Los datos que abrieron su ponencia fueron contundentes. España ha pasado de 2.200.000 agricultores activos a poco más de un millón. Las explotaciones han caído de 1.600.000 a menos de 800.000, y la superficie cultivada ha retrocedido de 26 millones de hectáreas a 22. Castilla y León, la comunidad con mayor superficie agrícola del país, lo vive de primera mano. “Es el gran granero, pero se está quedando vacío”, afirmó Barato.

Frente a ese retroceso, el presidente señaló a la PAC como herramienta imprescindible pero desvirtuada. El presupuesto agrario europeo ha pasado del 70% del presupuesto comunitario en los primeros años de integración a no llegar hoy al 0,7% del PIB europeo. A ello se suma una acumulación de exigencias burocráticas sin reflejo productivo real. “Si alguien se dedicara únicamente a quitar lo que estorba para dejar a la gente trabajar en el campo, sería fantástico”, subrayó.

Su propuesta fue clara: una PAC para el profesional, sea grande, mediano o pequeño, con una legislación pensada para mantener vivos los pueblos. Y con un argumento que reclama más presencia en el debate público: la PAC también beneficia al consumidor, que gracias a ella accede a alimentos de calidad a precios razonables. “Hay que hacer mucha pedagogía sobre esto”, insistió.

La ponencia abordó también el impacto de los costes de producción —fertilizantes, energía, mano de obra— sobre la viabilidad de las explotaciones, en un contexto en el que el precio de venta no cubre con frecuencia el coste de producción. Y cerró con el agua como gran oportunidad pendiente: España tiene 3.600.000 hectáreas de regadío, pero la superficie transformable podría llegar a 12 millones. “Donde hay agua, las cosas se ven de otra forma”, concluyó Barato.

Dieciocho años después de su primera visita, el presidente de ASAJA dejó en La Pedraja el mismo mensaje de fondo: el campo no pide concesiones, pide condiciones justas para trabajar.

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ASAJA Castilla-La Mancha ha exigido a la Consejería de Agricultura medidas reales de flexibilización en la PAC, similares a las ya aplicadas en otras regiones como Andalucía, Extremadura, Castilla y León o Madrid, donde los gobiernos autonómicos han aprobado y publicado en sus respectivos boletines oficiales modificaciones normativas para facilitar el cumplimiento de determinados requisitos a los agricultores afectados por inundaciones y otras incidencias climáticas.

La organización agraria denuncia que, si no se aprueban estas medidas, los agricultores y ganaderos de la región van a competir en desventaja en la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) respecto a los productores de otras comunidades autónomas afectadas por fenómenos meteorológicos adversos.

ASAJA CLM lamenta que la Administración regional considere suficiente el protocolo que quiere poner en marcha y lo justifique diciendo que la campaña de la PAC está muy avanzada para introducir cambios.

En este sentido, la organización agraria ha criticado que el protocolo es una herramienta que no atribuye una verdadera garantía jurídica. Además, ha recordado que el pasado 19 de febrero remitió un escrito al consejero de Agricultura y que el 5 de marzo volvió a trasladarle la necesidad urgente de adoptar estas medidas de flexibilización.

El presidente de ASAJA Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha reprochado que el consejero de Agricultura “no mire por el agricultor de Castilla-La Mancha, para que juegue con las mismas reglas que sus vecinos, no con más burocracia y restricciones, cuando los fenómenos meteorológicos adversos han sido similares. En Andalucía o en Extremadura habrá municipios que se han inundado y otros que no, igual que aquí, pero allí todos los agricultores tienen las mismas reglas y para todos se aplican las flexibilidades. Aquí, el protocolo obliga al agricultor a identificar y justificar individualmente las zonas dañadas por inundaciones mediante croquis o fotografías georreferenciadas”, ha añadido.

Fresneda ha recordado que la Consejería de Agricultura solo tiene una función: “gestionar de forma eficaz, no anunciar cosas que no puede cumplir y caer en la demagogia”.

Por otro lado, la organización agraria ha advertido de que la falta de flexibilidades está obligando a muchos agricultores a realizar un laboreo innecesario para cumplir con los requisitos de la PAC, incluso cuando las condiciones del suelo, ni edáfica ni climatológicamente, son las adecuadas.

