Claves del modelo: por qué esta finca es un referente formativo

Uno de sus puntos fuertes es el sistema de riego sectorizado, que permite adaptar el aporte de agua a las necesidades reales de cada zona de la finca. Esto no solo mejora el desarrollo del cultivo, sino que también contribuye a un uso más responsable y eficiente del agua, un recurso cada vez más limitado.

En el manejo del suelo, la explotación apuesta por la implantación de cubiertas vegetales, una práctica que ayuda a mejorar la fertilidad, conservar la humedad y favorecer la biodiversidad. Además, estas cubiertas contribuyen a la captación de carbono, reforzando el papel del agricultor en la lucha contra el cambio climático.

La tecnificación es otro de los pilares del modelo. El uso de maquinaria avanzada, como un atomizador con tecnología de sonar, permite aplicar los tratamientos fitosanitarios de forma más precisa, reduciendo el uso de productos y minimizando el impacto ambiental. Esta forma de trabajar demuestra que es posible producir más con menos, optimizando costes y recursos.

En la recolección, la explotación utiliza equipos adaptados al terreno, como un buggy diseñado para reducir la compactación y la erosión del suelo, lo que garantiza la conservación del terreno a largo plazo y mejora la sostenibilidad del sistema productivo.

En conjunto, se trata de una finca que refleja una idea clave: el futuro del olivar pasa por tomar decisiones técnicas bien fundamentadas, incorporar innovación útil y cuidar el suelo como base del sistema productivo. Un modelo real, eficiente y aplicable que demuestra cómo avanzar hacia una agricultura más rentable y sostenible.

Estancia formativa CULTIVA

El Programa CULTIVA, una iniciativa desarrollada y financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Las estancias son gratuitas y el programa cubre alojamiento, manutención y transporte, además de contemplar una compensación por sustitución para la atención de la explotación del participante mientras dura la formación.

Estancia Formativa (1.1)

13 al 17 de abril

Participantes

FRANCISCO JOSÉ CAMBRONERO GONZALEZ, Fuentealbilla (ALBACETE)

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Las organizaciones firmantes de esta declaración conjunta consideran necesario adoptar nuevas medidas para garantizar que la simplificación del Reglamento de la UE sobre la deforestación (EUDR) se convierta en una realidad viable para los agricultores europeos, los propietarios forestales y sus cooperativas.

Si bien los sectores agrícola y forestal europeos acogieron con satisfacción la simplificación aplicada el año pasado a microempresas y pequeñas empresas del sector primario como un paso positivo hacia una mayor proporcionalidad, los trabajos de preparación actuales ponen de manifiesto que es necesario realizar nuevos esfuerzos. Las organizaciones presentan propuestas concretas y constructivas para la simplificación del Reglamento, cuya aplicación efectiva depende de que se tengan en cuenta estas recomendaciones.

El aplazamiento de un año de la aplicación del EUDR ha proporcionado un tiempo adicional útil para la preparación. Sin embargo, en el contexto de la incertidumbre del mercado, el aumento de los costes de producción y las crecientes exigencias normativas, los agricultores y propietarios forestales siguen enfrentándose a una presión significativa y a mayores obligaciones de información. Lamentan que la simplificación no se refleje suficientemente en la práctica, ya que los procedimientos siguen siendo complejos y la carga administrativa elevada para un reglamento que busca abordar la deforestación fuera de sus propias tierras.

La próxima revisión de la simplificación, prevista antes del 30 de abril de 2026, representa una oportunidad clave para aportar soluciones prácticas y viables que aborden los retos de aplicación que aún persisten. Los esfuerzos continuos hacia la simplificación, junto con plazos adecuados, serán esenciales para garantizar una transición fluida.

Desde la entrada en vigor de las nuevas normas, los agricultores, propietarios forestales y cooperativas han colaborado de manera constructiva con las autoridades nacionales para identificar enfoques viables. Esta cooperación ha sido valiosa, pero también ha evidenciado ámbitos donde el marco actual podría simplificarse aún más para reflejar mejor las realidades de las explotaciones agrícolas y forestales.

