Año y medio después, el temor a que una nueva DANA cause desbordamientos y daños catastróficos sigue muy presente. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) alerta que el barranco del Carraixet se encuentra en estado de “abandono” por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), hasta el extremo de parecer “una auténtica selva plagada de cañas”, y reclama una limpieza de vegetación y una gestión ambiental adecuada para prevenir desbordamientos ante futuras riadas.

Una delegación de AVA-ASAJA ha recorrido junto a agricultores de l’Horta Nord el cauce del Carraixet desde Bétera hasta su salida al mar en Alboraia para comprobar sobre el terreno la acumulación de grandes masas de cañaverales invasores, además de árboles, maleza y enseres. Su presidente, Cristóbal Aguado, afirma que “el Carraixet está igual de sucio y colapsado que lo estaba el barranco del Poyo, por lo que, si esta vez la DANA tuviera lugar arriba de Valencia, podría repetirse la misma catástrofe”.

El delegado de AVA-Foios, José Ramón Saurí, asegura que “nunca pasa nada, pero el día que pase vendrán las lamentaciones. Lo menos que podemos hacer es aprender de los errores pasados y estar mejor preparados para el futuro. En la Comunitat Valenciana son habituales las gotas frías y los expertos vaticinan que cada vez serán más extremas. Por poco nos salvamos en l’Horta Nord de la DANA de 2024, pero quién sabe si la próxima sucederá aquí. Por eso debemos mantener los barrancos, como el Carraixet, más cuidados y limpios”.

Aunque el barranco del Carraixet nace en Gátova y atraviesa Marines y Olocau, la preocupación de los agricultores se acentúa a partir del término de Bétera –donde confluyen varias ramblas desde la vertiente sur de la Sierra Calderona– y aguas abajo también preocupan Moncada, Alfara del Patriarca, Foios, Vinalesa, Benifaraig, Carpesa, Bonrepós i Mirambell, Tavernes Blanques, Almàssera y Alboraia. Un posible desbordamiento del cauce se vería agravado por el hecho de que estos núcleos urbanos, polígonos industriales y huertos tienen una superficie bastante llana y próxima al nivel del mar, de manera similar a las poblaciones de l’Horta Sur y La Ribera que fueron damnificadas por la DANA.

Además, AVA-ASAJA advierte de la baja altura del nuevo puente del bypass que atraviesa el barranco del Carraixet. Saurí afirma que “la construcción parece que no deja bastantes metros de altura para dejar pasar las cañas arrastradas por una futura riada”. Aguado agrega que “podría convertirse en una barrera cuando, además de agua, bajara toda la vegetación que no se ha retirado previamente”.

AVA-ASAJA reitera la necesidad de que el Gobierno central, especialmente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), del que depende la CHJ, “aprenda la lección de la DANA y rectifique sus políticas hídricas y medioambientales que contribuyeron a elevar los daños. A pesar de las desastrosas consecuencias de la DANA, la CHJ continúa erre que erre insistiendo en dejar una excesiva vegetación para frenar avenidas, en lugar de quitar cañas que luego bloquean, provocan inundaciones graves y, además, destruyen los puentes. Prevenir es mejor que curar, prevenir es salvar vidas y minimizar daños. Hay que pisar el barranco para saber el peligro que seguimos corriendo”.

Paralelamente, ya sea para prevenir riadas o sequías, AVA-ASAJA reivindica la construcción y modernización de nuevas infraestructuras hidráulicas que permitan optimizar el almacenamiento, la laminación y la distribución de agua en casos de emergencia, por escasez o por exceso de agua, situaciones ambas recurrentes en la cuenca mediterránea: “Seguir así es malo para la sociedad, la economía, la agricultura y el medioambiente”, concluye el dirigente agrario.

AVA ASAJA

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La organización agraria insiste en que la situación actual requiere una respuesta más ambiciosa, coordinada y eficaz. Por ello, considera imprescindible ampliar las medidas vigentes con nuevas actuaciones que permitan atajar el problema desde todos los ámbitos y garantizar soluciones reales para el sector agrario.

En materia cinegética, ASAJA CLM plantea intensificar el control poblacional mediante la ampliación de métodos y calibres autorizados, incluyendo el uso de aire comprimido en 4,5 mm y 5,5 mm. También propone extender la caza nocturna y el uso del calibre 22 a sociedades de cazadores y cotos, garantizar la continuidad del control durante todo el año —incorporando el mes de mayo—, reducir las distancias de seguridad en zonas críticas, permitir el uso controlado de métodos químicos en casos excepcionales, agilizar la autorización de cajas trampa y reforzar los equipos humanos con más agentes medioambientales y especialistas huroneros.