En un contexto de elevados costes de producción —con el gasóleo agrícola y otros insumos en niveles muy altos—, ASAJA CLM considera que estas exigencias pueden obligar a realizar labores que no tienen sentido agronómico y que difícilmente permitirán que el cultivo complete su ciclo productivo.

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ASAJA Toledo ha denunciado el retraso en la provincia de Toledo en la tramitación de los expedientes correspondientes a las ayudas a la creación de empresas agrarias por jóvenes agricultores, una situación que contrasta con el ritmo de gestión registrado en otras provincias de Castilla-La Mancha.

Actualmente, se está realizando el primer pago de la ayuda correspondiente a la convocatoria de 2023, cuya solicitud de abono se presentó el 5 de diciembre de 2025. Sin embargo, de los expedientes tramitados por ASAJA Toledo, solo la mitad estaría en proceso de entrar en este primer pago. El resto de solicitudes se encuentran en distintas fases de tramitación, lo que previsiblemente retrasará su abono hasta la siguiente remesa.

La organización agraria ha mostrado especial preocupación por aquellos expedientes que tienen la documentación presentada, pero de los que aún no consta revisión por parte de los servicios técnicos de los organismos provinciales de la Consejería de Agricultura en Toledo.

Desde la organización entienden la complejidad administrativa de estas ayudas, que exigen mucha documentación, incluyendo la elaboración de un plan empresarial, lo que provoca una importante carga de trabajo a los servicios técnicos provinciales de Agricultura, que requerirían probablemente un refuerzo de personal. ASAJA Toledo recalca la excelente disposición de estos servicios para facilitar el avance del trabajo.

No obstante, la organización agraria considera necesario mejorar la coordinación entre las oficinas comarcales y la Delegación de Agricultura, así como estudiar una racionalización del calendario de convocatorias para evitar solapamientos y facilitar una gestión más eficiente de los expedientes, en beneficio de los agricultores y ganaderos toledanos.

Dificultades con el programa de la PAC

Por otro lado, ASAJA Toledo denuncia el mal funcionamiento del programa informático de la PAC en pleno período de solicitud de las ayudas correspondientes a la campaña 2025-2026.

Entre los problemas más habituales, ya comunicados a la Consejería de Agricultura, destaca que la aplicación SGA@pp lleva 20 días sin funcionar, siendo imprescindible para terminar las alegaciones al SIGPAC y presentar las fotos preventivas sobre parcelas afectadas por daños de conejos, encharcamiento, cambios de cultivo, etc., evitando así sanciones por incumplimientos de la condicionalidad agraria o de los ecorregímenes.

Otros fallos detectados afectan a la función gráfica, que funciona con lentitud y presenta problemas de sincronización de recintos, además de incidencias en la recuperación de expedientes, en las cargas de información y en las validaciones.

ASAJA Toledo recuerda la importancia de contar con un soporte informático ágil y sin errores para poder dar el mejor servicio a los agricultores y ganaderos y cumplir los plazos de la PAC, cuyo período de solicitud termina el 30 de abril.

ASAJA Toledo

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La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra manifiesta su profunda preocupación ante la decisión de la Comisión Europea de activar provisionalmente el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, al considerar que esta medida no solo perjudica al sector agrario europeo, sino que también genera incertidumbre en materia de salud pública y seguridad alimentaria.

La activación del acuerdo se produce pocos días después de que una auditoría oficial europea confirmara que Brasil no ha garantizado plenamente que la carne procedente de animales tratados con estradiol 17β quede fuera del mercado comunitario. El informe final señala que las medidas adoptadas por las autoridades brasileñas no han sido totalmente eficaces para excluir este tipo de carne de las exportaciones a la UE y que las deficiencias detectadas socavan la confianza en su sistema de control.

Félix Bariáin, presidente de UAGN, asegura que es especialmente preocupante que, con estas conclusiones oficiales, “se acelere un acuerdo que incrementa las importaciones de productos agroalimentarios sin garantías plenas de seguridad alimentaria”. La organización recuerda que la normativa europea prohíbe el uso de determinadas hormonas en la producción ganadera precisamente para proteger la salud de los consumidores.