Sugerencias concretas:

• No exigir la declaración simplificada a micro y pequeños operadores, garantizando que los Estados miembros vinculen sus sistemas nacionales y mejoren su interoperabilidad con el sistema de información del EUDR.
• Fomentar la cooperación con asociaciones de silvicultores y agricultores, grupos de productores y cooperativas para coordinar la presentación de declaraciones simplificadas.
• Reconsiderar la inclusión de información como las cantidades estimadas, cuando su aportación no mejore la trazabilidad.
• Clarificar si las declaraciones deben actualizarse solo ante cambios sustanciales, evitando un sistema de actualizaciones constantes que resulta inmanejable.
• Reducir la intensidad de los controles para los operadores primarios mediante una modificación sustancial de los artículos pertinentes del Reglamento.
• En los países clasificados como de bajo riesgo, ampliar el régimen simplificado a todos los productores primarios, independientemente de su tamaño, ya que el riesgo depende de las leyes de conservación y su eficacia de aplicación, no del tamaño de las explotaciones.

Conclusión:

En el contexto económico actual, sigue siendo esencial conceder tiempo suficiente para la aplicación. Un inicio cuidadosamente planificado, junto con una mayor simplificación del texto, permitirá alcanzar los objetivos del Reglamento sin comprometer la viabilidad de los sectores agrícola y forestal europeos.

Las comunidades agrícolas y forestales europeas reiteran su compromiso con los objetivos del EUDR y su disposición a colaborar constructivamente con las instituciones de la UE y las autoridades nacionales para garantizar un marco práctico, proporcionado y realista.

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La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ciudad Real alza hoy la voz con firmeza, coincidiendo con la clausura del 16º Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, ante una situación que ya no admite más paños calientes: el abandono sistemático del regadío, la falta absoluta de inversiones hidráulicas y la creciente criminalización de los agricultores y regantes, injustamente señalados como responsables de un problema que llevan décadas intentando resolver con esfuerzo propio.

Los regantes de Ciudad Real han hecho todo lo que se les ha exigido —y mucho más— sin apoyo real de la Administración. Han cambiado cultivos, han renunciado a producciones tradicionales como la remolacha, la alfalfa, el pimiento o el maíz, han sido pioneros en la modernización del riego y han invertido millones de euros de su propio bolsillo para hacer más eficiente cada gota de agua. Mientras tanto, la Administración ha permanecido en la inacción más absoluta.

La realidad es contundente: el campo, la sociedad y las infraestructuras del país han evolucionado, pero la política hidráulica en Ciudad Real sigue anclada en el pasado, sin planificación seria ni inversiones estructurales. El resultado es una provincia con una agricultura de subsistencia, un falso regadío con algunas de las dotaciones más bajas de España, que no permiten hablar de viabilidad, sino de resistencia.

Y aun así, lejos de corregir esta situación, se sigue recortando agua a explotaciones que ya están al límite. ASAJA Ciudad Real denuncia con rotundidad que no se puede seguir exigiendo sacrificios infinitos a un sector que ya lo ha dado todo.

Pero la situación va más allá de la falta de agua. “Lo más indignante es que, además, se nos señale públicamente con etiquetas como ‘agricidas’, ‘esquilmadores’ o incluso ‘asesinos del campo’. Es una barbaridad injusta, ofensiva y profundamente desconocedora de la realidad agraria de esta provincia”, denuncian desde la organización.

ASAJA Ciudad Real quiere dejar claro que los agricultores no son el problema, sino la única parte que ha asumido responsabilidades reales. Son quienes han invertido, quienes han modernizado sus explotaciones y quienes han garantizado durante décadas la producción de alimentos en condiciones cada vez más difíciles.

Mientras otros sectores han contado con inversiones, planificación y apoyo público continuado, el regadío de Ciudad Real ha sobrevivido a base de sacrificios privados y decisiones unilaterales que lo han ido asfixiando lentamente.