En el ámbito ambiental, ASAJA CLM reclama actuaciones directas sobre el entorno para facilitar el control de la especie. Entre ellas, mantener infraestructuras y cauces limpios para localizar madrigueras, reconocer las superficies afectadas como barbecho de biodiversidad dentro de los Ecorregímenes, e impulsar la investigación de nuevas herramientas de control masivo, como el desarrollo de piensos específicos.

La prevención ocupa un lugar destacado en las propuestas. ASAJA CLM plantea el vallado perimetral técnico y ultrarresistente en todas las vías de comunicación —autovías, nacionales, humedales, lagunas y zonas ZEPA—, así como la publicación inmediata de ayudas para cerramientos, protectores individuales y eliminación de majanos, con financiación suficiente para cubrir la totalidad de las inversiones.

En relación con los seguros agrarios, la organización valora la petición de eliminar el límite de años para indemnizaciones, pero considera vital reformar los procedimientos de Agroseguro y ENESA para que la cobertura sea real y ajustada al daño actual.

En el ámbito administrativo y tecnológico, ASAJA CLM propone ampliar la declaración de emergencia cinegética a nuevos municipios, agilizar los trámites para aprobar planes técnicos de caza y exigir responsabilidades a los cotos que no colaboren activamente. Además, pide a las Diputaciones Provinciales establecer fondos de ayudas directas, publicar convocatorias comprometidas y simplificar requisitos para garantizar la eficacia de las medidas.

Todo ello, ha explicado la organización, debe contar con suficiencia presupuestaria. Es necesario incrementar los fondos destinados al control de la sobrepoblación, ajustándolos a la magnitud real del problema.

Con este paquete de 18 medidas adicionales, ASAJA CLM busca que la Mesa del Conejo de mañana no sea un mero trámite, sino el punto de inflexión definitivo para salvar la viabilidad de miles de explotaciones en la región.

ASAJA Castilla La Mancha

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Según la última actualización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), fechada el 22 de abril de 2026, los Servicios Veterinarios Oficiales de la Generalitat han notificado 16 nuevos casos en jabalíes silvestres dentro de la zona restringida II.

Con estos registros, el balance total asciende a 47 focos —3 primarios y 44 secundarios— y 284 jabalíes positivos repartidos en 12 municipios del área metropolitana de Barcelona: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Rubí, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Barcelona, Sabadell, El Papiol y, por primera vez, Castellbisbal.

La detección en Castellbisbal es especialmente relevante porque este municipio se encuentra a menos de 3 kilómetros de la zona restringida I. Esto obliga a modificar la zonificación vigente establecida en el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/594, lo que supondrá la inclusión de nuevos municipios en las zonas restringidas I y II en los próximos días.

Como medida urgente, ya se están instalando barreras físicas alrededor del nuevo foco. Actualmente existe vallado ejecutado hasta 4 kilómetros, y se prevé completar el cierre perimetral a 6 kilómetros a lo largo de esta semana, enlazando con vallados preexistentes.

Los servicios veterinarios han analizado 3.746 animales con resultado negativo: 2.936 capturados o abatidos sin síntomas clínicos y 810 investigados mediante vigilancia pasiva (cadáveres o restos hallados en el entorno natural).

Para contener la enfermedad, se ha diseñado una “zona blanca” de al menos 6 kilómetros de ancho alrededor del área afectada, con una zona buffer intermedia en la que se intensificarán los esfuerzos para reducir la densidad de jabalíes mediante trampas y control poblacional a cargo de agentes rurales y cazadores formados.

Una buena noticia para el sector: las 45 explotaciones comerciales ubicadas en las zonas restringidas I y II siguen siendo inspeccionadas regularmente y, hasta la fecha, no se ha detectado ningún caso positivo en cerdo doméstico. Los controles de bioseguridad se mantienen y se han reforzado.

Las autoridades insisten en varios puntos clave:

• La PPA no es una zoonosis, no hay riesgo para las personas ni por contacto ni por consumo.
• Es obligatorio extremar las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones y en el transporte de animales.
• Cualquier sospecha debe comunicarse de inmediato a los Servicios Veterinarios Oficiales.
• Se mantiene un alto nivel de alerta en todo el territorio nacional, con vigilancia reforzada en Cataluña y el resto de España.