La organización insiste en que no se opone al comercio internacional, pero rechaza acuerdos que no garanticen reciprocidad real en materia sanitaria, medioambiental y de bienestar animal. “Permitir la entrada de productos que no cumplen los mismos estándares supone un riesgo para la confianza del consumidor, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del modelo productivo europeo”, continúa Bariáin.

UAGN subraya que el proceso aún no está cerrado. El acuerdo deberá continuar su recorrido institucional: el Parlamento Europeo deberá pronunciarse sobre su ratificación definitiva y, además, un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría suspender cautelarmente su aplicación.

En este contexto, UAGN insta al Ministerio de Agricultura a defender con firmeza los intereses del sector agrario y la protección de los consumidores, y a estudiar la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para salvaguardar la salud pública, la seguridad alimentaria y la viabilidad de las empresas agrarias.

Ante la gravedad de la situación, UAGN advierte de que adoptará las medidas necesarias para defender al campo y garantizar alimentos seguros y de calidad para la ciudadanía. El sector agrario no puede permanecer inmóvil ante decisiones que comprometen su futuro y la confianza de los consumidores europeos.

ASAJA Navarra UAGN

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ASAJA denuncia una traición institucional al campo europeo tras la activación provisional del acuerdo con Mercosur.

La organización recuerda que la batalla no está perdida: el Parlamento Europeo deberá votar la ratificación y un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE podría suspender cautelarmente el acuerdo.

ASAJA critica duramente que la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, active provisionalmente el acuerdo con Mercosur apenas un par de días después de que una auditoría oficial confirmara que Brasil no ha garantizado plenamente que carne procedente de animales tratados con estradiol 17β quede fuera del mercado comunitario. La organización subraya que el proceso aún no está cerrado: el Parlamento Europeo deberá pronunciarse y un eventual recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE podría bloquear temporalmente su aplicación.

ASAJA denuncia que la decisión anunciada en Bruselas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de aplicar provisionalmente el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur supone una auténtica traición al sector agrario europeo.

La organización considera especialmente grave que este paso se produzca apenas unos días después de que la propia Comisión haya publicado el informe final de auditoría DG(SANTE) CT-2025-0241 sobre Brasil, en el que se concluye que la recomendación crítica para garantizar que no se exporte a la UE carne procedente de bovinos tratados con estradiol 17β no ha sido abordada de forma satisfactoria.

El informe reconoce que las medidas adoptadas por la autoridad brasileña no han sido plenamente eficaces para excluir de la exportación a la UE carne de animales tratados con esta sustancia y que las deficiencias detectadas socavan la confianza en el sistema de control. Para ASAJA, “no se entiende cómo, con estas conclusiones oficiales sobre la mesa, las instituciones europeas deciden acelerar un acuerdo que incrementa los contingentes de importación en sectores especialmente sensibles para España”.

ASAJA insiste en que no se opone al comercio internacional, pero sí a acuerdos que no garantizan reciprocidad real en normas sanitarias, medioambientales y de bienestar animal, y que exponen a los productores europeos a una competencia desleal.

No obstante, la organización subraya que la batalla no está cerrada. El acuerdo deberá seguir su recorrido institucional y, una vez que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las dudas jurídicas planteadas, el Parlamento Europeo deberá votar su ratificación definitiva.

Un recurso de un Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la UE, como ya han anunciado públicamente Hungría y Polonia, podría suspender cautelarmente el acuerdo.

En este contexto, ASAJA hace un llamamiento al Gobierno de España para que defienda con firmeza al sector agrario español y estudie la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el objetivo de proteger los intereses de agricultores y ganaderos.

La organización advierte de que, ante la gravedad de los acontecimientos, continuará con su calendario de movilizaciones y adoptará las medidas que considere necesarias para defender al campo español. “El proceso no termina aquí. El sector agrario no va a permanecer inmóvil ante decisiones que comprometen su viabilidad y la seguridad alimentaria europea”, concluye ASAJA.

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Según la propuesta de la Comisión para el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028‑2034, la PAC se reformaría significativamente y se integraría en un Fondo Único más amplio y en la aplicación de planes nacionales únicos. Aunque se presenta como una medida para simplificar y aumentar la flexibilidad, Copa y Cogeca han advertido constantemente contra la renacionalización total de la PAC, que conlleva múltiples consecuencias en cadena para el sector agrícola.

