La organización señala que la demora se está convirtiendo en una práctica recurrente. El año pasado la orden se publicó casi un mes después del inicio de la campaña, y en 2024 también hubo un retraso de dos semanas. ASAJA Córdoba advierte de que esta situación se está normalizando en los últimos años.

Este retraso genera un desequilibrio en los plazos, ya que los contribuyentes agrarios deben cumplir con el mismo calendario que el resto, pese a disponer de menos tiempo para conocer y aplicar correctamente la normativa. Todo ello resulta especialmente problemático dada la complejidad del sistema de módulos en el ámbito agrario.

ASAJA Córdoba confía en que la orden incluya las correcciones necesarias para reflejar adecuadamente las circunstancias excepcionales que han afectado al campo, como fenómenos meteorológicos adversos, desastres naturales o crisis sanitarias en la cabaña ganadera. En este sentido, la organización insiste en que “no se trata de reclamar ventajas fiscales, sino de evitar que los profesionales agrarios tributen por ingresos que realmente no han obtenido”.

Asimismo, recuerda que los agricultores y ganaderos acogidos al sistema de módulos representan un porcentaje muy significativo del conjunto de contribuyentes del sector, por lo que “no deberían verse perjudicados con plazos más ajustados que el resto”. Por ello, ASAJA Córdoba reclama a la Administración una publicación urgente de la orden que aporte seguridad jurídica y permita cumplir adecuadamente con las obligaciones fiscales.

ASAJA Córdoba

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En el campo no hay decisiones pequeñas, y una de las que más pesa se toma antes incluso de arrancar la maquinaria: qué semilla vamos a sembrar. Es una pregunta que muchos agricultores se repiten cada campaña, y con razón. De esa elección depende buena parte de lo que vendrá después: la calidad del grano, su precio en el mercado, el trabajo que habrá que dedicarle y, sobre todo, los disgustos que conseguiremos evitar.

En los últimos años, la semilla certificada ha ganado terreno en las explotaciones españolas. Y no por imposición de ninguna norma, sino porque quienes la utilizan comprueban que les permite sembrar con más calma y recolectar con más seguridad. ¿Qué tiene para que se hable tanto de ella?

¿Qué es una semilla certificada?

Es una semilla que ha superado un proceso exigente de selección, multiplicación y control. No vale cualquier grano: tiene que reunir unas condiciones genéticas, sanitarias y físicas que permitan asegurar un cultivo sano, productivo y uniforme. Además, cada lote queda registrado, identificado y trazado, de modo que el agricultor sabe desde el principio qué está poniendo en la tierra.

Las ventajas se notan en la parcela

Quienes la han probado suelen coincidir: es una inversión que se recupera en el propio campo. Estas son algunas de las razones:

• Más producción. De media, la semilla certificada rinde más que el grano convencional.
• Menos complicaciones. Llega limpia de malas hierbas y enfermedades, lo que reduce tratamientos y problemas.
• Siembra más afinada. Al estar clasificada por tamaño, permite ajustar mejor la sembradora y aplicar dosis más precisas.
• Cosecha más cómoda. La homogeneidad del cultivo facilita el trabajo con la maquinaria.
• Mejor salida. Una cosecha de calidad y pareja se vende mejor.

Hay además un efecto que va más allá de la propia explotación: al comprar semilla certificada se sostiene la investigación que hay detrás de cada variedad. Gracias a ella se desarrollan semillas más resistentes, más productivas y mejor preparadas para un clima cambiante.

La parte legal, sin dramatismos

En determinadas especies y situaciones, la ley exige emplear semilla certificada o, si se reutiliza grano, cumplir unos requisitos concretos. Con las variedades protegidas, por ejemplo, no se puede vender a terceros ni utilizar sin declararlo.

Conviene verlo en su sentido real: no es una traba para el agricultor, sino la forma de proteger un sistema que garantiza que cada semilla cumpla lo que promete. En otras palabras, sembrar sin sustos.

¿Qué puede hacerse con el grano cosechado?

Es otra duda frecuente. El grano obtenido de semilla certificada puede destinarse a alimentación humana, a alimentación animal y al autoconsumo en la propia explotación, según el cultivo y cumpliendo la normativa.