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El importe total de esta ayuda a los agricultores y ganaderos beneficiarios sería de 5,2 millones de euros. Sin embargo, las cuantías que aparecen en este listado provisional podrían minorarse en caso de concurrencia con otras ayudas, subvenciones o ingresos cuya suma podría superar los límites establecidos en la normativa comunitaria aplicable en cada caso.

El Real Decreto Ley 5/2026, de 17 de febrero, que establece medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, incluye una ayuda para los agricultores y ganaderos que tienen contratada una póliza de seguro agrario con franquicia para compensarles por los daños no indemnizados por ésta. Los 876 agricultores y ganaderos incluidos en la relación publicada disponen de un acta de tasación definitiva.

Los beneficiarios dispondrán de un plazo de cinco días hábiles para rechazar la ayuda o comunicar errores materiales de identificación o de información personal, exclusivamente a través del formulario electrónico disponible en la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dicho formulario estará activo desde el martes 28 de abril hasta el 5 de mayo, ambos incluidos.

Esta es una segunda medida de apoyo para los agricultores y ganaderos titulares de pólizas de seguro agrario que sufrieron daños en sus explotaciones como consecuencia de las borrascas sucedidas entre los meses de enero y febrero.

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Según la información recabada por ASAJA, dos de cada tres solicitudes podrían quedar sin apoyo, pese a que el plazo de presentación finalizó el 13 de febrero y se admitían sustituciones realizadas entre el 19 de agosto de 2025 y el 30 de junio de 2026. Esto implica que muchos agricultores y ganaderos, que ya han realizado la inversión, no recibirán ayuda ni podrán optar a futuras convocatorias.

ASAJA denuncia que este problema no es puntual, sino recurrente desde el inicio de esta línea de subvenciones, que suma ya cinco convocatorias.

“En todas ha habido problemas por falta de presupuesto y de planificación”, critica la organización.

El presupuesto de la convocatoria 2026, igual que el de 2025, ha sido de 3 millones de euros, suficientes para atender apenas 160 solicitudes. ASAJA alerta de que, con este ritmo, no se cumplirá la normativa que exige la eliminación total del amianto antes de 2028.

Transparencia y coordinación institucional

Hace unos meses, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, responsable del área de Prevención Laboral, anunció la elaboración de un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto para apoyar a los municipios de menos de 5.000 habitantes en el cumplimiento de la normativa, priorizando por grado de peligrosidad.

ASAJA considera esencial aportar transparencia sobre este proceso para conocer los plazos de intervención y ajustar el esfuerzo de los agricultores y ganaderos con el apoyo de las administraciones.

“No podemos seguir dando palos de ciego, cumplimentando solicitudes y asumiendo toda la inversión, cuando parece que de partida ya habíamos sido excluidos”, lamenta la organización.

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Malestar e indignación entre los propietarios de explotaciones agrarias limítrofes a barrancos y ríos que quedaron arrasadas a causa de la DANA del 29 de octubre de 2024 y que ahora pasan al Dominio Público Hidráulico (DPH), es decir, a manos del Estado. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) acusa al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de “incautar estas propiedades privadas sin pagar ninguna compensación y hacerlo de tapadillo, sin avisar previamente al sector agrario y mediante una revisión normativa periódica del BOE”.

Después de más de un año de reuniones entre AVA-ASAJA, el Comisionado para la reconstrucción por la DANA y el propio Miteco —donde se prometió estudiar una compensación justa para los titulares de terrenos que pasarían a integrarse en el DPH—, la organización denuncia que esa promesa no se ha cumplido. AVA-ASAJA se enteró de la situación por una llamada del delegado de Sot de Chera, donde se prevén obras de reparación, y por una consulta posterior a la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). El Gobierno está tramitando la revisión de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI) en las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI). La consulta pública comenzó el 26 de enero, mediante anuncio en el BOE, y si en tres meses —plazo que finaliza el próximo lunes— no se presentan alegaciones, la delimitación del DPH tendrá presunción de veracidad.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, estalló al conocer los hechos: “Consideramos que la manera de actuar del Gobierno, y en concreto del Miteco, es torticera y miserable. Mientras llevamos muchos meses dialogando e intentando consensuar una solución justa, nos enteramos por casualidad de que el Gobierno ha escondido bajo la capa de una consulta pública esta usurpación de terrenos particulares al más puro estilo comunista. Nos sentimos traicionados. Ni el Miteco estuvo antes de la riada para hacer las infraestructuras hidráulicas que hubieran minimizado los daños, ni está ahora para compensar la tierra que arrebata”.