Por ello, ASAJA Ciudad Real exige de forma contundente a todas las Administraciones competentes el fin inmediato de los recortes arbitrarios de dotaciones, un plan hidrológico serio, realista y ejecutable, inversiones urgentes y estructurales en infraestructuras hidráulicas, el reconocimiento del regadío como sector estratégico, no como problema a reducir, y el cese de la criminalización pública del sector agrario.

“Esto no es una cuestión ideológica ni un debate técnico: es una cuestión de supervivencia. Si no se actúa ya, se estará condenando a miles de explotaciones a desaparecer. Y con ellas, se perderá empleo, riqueza, población y futuro para toda la provincia”, concluye ASAJA Ciudad Real.

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Con esta decisión unilateral, los productores pierden una opción de cultivo esencial para cumplir con las normas de la PAC —como la diversificación, rotación de cultivos o los eco regímenes—, además de incumplir el compromiso del programa agroambiental firmado en 2023 por un periodo de cinco años.

A ASAJA le consta que la compañía ha informado a la Junta de su decisión, pero la Consejería de Agricultura no se ha pronunciado ni sobre este hecho ni sobre la queja formal presentada semanas atrás por la organización. El argumento verbal de Azucarera es que los agricultores afectados presentan bajos rendimientos por hectárea, y que con los precios actuales —en torno a 36 euros por tonelada— no cubrirían los costes de producción.

ASAJA recuerda que la Ley de la Cadena Alimentaria prohíbe contratos de compraventa si el primer eslabón de la cadena no cubre sus costes. Sin embargo, la mayoría de los cultivadores no cubren esos costes ni siquiera con rendimientos altos, y siembran remolacha porque el beneficio llega a través de las subvenciones de la PAC vinculadas al cultivo. Además, la organización subraya que los bajos rendimientos son consecuencia del propio modelo de “contrato compartido” impuesto por Azucarera, donde el agricultor era un mero trabajador asesorado técnica y agronómicamente por la industria.

ASAJA espera de la Junta un gesto contundente e inmediato que defienda los intereses de los productores, en virtud de sus competencias agrarias y del compromiso público adquirido hace un año de no permitir perjuicios derivados del cierre de las azucareras.

La organización reclama una igualdad de trato para todos los agricultores de Castilla y León, sin discriminación por tamaño de explotación o distancia a los centros fabriles, y exige a la compañía una política de precios acorde con la competencia —ACOR— y nuevas inversiones en su fábrica para realizar las campañas remolacheras en un periodo no superior a noventa días. El alargamiento de la campaña está deteriorando la cantidad y calidad de la remolacha, ocasionando pérdidas a los productores al retrasarse las siembras.

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No obstante, la organización insta al Ejecutivo Autonómico a no bajar la guardia y a perseverar e intensificar la estrategia de trabajo de cara a los próximos meses de negociación hasta lograr la aprobación definitiva de este fundamental soporte económico para la actividad agraria del Archipiélago. Para ello, se debe continuar con las conversaciones con el fin de fijar un compromiso de respaldo con todos los grupos parlamentarios europeos.

Desde el momento en que se conoció la exclusión de las RUP en el nuevo presupuesto de la Política Agraria Común (PAC), ASAGA Canarias ASAJA, junto al resto de organizaciones profesionales agrarias (OPAS), manifestó su rotundo rechazo a la propuesta inicial de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen. Esta reivindicación ha sido uno de los motivos de las últimas movilizaciones del sector agrario en Bruselas y en las islas.