Lo que no está permitido es venderlo como si fuera semilla certificada, porque no ha pasado los controles que eso exige. Una limitación que protege por igual al comprador y al propio agricultor.

Una aliada, no una obligación

Es lógico que dar el paso cueste al principio. En el campo cada euro se piensa dos veces y cualquier cambio se mira con prudencia. Pero son cada vez más las explotaciones que, tras probarla, repiten. Porque la cuestión no es gastar menos, sino sembrar mejor.

La semilla certificada no es una solución mágica ni pretende serlo. Sí puede ser una buena aliada para quien quiere asegurar la cosecha, mejorar la rentabilidad y seguir avanzando sin dar pasos en falso.

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Los propietarios explican que han tenido conocimiento directo del alcance del proyecto hace sólo unos meses, al recibir cartas certificadas en las que se les insta a firmar contratos en un plazo de 15 días hábiles. Según dichas comunicaciones, en caso de no alcanzar un acuerdo, la empresa podría incluir sus terrenos en una solicitud de Declaración de Utilidad Pública, paso previo a un posible proceso expropiatorio.

Ante esta situación, los afectados manifiestan su preocupación por la posibilidad de perder sus tierras sin haber contado previamente con información clara, suficiente y en tiempo adecuado sobre el proyecto.

Al menos 94 hectáreas del total previsto se encuentran actualmente sin firmar mediante contratos de arrendamiento, muchas de ellas explotadas por agricultores locales. Los afectados cuentan con el apoyo y asesoramiento de APAG y, tras varias reuniones, se les ha encauzado para presentar alegaciones, a través de abogados especializados, para intentar parar este “atropello” que pretende expulsarles de la actividad y del trabajo que les da de comer.

Da la casualidad de que Fuentelencina es el pueblo del delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Santos López, alcalde también de esta localidad, en la que los vecinos afectados denuncian falta de información, apoyo e indefensión. APAG considera que esta circunstancia refuerza la necesidad de máxima transparencia y se pregunta por qué el delegado ha estado “mirando hacia otro lado”, sin defender a sus vecinos y agricultores. Su silencio y su aval al proyecto podrían traducirse en la pérdida de actividad agraria y de puestos de trabajo, afectando directamente al sustento de varias familias y al desarrollo rural que debería preservar. Por el contrario, según indican los vecinos, el propio Ayuntamiento tiene parcelas en propiedad dentro del ámbito del proyecto.

48 km de línea de evacuación

Además, el proyecto contempla una infraestructura de evacuación de gran envergadura. La línea prevista tendría una longitud aproximada de 48,05 kilómetros, conectando Fuentelencina con la subestación de Alcalá de Henares, atravesando superficies agrícolas de regadío, cultivos como el espárrago verde —recientemente reconocido con IGP—, zonas de monte bajo y áreas de vegetación de frondosas. Un trazado que amplía significativamente el impacto territorial y ambiental del proyecto.

APAG reitera su postura contra los PSFV, ya que de aprobarse todos los proyectados “van a convertir la provincia de Guadalajara en un mar de placas”. Ocupan miles de hectáreas de la mejor tierra productiva para generar energía, en vez de dedicarse a la agricultura o la ganadería. Para el presidente de APAG, Juan José Laso, “no es razonable ni sensato que Guadalajara tenga que albergar una superficie tan elevada y superior a la media regional y nacional”. Este tipo de instalaciones no ayudan a luchar contra la despoblación ni generan empleo local, como sí hacen las actividades agropecuarias. Por el contrario, debilitan el arraigo de la población local, al afectar directamente a sus recursos, su entorno natural y su forma de vida.

Una vez más, APAG afirma que no se opone al desarrollo de energías renovables, pero siempre que se respete el equilibrio entre desarrollo energético y protección de la actividad agraria y el medio rural.

Presión y limitación

Las condiciones planteadas en las comunicaciones recibidas generan presión y limitan la capacidad de negociación, al vincular la falta de respuesta en un plazo de 15 días con la puesta en marcha de los mecanismos administrativos para declarar la utilidad pública de sus tierras.