Desde la publicación de la propuesta en pleno verano, la Comisión ha presentado sugerencias de ajustes parciales por parte de los colegisladores tras las importantes protestas agrícolas en Bruselas y Estrasburgo. En este contexto, todo el sector esperaba con impaciencia el dictamen del TCE.

El Tribunal de Cuentas Europeo confirma lo que Copa y Cogeca llevan meses advirtiendo. El dictamen destaca, en particular, que la complejidad de los mecanismos de planificación y la nueva arquitectura jurídica podrían generar incertidumbre para los Estados miembros, reducir la previsibilidad para los beneficiarios y retrasar la entrega de los fondos, lo que, en última instancia, socavaría el objetivo declarado de simplificación de la Comisión.

Otra fuente de incertidumbre es el hecho de que la financiación total de la PAC solo se conocerá una vez que el Consejo haya adoptado los planes nacionales, lo que complica la planificación financiera de los agricultores y dificulta las comparaciones con la PAC actual.

En su dictamen, el TCE señala claramente el riesgo de socavar los elementos comunes de la PAC, lo que podría dar lugar a una competencia desigual y a distorsiones en el mercado interior. Se plantea una llamativa paradoja política: en un momento en que la UE aboga por una mayor integración, la Comisión está dando pasos para renacionalizar su política históricamente más integrada.

Por último, el dictamen subraya la necesidad de trasladar disposiciones adicionales del Fondo a las propuestas de la PAC para preservar su integridad y carácter común, tal y como solicitaron los presidentes de Copa y Cogeca en una carta reciente dirigida a los colegisladores.

El calendario previsto para la adopción del próximo MFP 2028‑2034 es bastante ambicioso, un hecho que también reconoce el otro dictamen específico del TCE sobre la propuesta del MFP.

Para Copa y Cogeca, la publicación de este dictamen marca un hito. Instan al Parlamento Europeo y al Consejo a actuar sobre estas recomendaciones y garantizar que la PAC siga siendo una política sólida, común y predecible, que apoye a los agricultores, las comunidades rurales y la seguridad alimentaria de Europa.

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La futura Política Agrícola Común (PAC) 2028-2034 ha encendido las alarmas entre los auditores europeos. Según un dictamen publicado este lunes, los nuevos mecanismos de planificación y una arquitectura jurídica más compleja pueden generar incertidumbre en los Estados miembros y retrasar la entrega de las ayudas a agricultores y ganaderos.

El dictamen advierte de que la propuesta presentada por la Comisión Europea incorpora procedimientos “complicados” que reducen la previsibilidad y elevan el riesgo de demoras en los pagos. Un escenario que, según fuentes del Tribunal de Cuentas de la UE, tiene una “alta probabilidad” de agravarse respecto al actual periodo presupuestario, donde ya se están produciendo retrasos.

Los auditores subrayan que la mayor flexibilidad que se quiere conceder a los Estados miembros no debe poner en riesgo los objetivos comunes de la PAC, como la protección del medio ambiente o una renta justa para los profesionales del campo. De lo contrario, alertan, podría generar desigualdades entre agricultores, distorsionar la competencia y afectar al funcionamiento del mercado interior.

Para evitarlo, el dictamen reclama que la Comisión “desempeñe eficazmente su función rectora”. El resultado final, añaden, dependerá en gran medida de la preparación de cada país y de si han “hecho bien sus deberes”.

Otro de los puntos críticos es la incertidumbre financiera. El importe total de la PAC solo se conocerá una vez aprobados los planes nacionales dentro del nuevo fondo único propuesto. Esto, advierten los auditores, dificulta a los beneficiarios planificar sus explotaciones y comparar el gasto agrario del actual marco 2021-2027 con el próximo.

Además, el Tribunal pide garantizar la rendición de cuentas y la trazabilidad de las ayudas cuando las intervenciones se basen en hitos y objetivos, ya que las limitaciones detectadas podrían socavar el objetivo de simplificación de las normas.

ASAJA recuerda que garantizar una PAC sencilla y eficaz es clave para asegurar la renta agraria y la soberanía alimentaria de Europa.

El dictamen se remite al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE como asesoramiento independiente sobre la propuesta de la PAC y la Organización Común de Mercados.