Obtenido ahora el respaldo de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Agricultura del PE, la defensa del POSEI debe seguir enfocándose en su mantenimiento estructural y actualización presupuestaria —recordando que el programa no se actualiza desde 2007—, y en que conserve su gestión europea y financiación independiente, evitando que acabe en un fondo común nacional gestionado por el Gobierno de España, lo cual diluiría su propósito original según el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Para la presidenta de la organización, Ángela Delgado, “están en juego actividades estratégicas de calado por su contribución a la soberanía alimentaria, el empleo, el desarrollo local y el paisaje del Archipiélago. Ahora más que nunca debemos presentar una imagen de unidad inquebrantable para defender el POSEI y evitar un posible derribo en el último tramo de las negociaciones, lo que sería nefasto para la viabilidad de las explotaciones agrarias”.

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Ciudad Real, 16 de abril de 2026. La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ciudad Real valora que el Gobierno haya abierto la puerta a ampliar las zonas beneficiarias de indemnizaciones por los graves daños ocasionados por el tren de borrascas del pasado mes de febrero. La organización considera imprescindible que esta flexibilización incluya de manera urgente a la provincia de Ciudad Real, duramente golpeada por estos episodios meteorológicos.

Desde ASAJA Ciudad Real recuerdan que la provincia se encuentra entre Andalucía y Extremadura, comunidades que sí han sido contempladas en estas ayudas y que sufrieron un impacto muy similar al registrado en el campo ciudadrealeño. En este sentido, la organización denuncia una situación “absolutamente incongruente e injusta”, ya que existen agricultores con explotaciones repartidas entre Ciudad Real y comunidades limítrofes que sí percibirán indemnizaciones, mientras que otros profesionales con explotaciones íntegramente en Castilla-La Mancha y con idénticos perjuicios quedarán excluidos de cualquier compensación.

“El campo no entiende de fronteras administrativas cuando se trata de sufrir los efectos de un temporal. No tiene sentido que, con los mismos daños, unos agricultores reciban ayudas y otros no, simplemente por una cuestión geográfica”, señalan desde ASAJA Ciudad Real. La organización insiste en que esta situación genera un agravio comparativo inaceptable y reclama al Ejecutivo que, en aplicación de criterios de equidad y justicia moral, incorpore a la provincia dentro de la ampliación de zonas indemnizables anunciada.

Asimismo, ASAJA recuerda que esta reivindicación ya ha sido trasladada formalmente a la Administración. En concreto, ASAJA Castilla-La Mancha remitió una carta a la Delegación del Gobierno, mientras que ASAJA Ciudad Real hizo lo propio ante la Subdelegación del Gobierno en la provincia, dejando constancia por escrito de la necesidad de incluir a este territorio en el paquete de ayudas.

ASAJA Ciudad Real subraya que el impacto de las borrascas en la provincia ha sido muy significativo, afectando a cultivos, infraestructuras agrarias y explotaciones ganaderas, por lo que considera que no hay argumentos técnicos ni sociales que justifiquen su exclusión. Por todo ello, la organización solicita una revisión urgente de los criterios establecidos y confía en que el Gobierno central atienda esta reivindicación, garantizando un trato justo a todos los agricultores afectados por un mismo fenómeno climático.

ASAJA Ciudad Real

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La Comisión de Seguimiento de las ayudas por las borrascas ha denunciado hoy el “silencio” de la Administración ante la falta de avances en las ayudas destinadas a paliar los daños provocados por las lluvias, una situación que está generando preocupación entre los agricultores y ganaderos de la provincia.

Esta comisión, formada por ASAJA Granada, COAG Granada, UPA Granada, Cooperativas Agroalimentarias de Granada, además de alcaldes de distintos municipios y formaciones políticas, se ha reunido y ha comparecido ante los medios para recordar que hace un mes accedió a aplazar movilizaciones tras la petición de la Administración, que solicitó tiempo para estudiar la inclusión de las zonas que quedaron fuera del primer decreto de ayudas.

“Ha pasado prácticamente un mes y aún no ha salido el listado con la ampliación”, han señalado, aunque han recordado que el Gobierno aprobó un decreto con una disposición adicional que abría la puerta jurídicamente a esa ampliación. Además, se han aportado informes que demuestran daños superiores al 30% en estas comarcas.

