciones. Cada día que falta una herramienta eficaz se traduce en mayores riesgos para los cultivos, pérdidas económicas y una menor competitividad para la agricultura española, un sector estratégico para toda Europa.

Aquí es donde entra una oportunidad histórica: el Proyecto de ley ómnibus para la simplificación de la seguridad alimentaria y de los piensos (Food and Feed Safety Simplification Omnibus). Este reglamento no es un mero trámite; es una herramienta que puede cambiar de manera real y práctica la vida de los agricultores.

Este reglamento está orientado exclusivamente a los productos biológicos, por lo que sería un error desaprovechar la oportunidad de incorporar también a los fitosanitarios convencionales.De una vez por todas, debería permitir que todas las autorizaciones excepcionales se concedan automáticamente cuando un Estado miembro lo apruebe, evitando que los retrasos burocráticos condicionen la capacidad de los agricultores para proteger sus cosechas.

Fuente: Crop Life Europe

Es la oportunidad de garantizar un marco regulatorio predecible, ágil y basado en la ciencia, donde la innovación llegue al campo de manera efectiva y sin excusas.

Las substancias activas que han desaparecido en los últimos años  nos recuerdan que los problemas no se solucionan solos. No basta con que un producto sea seguro y eficaz; hace falta un sistema que permita que los agricultores lo usen cuando lo necesitan. Este ejemplo debería servir como alerta y motivación: la innovación no puede quedarse atrapada en despachos ni en procesos interminables. España necesita un marco que funcione para los agricultores, no contra ellos.

Nuestros agricultores de toda España no pueden seguir esperando. Cada temporada perdida, cada herramienta que no llega al campo, se traduce en menos producción, menores ingresos y más incertidumbre. El reglamento Ómnibus puede y debe cambiar esta realidad, incorporando no solo los productos biológicos, sino también los fitosanitarios convencionales, y garantizando que los agricultores tengan acceso a todas las soluciones que la ciencia y la industria han desarrollado para proteger sus cultivos.

Es hora de que el gobierno actúe con decisión y deje de mirar hacia otro lado. No podemos permitir que la burocracia siga siendo un obstáculo cuando lo que está en juego es el futuro de nuestros agricultores, la seguridad alimentaria y la competitividad de España en Europa.

Cada producto que falta es un recordatorio de que necesitamos soluciones claras, predecibles y rápidas para proteger el trabajo de quienes trabajan la tierra día a día.

Ana Rodríguez Mansilla.

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Resulta preocupante comprobar cómo un asunto de esta trascendencia apenas ocupa espacio en la agenda política nacional. La futura PAC, que condicionará el rumbo de la agricultura europea a partir de 2028, debería estar siendo objeto de un debate permanente y profundo. Sin embargo, la sensación en el sector es justamente la contraria: falta atención, falta interlocución y, sobre todo, falta la prioridad política que merece.

Mientras tanto, las negociaciones avanzan en Bruselas. Ya existe una propuesta sobre la mesa impulsada por la presidencia chipriota de la Unión Europea. Ha sido analizada en los foros comunitarios y ha comenzado una fase decisiva de discusión tanto entre los Estados miembros como en el Parlamento Europeo. Sin embargo, cabe preguntarse si en España existe una verdadera conciencia de la importancia de lo que está en juego y si nuestras administraciones están participando en este proceso con una posición sólida, coordinada y respaldada por el sector.

Quienes llevamos décadas siguiendo las reformas de la PAC recordamos tiempos en los que cada documento europeo era analizado conjuntamente entre las organizaciones agrarias y la Administración. Había reuniones, intercambio de información y voluntad de construir posiciones comunes. Hoy esa dinámica se ha debilitado notablemente. Y eso es un error. La agricultura no puede convertirse en una herramienta de confrontación política ni en un argumento ocasional para el debate partidista. Es una cuestión estratégica para el país.