A esto se suma la falta de garantías que perciben sobre la viabilidad real del proyecto, al señalar la existencia de una resolución de conflicto de conexión interpuesta por Alfanar Energía España, S.L.U. frente a Red Eléctrica de España, relacionada con los plazos de ejecución de infraestructuras necesarias para la evacuación de la energía.

El colectivo solicita la intervención de las administraciones competentes para revisar el procedimiento seguido y garantizar que se respeten los derechos de los propietarios, el empleo agrario y el futuro del municipio, sin descartar emprender acciones legales.

APAG Guadalajara ASAJA

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Desde la organización agraria se advierte de que estas iniciativas solo podrían tener cierto efecto si la situación internacional se resuelve en el corto plazo. En caso contrario, resultarán claramente limitadas para afrontar la situación estructural que atraviesan agricultores y ganaderos.

Ayuda al gasóleo agrícola: 20 céntimos por litro

Entre las medidas adoptadas se incluye una ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo agrícola consumido. El cálculo se realizará tomando como referencia el consumo anual declarado en 2025 a través de la solicitud de devolución del impuesto de hidrocarburos, que deberá presentarse a partir del 1 de abril.

El periodo subvencionable abarca desde el 22 de marzo hasta el 30 de junio. Para determinar la cuantía, se establecerá un consumo medio diario a partir del total anual, que se multiplicará por los días incluidos en ese periodo y por el importe de la ayuda.

Apoyo a fertilizantes

La segunda medida contempla ayudas directas a los fertilizantes, con 22 euros por hectárea en secano y 55 euros por hectárea en regadío, hasta un máximo de 300 hectáreas por explotación.

Podrán beneficiarse tanto perceptores como no perceptores de la PAC, siempre que las explotaciones estuvieran registradas antes del 30 de mayo de 2025. Este requisito deja fuera, por el momento, a quienes se hayan incorporado con posterioridad, una cuestión pendiente de aclaración.

Financiación con aval público: más endeudamiento

El paquete se completa con una línea de financiación de 300 millones de euros a través de créditos ICO avalados por el Estado.

ASAJA señala que, aunque esta medida puede facilitar liquidez, supone incrementar el endeudamiento del sector, que ya se encuentra sometido a una fuerte presión económica.

“El campo necesita medidas estructurales”

La organización agraria insiste en que el problema de fondo no es coyuntural. El incremento sostenido de los costes, unido a unos precios en origen que no compensan, mantiene al sector en una situación crítica.

“Estas medidas pueden ayudar puntualmente, pero no resuelven el problema real. El campo necesita medidas estructurales que garanticen su viabilidad”, señalan desde ASAJA.

La organización recuerda que esta situación es la que llevó a miles de agricultores y ganaderos a movilizarse a principios de 2024, y advierte de que la actual crisis energética no es más que un agravante de un problema que viene de lejos.

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Entre las principales peticiones, la organización reclama garantizar el abastecimiento de gasóleo agrícola en todo el territorio nacional, ante las primeras señales de problemas de distribución. Además, solicita a las compañías petrolíferas que no repercutan subidas abusivas en carburantes ya adquiridos a precios anteriores, con el objetivo de evitar distorsiones en el mercado.

Otro de los ejes clave fue la puesta en marcha de un paquete extraordinario de ayudas directas para las explotaciones agrarias que utilizan fertilizantes, abonos y otros insumos, pero no lineal, sino destinado a quienes consumen tanto gasóleo como fertilizantes. En esta línea, ASAJA propone replicar el modelo aplicado durante la crisis derivada de la guerra de Ucrania, cuando se establecieron ayudas de hasta 35.000 euros por explotación, con un límite de 300 hectáreas por beneficiario y priorizando el regadío, con importes de 22 euros por hectárea en secano y 55 euros por hectárea en regadío.

En materia fiscal, la organización plantea un conjunto amplio de medidas para aliviar la carga sobre agricultores y ganaderos. Entre ellas, destaca el refuerzo de la devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos y la reducción de este impuesto a los tipos mínimos fijados por la normativa europea, junto con una rebaja del IVA de los combustibles hasta niveles reducidos o superreducidos.