La comisión ha criticado también el cambio en las condiciones de acceso a las ayudas. En un primer momento, los agricultores incluidos no debían realizar ningún trámite, pero ahora se les exige aceptar la ayuda y ello implica hacer una declaración responsable de que los daños son superiores a la ayuda.

Seis comarcas de la provincia continúan fuera del decreto: Montes de Granada, Guadix, Baza, Huéscar, Alpujarra y Valle de Lecrín. “Estamos hablando de zonas con daños similares o incluso superiores a otras que sí han sido incluidas. Los agricultores perciben una clara discriminación”.

En la provincia de Granada, se estima que en torno a 20.000 agricultores y ganaderos han quedado fuera del primer listado. Desde las organizaciones agrarias y cooperativas insisten en que la Administración debe ofrecer “una respuesta clara, positiva o negativa, pero inmediata”, para que los afectados puedan tomar decisiones.

A falta de la publicación de la ampliación de municipios, el sector está valorando retomar las movilizaciones en la provincia de Granada, cuya fecha se concretará próximamente. Además, muchos agricultores están considerando presentar recursos de alzada de forma individual, al entender que se encuentran en situación de indefensión.

La comisión ha solicitado reuniones tanto con el Ministerio como con el delegado del Gobierno en Andalucía, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta. “El compromiso que se nos trasladó era que las ayudas llegarían antes de la campaña de la Renta, pero a día de hoy no hay ninguna certeza”, han concluido.

Fuente: ASAJA Granada

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Rasgos modélicos: por qué es una finca a la que se va a aprender

Lo que hace especial a esta explotación es el uso combinado de herramientas de control y monitorización propias de la Agricultura 4.0:

• Riego de precisión: control de humedad con sondas a distintas profundidades, seguimiento nutricional con lisímetros y automatización del riego por goteo para optimizar el uso del agua.
• Datos climáticos y satélite: cuenta con estación meteorológica para registro continuo y utiliza imágenes satelitales para vigilar la variabilidad del desarrollo foliar entre parcelas.
• Gestión integrada en software: toda la información se centraliza en un software de gestión que permite detectar alertas y actuar rápido ante incidencias.

A esto se suma un enfoque claro hacia la mecanización total. La recolección se realiza con máquinas cabalgantes y el fruto se transporta a una planta industrial para su procesamiento, dentro de un circuito de bioeconomía circular que conecta producción, manipulación y transformación. El propio documento subraya que este modelo requiere mano de obra altamente cualificada, con formación técnica y mayor valor profesional.

Estancia formativa CULTIVA

La estancia es de 5 días (35 horas) y ofrece 5 plazas. Durante la formación se trabaja la parte económica (costes de implantación y análisis de rentabilidad por parcela), el uso de tecnología digital (sondas, lisímetros, automatización y satélite), la mecanización, el manejo del suelo con prácticas como cubiertas vegetales para prevenir la erosión, y la sanidad vegetal con control integrado y tratamientos solo cuando son necesarios, con trazabilidad y cumplimiento normativo.

Además, la estancia incluye una visita a cooperativas del municipio y la comarca para conocer su papel en la transformación y comercialización del aceite, y cómo aplican tecnologías de trazabilidad y sostenibilidad.

El Programa CULTIVA, una iniciativa desarrollada y financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Las estancias son gratuitas y el programa cubre alojamiento, manutención y transporte, además de contemplar una compensación por sustitución para la atención de la explotación del participante mientras dura la formación.

Como complemento, la estancia incluye una visita técnica a una explotación ganadera ecológica para conocer de cerca cómo se trabaja la sanidad, alimentación y bienestar animal en un modelo de producción diferenciado.