Las claves para el futuro del campo europeo son muy claras: rentabilidad, competitividad y seguridad. Sin explotaciones rentables no habrá agricultores. Sin competitividad no podremos hacer frente a la creciente presión de los mercados internacionales. Y sin una seguridad integral -que abarque tanto la seguridad alimentaria como la estabilidad jurídica, económica y productiva-, será imposible planificar inversiones y garantizar la continuidad de las explotaciones.

Pero hay una cuarta clave que afecta al conjunto de la sociedad: la soberanía alimentaria. Europa no puede permitirse depender cada vez más de terceros países para abastecerse de productos básicos. La producción agraria es una cuestión económica, pero también estratégica. Las recientes crisis internacionales han demostrado hasta qué punto la capacidad de producir alimentos es un elemento fundamental de estabilidad.

Por eso preocupa que las propuestas presupuestarias que se están discutiendo contemplen nuevos ajustes para la PAC. Especialmente cuando algunos países del norte de Europa siguen defendiendo reducciones aún más profundas de los recursos destinados a la agricultura. No parece razonable exigir más esfuerzos, más requisitos y más obligaciones a agricultores y ganaderos mientras se reducen los instrumentos que permiten sostener la actividad productiva.

Además, existe otro riesgo que no podemos ignorar: la pérdida de identidad propia de la PAC dentro de estructuras financieras cada vez más amplias y complejas. La agricultura necesita una política común reconocible, con objetivos específicos, financiación estable y capacidad de respuesta ante los desafíos propios del sector. Diluirla dentro de grandes fondos generales supondría debilitar una de las políticas más exitosas de la construcción europea.

También resulta imprescindible reforzar los mecanismos de gestión de crisis. El cambio climático, la volatilidad de los mercados y las tensiones geopolíticas hacen cada vez más necesaria la existencia de herramientas específicas para proteger a agricultores y ganaderos frente a situaciones extraordinarias. Del mismo modo, Europa debe apostar decididamente por inversiones estratégicas en agua, digitalización, almacenamiento y resiliencia de las cadenas alimentarias.

Otro de los grandes debates es el relevo generacional. Con frecuencia se presenta como una cuestión que puede resolverse únicamente mediante ayudas específicas para jóvenes. Sin embargo, la realidad es mucho más sencilla y mucho más exigente: los jóvenes se incorporarán al campo cuando vean que pueden construir un proyecto de vida viable. La mejor política de incorporación es una agricultura rentable.

Para lograrlo es necesario facilitar la modernización de las explotaciones, mejorar las infraestructuras hidráulicas, reducir la carga burocrática, garantizar condiciones de competencia equilibradas frente a las importaciones de terceros países y permitir que quienes deseen crecer y ganar dimensión empresarial puedan hacerlo. El relevo generacional no llegará por decreto ni mediante discursos bienintencionados. Llegará cuando el sector vuelva a ofrecer expectativas económicas atractivas.

En este contexto, tampoco ayuda el exceso de gesticulación política que estamos viendo en torno a las negociaciones europeas. Más allá de las declaraciones grandilocuentes, lo que necesita el campo son acuerdos eficaces, posiciones sólidas y capacidad de influencia real. Menos titulares y más trabajo. Menos confrontación y más negociación.

España tiene la responsabilidad de ejercer un papel protagonista en este proceso. Somos una de las grandes potencias agrarias de Europa y debemos defender una PAC fuerte, bien financiada y adaptada a los desafíos del futuro. No se trata de una reivindicación institucional. Se trata de proteger la capacidad de producir alimentos, de mantener vivo el medio rural y de garantizar la autonomía estratégica de Europa.

Los debates que se están desarrollando en Bruselas marcarán el futuro de millones de agricultores y ganaderos durante la próxima década. Por eso no podemos permitir que pase desapercibida. Porque cuando hablamos de agricultura, en realidad estamos hablando de algo mucho más importante: del futuro de nuestra alimentación y de nuestra seguridad como sociedad.