Entre los cambios previstos figura la fusión en un solo fondo de los dos instrumentos históricos: pagos directos y desarrollo rural. Para el periodo 2028-2034, Bruselas plantea un presupuesto agrario de 293.700 millones de euros, frente a los cerca de 400.000 millones de los dos fondos en el periodo 2021-2027, un planteamiento que ya ha generado críticas en el sector por el temor a recortes.

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Desde el 2 de febrero, y hasta el próximo 30 de abril, los agricultores y ganaderos pueden presentar la solicitud única de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) correspondiente a la campaña 2026. En total, unos 585.000 profesionales del campo están llamados a tramitar estas ayudas, que cuentan con un presupuesto de 4.897 millones de euros, ocho millones más que en la campaña anterior.

La solicitud única incluye las ayudas directas, así como las ayudas por superficie y por animales vinculadas a las intervenciones de los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas.

Una vez cerrado el plazo ordinario, los solicitantes podrán modificar su solicitud entre el 1 y el 31 de mayo para introducir cambios en su plan de siembra. Además, si se detectan errores, será posible adaptar la solicitud sin penalización hasta el 31 de agosto.

La solicitud deberá presentarse en la comunidad autónoma donde radique la explotación o la mayor parte de su superficie. En el caso de explotaciones sin superficie, se presentará en la comunidad donde se concentre el mayor número de animales.

Programas de desarrollo rural, reserva nacional y cesión de derechos

Desde hoy también se abre el plazo para solicitar los pagos de las intervenciones de los programas de desarrollo rural, tanto las ayudas por superficie como las ayudas ganaderas. En determinadas comunidades autónomas, la solicitud única incluye además las ayudas para el establecimiento de jóvenes agricultores y nuevos agricultores, así como para la puesta en marcha de nuevas empresas rurales.

Asimismo, se puede realizar la comunicación de cesiones de derechos de la Ayuda Básica a la Renta y la solicitud de derechos a la Reserva Nacional de Ayuda Básica a la Renta. Para estos trámites, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha habilitado un nuevo enlace en su página web.

Todos los solicitantes deben presentar la declaración gráfica de las parcelas agrícolas, conforme al Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). Para facilitar la tramitación, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pone a disposición de los solicitantes la información necesaria a través de sus canales oficiales.

El ministerio mantiene además la herramienta informática Sistema de Gestión de Ayudas (SGA), utilizada para la cumplimentación y tramitación de las solicitudes únicas. Actualmente están adheridas a este sistema Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunitat Valenciana. El resto de comunidades autónomas emplean sistemas propios con la misma finalidad.

Tipos de ayudas de la PAC 2026

Las ayudas que pueden solicitarse en la campaña 2026 se agrupan en los siguientes bloques:

1. Regímenes de ayuda desacoplados

• Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (ABRS).
• Ayuda redistributiva complementaria a la renta para la sostenibilidad.
• Ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores y agricultoras.

2. Regímenes en favor del clima y el medio ambiente: ecorregímenes

• Agricultura de carbono y agroecología: pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en superficies de pastos húmedos.
• Agricultura de carbono y agroecología: pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en superficies de pastos mediterráneos.
• Agricultura de carbono y agroecología: rotaciones y siembra directa en tierras de cultivo de secano.
• Agricultura de carbono y agroecología: rotaciones y siembra directa en tierras de cultivo de secano húmedo.
• Agricultura de carbono y agroecología: rotaciones y siembra directa en tierras de cultivo de regadío.
• Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos llanos.
• Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de pendiente media.
• Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de elevada pendiente y bancales.
• Agroecología: espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes.

3. Regímenes específicos de ayudas por superficie

• Pago específico al cultivo del algodón.

4. Ayudas a la renta asociadas

• Ayuda a la producción sostenible de proteínas de origen vegetal (Plan proteico).
• Ayuda a la producción sostenible de arroz.
• Ayuda a la producción sostenible de remolacha azucarera.
• Ayuda a la producción sostenible de tomate para transformación.
• Ayuda a los productores de frutos secos en áreas con riesgo de desertificación.
• Ayuda a la producción tradicional de uva pasa.
• Ayuda al olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental.
• Ayuda para los ganaderos extensivos de vacuno de carne.
• Ayuda para el engorde de terneros en la explotación de nacimiento.
• Ayuda para el engorde sostenible de terneros.
• Ayuda para la producción sostenible de leche de vaca.
• Ayuda para ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino de carne.
• Ayuda para la producción sostenible de leche de oveja y cabra.
• Ayuda para ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino sin pastos a su disposición que pastorean rastrojeras, barbechos y restos hortofrutícolas.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación / FEGA.