Asimismo, ASAJA propone la creación de una ayuda de 0,20 euros por litro de gasóleo agrícola destinado exclusivamente al uso agrario, que se sumaría a la devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos, fijado en 0,063 euros por litro.

La batería fiscal incluye también la recuperación de medidas ya aplicadas anteriormente, como la reducción del 35 % en el IRPF de la factura del gasóleo y del 15 % en la de fertilizantes y plásticos, así como una reducción del 20 % en el rendimiento neto del IRPF. A ello se sumó la petición de incrementar la deducción de los gastos de difícil justificación en estimación directa.

En el ámbito del IVA, ASAJA plantea elevar el IVA compensatorio hasta el 14 % en agricultura y equipararlo en ganadería dentro del régimen especial, además de aplicar un tipo superreducido del 4 % a las compras de medios de producción agrarios, incluyendo inputs y materias primas necesarias para la actividad.

Por último, en materia de Seguridad Social, la organización solicita el aplazamiento en los pagos, siguiendo el modelo aplicado en anteriores situaciones de crisis.

La organización insiste en que todas estas medidas deben dirigirse a quienes realmente soportan el incremento de costes, evitando ayudas lineales y vinculando su concesión al consumo efectivo acreditado mediante factura, especialmente en el caso del gasóleo y los fertilizantes.

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ARAG-ASAJA valora muy positivamente la decisión del Gobierno de La Rioja de poner en marcha una línea de préstamos bonificados destinada al sector agrario, una medida solicitada insistentemente por la organización con el objetivo de mejorar el acceso a la financiación de agricultores y ganaderos.

Esta medida se destinará a bonificar los intereses de los préstamos suscritos entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026.

ARAG-ASAJA considera que esta iniciativa supone un paso importante para aliviar la situación económica de muchas explotaciones, especialmente en un contexto marcado por el incremento de los costes de producción, la incertidumbre en los mercados y las dificultades derivadas de factores climáticos adversos.

La bonificación favorecerá la liquidez de agricultores y ganaderos con el objetivo de que el sector cuente con los recursos necesarios para la viabilidad y continuidad de sus explotaciones, tal y como viene demandando ARAG-ASAJA.

Se trata de una de las propuestas que la organización agraria presentó a los grupos parlamentarios riojanos para su inclusión en los Presupuestos Generales de La Rioja para 2026, y que ahora va a implementar el Gobierno de La Rioja.

ARAG-ASAJA ha reiterado su disposición a colaborar con el Gobierno de La Rioja en el desarrollo y mejora de este tipo de iniciativas, con el objetivo común de fortalecer el sector agrario y asegurar su futuro.

ASAJA Rioja ARAG

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Según estimaciones de la asociación, los sobrecostes económicos que está asumiendo el sector agrario ascienden a 4 millones de euros cada semana en la Comunitat Valenciana. Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA, subrayó que “los agricultores y ganaderos tenemos mucho que perder en el actual clima de tensión, con el foco en el estrecho de Ormuz. Las guerras son el enemigo número uno para nuestros productos agrarios, especialmente los perecederos como frutas y hortalizas. Esta vez, al situarse en una zona donde se concentra la producción y comercialización de numerosas materias primas, dispara aún más los precios de fertilizantes, insecticidas, combustibles y otros insumos debido a las distorsiones comerciales que acaban afectando a nuestros bolsillos. Va siendo hora de que Bruselas rectifique sus políticas agrarias y de que el Gobierno español tome medidas de apoyo al sector agrario. Todo esto debe acabar cuanto antes, de lo contrario supondrá una factura muy cara para el campo”.

El presidente de ASAJA, Pedro Barato, declaró tras la reunión que “no estamos exagerando las circunstancias. Los fertilizantes nitrogenados ya están sufriendo una subida de entre 150 y 280 euros por tonelada. Y en el caso del combustible, si un tractor grande de 200 caballos consumía unos 450-500 litros de gasóleo, cuyo coste rondaba los 400-500 euros, hoy vale 850-900 euros y subiendo”. Por ello, concluyó que “igual que el Gobierno interviene en el salario mínimo interprofesional, puede intervenir en los costes de producción para que los agricultores y ganaderos puedan vivir dignamente”.