Por José María Fresneda,

presidente de ASAJA Castilla-La Mancha

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La maquinaria agrícola no es un bien accesorio. Es una infraestructura productiva. Un tractor parado en plena campaña, una cosechadora sin recambio, una explotación sin asistencia técnica o un agricultor sin financiación adecuada no son simples incidencias comerciales. Son interrupciones reales de la capacidad productiva del campo.

Por eso preocupa la evolución del canal de distribución y mantenimiento de maquinaria agrícola en Europa y, de forma muy concreta, en España. No puede ser que un agricultor pida cita en un taller y no le reparen el tractor hasta dentro de tres meses. El sector necesita un servicio próximo, rápido y económico para disponer de la maquinaria que cubra las necesidades de la agricultura del siglo XXI. Tener avances tecnológicos siempre es bueno, incluso imprescindible en un mundo cada vez más globalizado donde Europa está perdiendo competitividad a pasos agigantados por una política europea equivocada. Los agricultores necesitamos, además, un apoyo financiero suficiente para mecanizar las explotaciones, a través de una PAC que, en lugar de derivar fondos a armas, sea un motor que incentive una agricultura más moderna.

La maquinaria agrícola es una pieza más de la seguridad alimentaria. Y conviene recordarlo antes de que la concentración del canal, la pérdida de operadores históricos y el alejamiento de los centros de decisión conviertan un problema empresarial en un problema estructural para el campo español.

Cristóbal Aguado Laza
Vicepresidente de ASAJA y presidente de AVA-ASAJA

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Desde ASAJA Aragón se denuncia que las alternativas propuestas por el Ministerio son, en muchos casos, económicamente inviables para las explotaciones agrarias y presentan una eficacia claramente inferior en la erradicación y control de estas plagas. Esta situación obliga a los agricultores a incrementar los tratamientos y los costes de producción en una campaña especialmente complicada.

La organización recuerda que el sector atraviesa un momento de enorme incertidumbre debido al incremento de los costes de producción, especialmente los energéticos, agravados por la tensión geopolítica internacional y los elevados precios derivados de la crisis en el estrecho de Ormuz. En estas circunstancias, los productores de maíz necesitan alcanzar rendimientos de entre 12.000 y 15.000 kilogramos por hectárea simplemente para cubrir gastos, por lo que cualquier merma productiva derivada de la acción de las plagas puede comprometer la viabilidad económica de muchas explotaciones.

ASAJA Aragón considera que la negativa del MAPA responde más a criterios ideológicos que a criterios estrictamente técnicos y agronómicos. La organización entiende que la excepcionalidad de la situación actual, unida a la ausencia de alternativas realmente eficaces, justificaría plenamente la autorización temporal de estas materias activas para proteger los cultivos y garantizar la rentabilidad de las explotaciones.

“La proliferación de la araña roja se puede adelantar 15 o 20 días y puede ser especialmente intensa esta campaña debido a las altas temperaturas registradas desde el inicio del cultivo. Con la autorización excepcional de la Abamectina podría realizarse un control eficaz de la plaga y evitar daños irreversibles en numerosas parcelas de maíz”, señalan desde la organización.

ASAJA Aragón trasladará formalmente su desacuerdo y malestar tanto al Gobierno de Aragón como a ASAJA Nacional, con el objetivo de impulsar nuevas gestiones ante el Ministerio y reclamar que se reconsidere la decisión adoptada. Asimismo, insistirá en la necesidad de autorizar excepcionalmente esta materia activa para que los agricultores dispongan de herramientas eficaces con las que hacer frente a una situación fitosanitaria que amenaza gravemente la producción agrícola de esta campaña. 