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ASAJA, UCCL y la Alianza UPA COAG valoran como un paso importante que la petición haya sido aprobada por todos los grupos políticos presentes en el Comité, que han reconocido los problemas de base que existen en la propuesta actual de futura PAC, tanto los recortes de financiación como los que se derivarían de eliminar los dos pilares o renacionalizar excesivamente la aplicación, lo que contribuiría a crear agravios entre los diferentes territorios. La petición seguirá abierta y esto obligará a la CE a dar explicaciones, lo que será una oportunidad para que el PE siga defendiendo el sector ante el recorte de la PAC y el desmantelamiento de su estructura. 

En la petición -transmitida en nombre de todas las OPA por Donaciano Dujo, presidente de ASAJA de Castilla y León- se ha expuesto el difícil momento que viven los agricultores, malestar que expresan estos días en la calle, con protestas tanto en esta comunidad autónoma como en toda España. También ha manifestado que la propuesta elaborada en Castilla y León en defensa de una PAC fuerte, productiva y libre de burocracia es compartida por el resto de los territorios de España y también el resto de los países miembro de la UE. Prueba de ello ha sido el unánime respaldo de las organizaciones agrarias de los 27 a las históricas movilizaciones celebradas el pasado 18 de diciembre en Bruselas y el 20 de enero en Estrasburgo, que han resultado claves para enviar a la Corte Europea el acuerdo del Mercosur y para excluir a los sectores sensibles en el acuerdo con India. El documento ahora aceptado por el Comité de Peticiones del PE es un paso más en esta estrategia de unidad del sector, tanto nacional como europeo, que está dando los mejores frutos para defender el futuro del campo y de los pueblos. 

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Durante su intervención, el presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, ha advertido de que la propuesta sobre la PAC 2028-2034 supone “menos dinero y más exigencias”, y ha subrayado que “están jugando con las cosas de comer”, en referencia al impacto directo sobre la rentabilidad de las explotaciones y la seguridad alimentaria.

Bajo el mensaje “Si se cargan la PAC, se tambalean los cimientos de Europa”, Barato ha insistido en tres ideas clave. En primer lugar, el presupuesto, alertando de un recorte del 22%, que sería aún mayor si se tiene en cuenta la inflación. En segundo lugar, el papel de Europa, recordando que la PAC es una de las pocas políticas verdaderamente comunes y que su debilitamiento pondría en riesgo el proyecto europeo. Y, por último, la realidad del campo, reclamando que no se legisle de espaldas a agricultores y ganaderos.

La movilización del 18D coincide con el Consejo Europeo del 18 y 19 de diciembre, en el que se debatirá el próximo Marco Financiero Plurianual. En paralelo, el acuerdo UE–Mercosur vuelve al centro del debate, con presiones para retrasar su ratificación y en un contexto de protestas agrarias en varios países.

La protesta está convocada para el jueves, 18 de diciembre, entre las 12:00 y las 15:30 horas (CET), con un recorrido por Boulevard Roi Albert II, Rue de la Loi y Place du Luxembourg. Se trata de una movilización paneuropea que reúne a 40 organizaciones miembro de Copa y Cogeca de 27 países europeos. ASAJA acudirá con representación española junto a COAG y UPA, y considera el 18D como “el inicio” de un ciclo de acciones en defensa del futuro del campo europeo.

Las organizaciones resumen sus reivindicaciones en tres grandes demandas: una PAC fuerte y bien financiada; comercio justo y reciprocidad, con rechazo a acuerdos que no garanticen estándares equivalentes; y una simplificación real que aporte seguridad jurídica en las explotaciones.

En la comparecencia han dejado abierta la puerta abierta a movilizaciones si no hay soluciones. En la rueda de prensa intervinieron Pedro Barato Triguero (presidente de ASAJA), Miguel Padilla Campoy (secretario general de COAG) y Cristóbal Cano Martín (secretario general de UPA).

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