Información y reivindicación

AVA-ASAJA ha iniciado una campaña de información y reivindicación para lograr una rectificación rápida y contundente del Gobierno que dé una respuesta digna a los agricultores y ganaderos afectados. La organización ha enviado cartas a la ministra del Miteco, Sara Aagesen; al ministro de Agricultura, Luis Planas; a la Comisionada del Gobierno para la recuperación por la DANA, Zulima Pérez; y al presidente de la CHJ, Miguel Polo, manifestando su rechazo a la actuación sobre el DPH y exigiendo una compensación económica.

Asimismo, solicita la colaboración del President de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; del conseller de Agricultura, Miguel Barrachina; del conseller de Medio Ambiente y de la Recuperación, Vicente Martínez; y del presidente de la CEV, Vicente Lafuente.

Paralelamente, AVA-ASAJA refuerza el asesoramiento a las personas damnificadas. Técnicos y abogados impartieron ayer una charla informativa en Sot de Chera, donde explicaron las implicaciones legales y resolvieron dudas. La asociación no descarta acudir a los tribunales para conseguir una compensación que considera justa y legítima.

540 días después

Como consecuencia de la DANA, más de 300 hectáreas de parcelas agrarias próximas a cauces quedaron gravemente afectadas, en muchos casos totalmente desaparecidas. Al no tratarse de una crecida ordinaria —como contempla la Ley de Aguas—, AVA-ASAJA propuso a la Administración que, en lugar de destinar ingentes fondos públicos a restaurar estas parcelas, se aprobara una línea de indemnizaciones por su paso al DPH. De este modo, la Administración ahorraría dinero, los cauces ampliarían su anchura y los propietarios recibirían una compensación suficiente para iniciar otra explotación en un área no inundable.

A raíz de la Orden APA/383/2025, el Ministerio de Agricultura mostró buena voluntad al establecer una compensación por pérdida de renta de 11.800 euros por hectárea por daños en infraestructuras. Sin embargo, el Miteco no atendió la demanda de compensar la pérdida de terrenos privados que pasarían al DPH. 540 días después de la DANA, la solución sigue sin llegar.

Aguado concluyó: “No entendemos que dos ministerios del mismo Gobierno sean tan diferentes a la hora de atender a los damnificados. Mientras Agricultura ha echado una mano, el Miteco tira por el suelo todo el esfuerzo por el chocolate del loro”.

ASAJA AVA

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Gran parte de las explotaciones situadas en el centro de Aragón, especialmente en el sur de Zaragoza y Huesca, así como en el norte de Teruel, dependen de manera urgente de lluvias generalizadas y de una bajada de temperaturas en los próximos días. Sin embargo, las previsiones meteorológicas apuntan a lo contrario, lo que podría abocar a numerosas parcelas a producciones mínimas o incluso nulas.

Desde nuestra organización agraria se señala que todavía existe cierto margen de reacción en las tierras altas del norte de Zaragoza y Huesca, así como en las zonas altas y el sur de Teruel, al tratarse de cosechas más tardías. No obstante, también en estas comarcas será imprescindible un cambio meteorológico inmediato para salvar la campaña.

ASAJA Aragón destaca además la paradoja que vive el campo aragonés este año. Tras un invierno lluvioso, muchos agricultores realizaron mayores inversiones en fertilizantes, herbicidas y fungicidas, confiando en una campaña normal o positiva. Si finalmente no se logra cosechar, las pérdidas económicas serán todavía más graves debido al elevado coste de producción asumido durante los últimos meses.

La organización advierte de que esta situación llega en uno de los momentos más delicados para el sector cerealista aragonés, que arrastra numerosos problemas estructurales:

• Altos costes de producción.
• Bajos precios pagados al agricultor.
• Repetición de malas cosechas.
• Gran hartazgo por la excesiva burocracia y normativa medioambiental.
• Falta de herramientas eficaces frente a los mercados competidores exteriores.

Por todo ello, si la situación se mantiene, ASAJA Aragón solicitará al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España medidas de apoyo para los agricultores afectados.