Fuente: ASAJA Huesca

https://www.asajahuesca.es/noticias/la-decision-del-mapa-puede-arruinar-la-cosecha-de-maiz-del-valle-del-ebro

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Ahora bien, el error sería analizar el CBAM como si fuera un elemento aislado. En realidad, es una pieza derivada de un marco más amplio, el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS), que ya está afectando de forma directa a sectores estratégicos como el de los fertilizantes.

Sin embargo, el problema de fondo no responde a un único factor. La pérdida de competitividad de la industria europea de fertilizantes es el resultado de una combinación de decisiones que han ido acumulando costes y distorsiones en el mercado. Entre ellas, la aplicación del ETS, el mantenimiento de aranceles en el marco de la nación más favorecida (NMF) a determinados países como Estados Unidos o Trinidad y Tobago, la imposición de nuevos aranceles a fertilizantes procedentes de Rusia y Bielorrusia, y el impacto del Pacto Verde Europeo (Green Deal), especialmente a través del encarecimiento del gas.

Todo ello se produce, además, en un contexto de competencia global profundamente desigual, donde los productores de terceros países no están sujetos a las mismas exigencias regulatorias ni a los mismos costes. El resultado es evidente, una pérdida de competitividad frente a actores externos que operan en condiciones mucho más favorables.

Desde ASAJA venimos advirtiendo de forma reiterada sobre esta situación. El encarecimiento de insumos clave como los fertilizantes está tensionando al límite la viabilidad de muchas explotaciones agrarias y agravando la pérdida de competitividad del campo español.

En el caso de los fertilizantes, las consecuencias son claras. Europa y España han visto cómo su capacidad productiva se reduce, mientras aumenta la dependencia de importaciones exteriores. Lo que antes era un sector estratégico europeo está hoy cada vez más expuesto a decisiones y mercados fuera de la UE.

En este escenario, el ETS añade una presión adicional sobre los costes de producción. En lugar de fortalecer la industria europea, contribuye a debilitarla, trasladando ese impacto directamente a toda la cadena agroalimentaria y, en última instancia, al agricultor.

El encarecimiento de los fertilizantes no es un efecto abstracto. Se traduce en mayores costes para las explotaciones en un momento ya marcado por la volatilidad de los mercados y la tensión en los insumos. Mientras tanto, los productores de fuera de la UE operan sin estas cargas, ampliando aún más la brecha competitiva.

En este contexto, el CBAM se presenta como una herramienta destinada a equilibrar el terreno de juego. Sin embargo, existe un riesgo evidente, que termine siendo un mecanismo corrector parcial que no actúa sobre el origen del problema, sino sobre sus efectos. Si no se revisa en profundidad el papel del ETS en el sector de los fertilizantes, cualquier ajuste será insuficiente.

A ello se suma una cuestión de fondo que no puede ignorarse, la seguridad estratégica. La industria de fertilizantes es esencial para garantizar la producción de alimentos. Su debilitamiento implica una mayor dependencia exterior y una menor capacidad de reacción ante crisis internacionales, especialmente en un contexto geopolítico inestable y con vulnerabilidades en rutas críticas del comercio global.

En este escenario, seguir acumulando instrumentos regulatorios sin abordar la raíz del problema solo conduce a una pérdida progresiva de capacidad productiva en Europa y en España, junto con una creciente dependencia de los terceros países.

La prioridad debe ser clara: actuar sobre el origen del problema. Y eso pasa necesariamente por revisar en profundidad y avanzar hacia la eliminación del ETS en el sector de los fertilizantes si se quiere preservar la competitividad, la autonomía estratégica y la viabilidad del modelo agroalimentario europeo.

Firma: Teresa Lirola (Oficina de ASAJA Bruselas)

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Artículo de opinión – Ramón Solanilla, secretario general de ASAJA Huesca 

Hablar hoy de feudalismo puede parecer exagerado, pero en el campo empieza a percibirse una realidad inquietante: cada vez hay menos espacio para el agricultor y ganadero autónomo, para el pequeño y mediano empresario. Y ese es el verdadero problema. 