Estancia Formativa (5.1)

13 al 17 de abril

Participantes

FRANCISCO BOTELLA GRANADOS. Alameda (MALAGA)

Técnicos Finca Aguayos, Francisco Botella (participante) y Álvaro Pérez y Ana Gómez (Coordinadores de ASAJA)

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Ciudad Real, 16 de abril de 2026. La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ciudad Real ha valorado la regularización extraordinaria de personas inmigrantes en situación irregular que acrediten arraigo como una medida necesaria para el sector agrario, en un contexto marcado por la falta estructural de mano de obra.

Desde la organización provincial subrayan que el campo atraviesa desde hace años serias dificultades para cubrir las necesidades de trabajadores, especialmente en campañas agrícolas, lo que compromete la viabilidad de muchas explotaciones. En este sentido, consideran que esta iniciativa puede contribuir a dar respuesta a una problemática real, siempre que se desarrolle “de forma ordenada, con todas las garantías legales y bajo criterios claros”.

No obstante, ASAJA Ciudad Real advierte de que este proceso debe evitar generar un efecto llamada y centrarse en su objetivo principal: garantizar una mano de obra suficiente, cualificada y estable. Para ello, la organización considera imprescindible reforzar la formación en labores agrícolas, favoreciendo así la profesionalización del sector y ofreciendo oportunidades reales de empleo a largo plazo.

Asimismo, ASAJA Ciudad Real destaca que la regularización de estas personas contribuiría a reducir situaciones irregulares y prácticas ilícitas, como la usurpación de identidad o los fraudes promovidos por redes que se aprovechan de su vulnerabilidad. “Avanzar hacia un marco legal claro no solo protege a los trabajadores, sino que también aporta seguridad jurídica a los empresarios agrarios”, apuntan.

Por último, la organización agraria reitera su compromiso con un modelo de empleo agrario digno, estable y regulado, que permita garantizar la competitividad del sector y su papel estratégico en el desarrollo económico y social del medio rural.

ASAJA Ciudad Real

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Durante el encuentro, ARAG-ASAJA ha trasladado la necesidad de implantar un sistema organizado de prevención, comunicación y coordinación frente a los robos. Este sistema se basaría, por un lado, en la recopilación de información relevante para anticipar posibles delitos, incluyendo los periodos más sensibles como las campañas agrícolas, la localización de zonas vulnerables, las producciones agrícolas y ganaderas más afectadas y los datos de los agricultores y ganaderos.

Por otro lado, la organización agraria plantea la creación de un registro detallado de robos y hurtos que recoja información como los datos de la persona afectada, la localización de los hechos, los cultivos implicados y los daños ocasionados. Esta herramienta permitiría mejorar el análisis de la situación y facilitar una respuesta más eficaz por parte de las autoridades.

ARAG-ASAJA ha subrayado también la importancia de denunciar cualquier robo o hurto. Sin denuncia, la Guardia Civil no puede actuar, recuerdan desde la organización, insistiendo en la necesidad de trasladar todos los incidentes para poder combatir esta problemática con mayor eficacia.

Toda la información recopilada será transmitida por ARAG-ASAJA a un contacto directo de la Guardia Civil en cada zona. En este sentido, la organización propone la designación de un único interlocutor por zona para agilizar la comunicación y mejorar la coordinación.

De una multa a 3 años de prisión. Por otra parte, ARAG-ASAJA ha destacado positivamente el cambio legislativo que califica como delito penal agravado el hurto superior a 400 euros, con penas de hasta tres años de prisión. Con esta modificación normativa, ya no es necesario acreditar el daño o perjuicio causado, lo que supone un avance significativo en la lucha contra los delitos agrarios. Además, la reforma del artículo 235.1.4º del Código Penal, en vigor desde el 10 de abril, establece que los hurtos de menor cuantía (inferiores a 400 euros), que antes se castigaban solo con multa, si existen antecedentes por al menos tres delitos similares, pasarán a conllevar penas de hasta tres años de prisión.

Desde ARAG-ASAJA se valora positivamente la colaboración con la Guardia Civil y se reafirma el compromiso de seguir trabajando conjuntamente para garantizar la seguridad en el campo.

Fuente: ARAG-ASAJA

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