“De confirmarse esta catástrofe productiva, estaríamos ante la puntilla para muchas explotaciones cerealistas aragonesas”, concluyen desde ASAJA Aragón.

ASAJA Aragón

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Las organizaciones firmantes de esta declaración conjunta consideran necesario adoptar nuevas medidas para garantizar que la simplificación del Reglamento de la UE sobre la deforestación (EUDR) se convierta en una realidad viable para los agricultores europeos, los propietarios forestales y sus cooperativas.

Si bien los sectores agrícola y forestal europeos acogieron con satisfacción la simplificación aplicada el año pasado a microempresas y pequeñas empresas del sector primario como un paso positivo hacia una mayor proporcionalidad, los trabajos de preparación actuales ponen de manifiesto que es necesario realizar nuevos esfuerzos. Las organizaciones presentan propuestas concretas y constructivas para la simplificación del Reglamento, cuya aplicación efectiva depende de que se tengan en cuenta estas recomendaciones.

El aplazamiento de un año de la aplicación del EUDR ha proporcionado un tiempo adicional útil para la preparación. Sin embargo, en el contexto de la incertidumbre del mercado, el aumento de los costes de producción y las crecientes exigencias normativas, los agricultores y propietarios forestales siguen enfrentándose a una presión significativa y a mayores obligaciones de información. Lamentan que la simplificación no se refleje suficientemente en la práctica, ya que los procedimientos siguen siendo complejos y la carga administrativa elevada para un reglamento que busca abordar la deforestación fuera de sus propias tierras.

La próxima revisión de la simplificación, prevista antes del 30 de abril de 2026, representa una oportunidad clave para aportar soluciones prácticas y viables que aborden los retos de aplicación que aún persisten. Los esfuerzos continuos hacia la simplificación, junto con plazos adecuados, serán esenciales para garantizar una transición fluida.

Desde la entrada en vigor de las nuevas normas, los agricultores, propietarios forestales y cooperativas han colaborado de manera constructiva con las autoridades nacionales para identificar enfoques viables. Esta cooperación ha sido valiosa, pero también ha evidenciado ámbitos donde el marco actual podría simplificarse aún más para reflejar mejor las realidades de las explotaciones agrícolas y forestales.

Sugerencias concretas:

• No exigir la declaración simplificada a micro y pequeños operadores, garantizando que los Estados miembros vinculen sus sistemas nacionales y mejoren su interoperabilidad con el sistema de información del EUDR.
• Fomentar la cooperación con asociaciones de silvicultores y agricultores, grupos de productores y cooperativas para coordinar la presentación de declaraciones simplificadas.
• Reconsiderar la inclusión de información como las cantidades estimadas, cuando su aportación no mejore la trazabilidad.
• Clarificar si las declaraciones deben actualizarse solo ante cambios sustanciales, evitando un sistema de actualizaciones constantes que resulta inmanejable.
• Reducir la intensidad de los controles para los operadores primarios mediante una modificación sustancial de los artículos pertinentes del Reglamento.
• En los países clasificados como de bajo riesgo, ampliar el régimen simplificado a todos los productores primarios, independientemente de su tamaño, ya que el riesgo depende de las leyes de conservación y su eficacia de aplicación, no del tamaño de las explotaciones.

Conclusión:

En el contexto económico actual, sigue siendo esencial conceder tiempo suficiente para la aplicación. Un inicio cuidadosamente planificado, junto con una mayor simplificación del texto, permitirá alcanzar los objetivos del Reglamento sin comprometer la viabilidad de los sectores agrícola y forestal europeos.

Las comunidades agrícolas y forestales europeas reiteran su compromiso con los objetivos del EUDR y su disposición a colaborar constructivamente con las instituciones de la UE y las autoridades nacionales para garantizar un marco práctico, proporcionado y realista.

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Ciudad Real, 16 de abril de 2026. La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ciudad Real valora que el Gobierno haya abierto la puerta a ampliar las zonas beneficiarias de indemnizaciones por los graves daños ocasionados por el tren de borrascas del pasado mes de febrero. La organización considera imprescindible que esta flexibilización incluya de manera urgente a la provincia de Ciudad Real, duramente golpeada por estos episodios meteorológicos.