Desde ASAJA Huesca no creemos que la existencia de grandes empresas agrarias sea, por sí sola, una amenaza. Forman parte de la evolución del sector, generan actividad y también empleo. El error está en centrar ahí el debate. La cuestión de fondo es otra: el sistema se está estructurando contra el autónomo, contra la explotación familiar, contra quien vive directamente de su trabajo. 

Los datos lo reflejan con claridad. En España hay algo más de 3,3 millones de autónomos, pero su peso relativo en el empleo total lleva años estancado o en retroceso. Sectores tradicionales pierden actividad de forma constante: solo en 2025, el comercio llegó a perder en torno a 30-35 autónomos al día, según ATA. En paralelo, organizaciones como UPTA alertan del descenso continuado de afiliados en agricultura, ganadería, transporte o construcción. 

En el caso del campo, la tendencia es aún más clara: cada año desaparecen miles de explotaciones agrarias, PYMES familiares. En las últimas décadas, España ha perdido más del 50% de sus explotaciones agrarias, mientras aumenta el tamaño medio de las restantes. Es decir, menos agricultores, pero más grandes. 

Eso no es casualidad. 

Hoy el agricultor o ganadero no abandona por falta de vocación. Lo hace porque la normativa es cada vez más compleja, la burocracia más asfixiante, los costes más elevados y la rentabilidad más baja. Cada exigencia administrativa, cada obligación digital o cada nueva regulación impacta con mucha más fuerza en una explotación familiar que en una gran estructura empresarial, PORQUE TAMBIEN NOSOTROS SOMOS EMPESARIOS. 

A esto se suma un cambio silencioso pero decisivo: la tierra se ha convertido también en un activo de inversión. En un contexto de incertidumbre económica, el capital busca refugio en el suelo agrario. Y eso expulsa al profesional que quiere trabajarla, no especular con ella. 

Lo que está en juego en este momento de la historia no es solo un modelo productivo, sino un modelo de sociedad. 

Y si no se corrige esta deriva —con menos burocracia, más rentabilidad y normas pensadas para quienes trabajan el campo— estaremos consolidando un cambio estructural profundo: una economía donde cada vez hay menos espacio para el autónomo y más dependencia de grandes estructuras. 

Ahí está el verdadero problema: el sistema ya no protege al que trabaja, sino al que tiene capacidad de aguantar o de invertir. 

Eso genera una fractura social muy peligrosa. Porque el autónomo agrario no solo produce alimentos: fija población, sostiene pueblos, cuida el territorio y mantiene una forma de vida ligada al esfuerzo, la familia y el arraigo. Si desaparece, no solo cambia el modelo económico: cambia la sociedad rural entera. 

Por eso, quizá la pregunta no sea solo si volveremos a la lucha de clases, sino si ya estamos entrando en ella sin querer reconocerlo. Una lucha menos visible, más silenciosa, más administrativa y económica que política, pero igual de profunda. 

Y en esa lucha, el campo vuelve a ser un espejo de lo que pasa en toda la sociedad: cada vez menos propietarios reales, cada vez más dependencia, cada vez menos autónomos y cada vez más concentración. 

Una nueva lucha de clases, distinta en las formas, pero muy real en el fondo. No entre ideologías, sino entre modelos: el de quienes viven de su trabajo y el de un sistema que cada vez favorece más a quienes tienen estructura, dimensión o capacidad financiera. 

Cuando desaparece un autónomo agrario no solo se pierde una explotación. Se pierde población, se pierde relevo generacional, se pierde actividad económica y se pierde vida en los pueblos. 

Ese es el verdadero debate que no se está abordando: no si hay grandes empresas en el campo, sino por qué cada vez hay menos autónomos que puedan seguir en él. 

Un cambio silencioso, pero decisivo. 

Un cambio que no es solo del campo. 

Es de toda la sociedad. 

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