Desde ASAJA Ciudad Real recuerdan que la provincia se encuentra entre Andalucía y Extremadura, comunidades que sí han sido contempladas en estas ayudas y que sufrieron un impacto muy similar al registrado en el campo ciudadrealeño. En este sentido, la organización denuncia una situación “absolutamente incongruente e injusta”, ya que existen agricultores con explotaciones repartidas entre Ciudad Real y comunidades limítrofes que sí percibirán indemnizaciones, mientras que otros profesionales con explotaciones íntegramente en Castilla-La Mancha y con idénticos perjuicios quedarán excluidos de cualquier compensación.

“El campo no entiende de fronteras administrativas cuando se trata de sufrir los efectos de un temporal. No tiene sentido que, con los mismos daños, unos agricultores reciban ayudas y otros no, simplemente por una cuestión geográfica”, señalan desde ASAJA Ciudad Real. La organización insiste en que esta situación genera un agravio comparativo inaceptable y reclama al Ejecutivo que, en aplicación de criterios de equidad y justicia moral, incorpore a la provincia dentro de la ampliación de zonas indemnizables anunciada.

Asimismo, ASAJA recuerda que esta reivindicación ya ha sido trasladada formalmente a la Administración. En concreto, ASAJA Castilla-La Mancha remitió una carta a la Delegación del Gobierno, mientras que ASAJA Ciudad Real hizo lo propio ante la Subdelegación del Gobierno en la provincia, dejando constancia por escrito de la necesidad de incluir a este territorio en el paquete de ayudas.

ASAJA Ciudad Real subraya que el impacto de las borrascas en la provincia ha sido muy significativo, afectando a cultivos, infraestructuras agrarias y explotaciones ganaderas, por lo que considera que no hay argumentos técnicos ni sociales que justifiquen su exclusión. Por todo ello, la organización solicita una revisión urgente de los criterios establecidos y confía en que el Gobierno central atienda esta reivindicación, garantizando un trato justo a todos los agricultores afectados por un mismo fenómeno climático.

ASAJA Ciudad Real

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La Comisión de Seguimiento de las ayudas por las borrascas ha denunciado hoy el “silencio” de la Administración ante la falta de avances en las ayudas destinadas a paliar los daños provocados por las lluvias, una situación que está generando preocupación entre los agricultores y ganaderos de la provincia.

Esta comisión, formada por ASAJA Granada, COAG Granada, UPA Granada, Cooperativas Agroalimentarias de Granada, además de alcaldes de distintos municipios y formaciones políticas, se ha reunido y ha comparecido ante los medios para recordar que hace un mes accedió a aplazar movilizaciones tras la petición de la Administración, que solicitó tiempo para estudiar la inclusión de las zonas que quedaron fuera del primer decreto de ayudas.

“Ha pasado prácticamente un mes y aún no ha salido el listado con la ampliación”, han señalado, aunque han recordado que el Gobierno aprobó un decreto con una disposición adicional que abría la puerta jurídicamente a esa ampliación. Además, se han aportado informes que demuestran daños superiores al 30% en estas comarcas.

La comisión ha criticado también el cambio en las condiciones de acceso a las ayudas. En un primer momento, los agricultores incluidos no debían realizar ningún trámite, pero ahora se les exige aceptar la ayuda y ello implica hacer una declaración responsable de que los daños son superiores a la ayuda.

Seis comarcas de la provincia continúan fuera del decreto: Montes de Granada, Guadix, Baza, Huéscar, Alpujarra y Valle de Lecrín. “Estamos hablando de zonas con daños similares o incluso superiores a otras que sí han sido incluidas. Los agricultores perciben una clara discriminación”.

En la provincia de Granada, se estima que en torno a 20.000 agricultores y ganaderos han quedado fuera del primer listado. Desde las organizaciones agrarias y cooperativas insisten en que la Administración debe ofrecer “una respuesta clara, positiva o negativa, pero inmediata”, para que los afectados puedan tomar decisiones.

A falta de la publicación de la ampliación de municipios, el sector está valorando retomar las movilizaciones en la provincia de Granada, cuya fecha se concretará próximamente. Además, muchos agricultores están considerando presentar recursos de alzada de forma individual, al entender que se encuentran en situación de indefensión.

La comisión ha solicitado reuniones tanto con el Ministerio como con el delegado del Gobierno en Andalucía, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta. “El compromiso que se nos trasladó era que las ayudas llegarían antes de la campaña de la Renta, pero a día de hoy no hay ninguna certeza”, han concluido.

Fuente: ASAJA Granada

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