Propuestas

Una vez terminada la cumbre agraria, en la que el ministro Planas compartió con el sector la gravedad de la situación y posibles medidas para mitigar el impacto de la guerra en el ámbito agropecuario, ASAJA destacó sus propuestas: garantizar la distribución tanto de gasóleo como de fertilizantes para el sector agrario; frenar las prácticas especulativas por parte de algunas petroleras e industrias de fertilizantes, que han incrementado en más de un 50% los precios en destino; aprobar ayudas directas en función del gasto acreditado por factura, tanto en gasóleo como en fertilizantes; y medidas fiscales y desgravaciones en la declaración de la renta para ambos insumos.

Tras escuchar las reivindicaciones del sector agrario y completar una ronda de conversaciones con los sectores afectados por la tensión geopolítica y comercial, el ministro informó de que el Gobierno aprobará previsiblemente este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, un Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio, con medidas estructurales y coyunturales.

AVA ASAJA

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El “efecto recaudador” de la caída del crudo

Uno de los puntos más polémicos del informe señala que la Administración no está aliviando la presión sobre los productores. Según los datos de evolución mensual, existe una tendencia a elevar el peso de los impuestos cuando el precio del petróleo baja.

Como ejemplo, en diciembre de 2025, con un barril de Brent a 60 USD, la carga fiscal sobre el Gasóleo A alcanzó el 49,8 % del precio final. En contraste, en momentos de crudo más caro, como en abril de 2024 (89 USD/b), la carga fiscal era del 41,9 %. Esta dinámica implica que Hacienda es “quien más se lucra con la subida de precios sin invertir un euro ni crear empleo”.

Alerta por especulación en el Mediterráneo

La situación en Italia es especialmente alarmante. La organización Coldiretti ha denunciado ante la Fiscalía de Roma posibles maniobras especulativas tras detectar que el gasóleo agrícola bonificado pasó de 0,85 €/litro a 1,25 €/litro en solo una semana.

• Subida anómala: mientras el diésel de automoción subió unos 19 céntimos, el agrícola se disparó 45 céntimos en el mismo periodo.
• Insumos básicos: además del combustible, el precio de la urea (fertilizante esencial) ha subido un 35 %, incrementando drásticamente los costes fijos de cada cosecha.

Respuestas desiguales en Europa

El informe detalla cómo cada país está afrontando esta crisis:

• Portugal: reducción temporal del ISP de 3,55 céntimos/litro para mitigar una subida prevista de 23,4 céntimos.
• Austria: los agricultores piden suspender el precio del CO₂, que añade 16,5 céntimos/litro al diésel.
• Bélgica: se proponen inversiones en biogás y eliminar límites al uso de estiércoles (RENURE) para reducir la dependencia de fertilizantes químicos.
• República Checa: el Gobierno monitorizará diariamente los márgenes de las gasolineras desde el 16 de marzo para evitar abusos.

Un factor productivo insustituible

Para las organizaciones agrarias, el gasóleo no es un lujo, sino un “factor productivo esencial e insustituible”. La combinación de precios internacionales por encima de 90 USD/barril, la especulación en la cadena y una fiscalidad rígida amenaza con provocar un efecto en cadena que encarezca toda la cesta de la compra.

Evolución de la carga fiscal en España (2024–2025)

(Se mantiene la tabla original, aplicando negritas a los datos clave)

Situación y medidas por países ante la crisis energética

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El fallo del Supremo respalda el criterio que ASAJA ha defendido para excluir la compensación del IVA del cómputo de ingresos en módulos.

El Tribunal Supremo (TS) ha dictado una sentencia clave que pone fin a la estrategia de la Agencia Tributaria de expulsar a agricultores, ganaderos y pescadores del sistema de módulos (estimación objetiva). El fallo, fechado el 25 de febrero, prohíbe que las compensaciones del IVA recibidas por estos profesionales se contabilicen como ingresos.

La sentencia contradice el criterio previo del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que avalaba incluir estos pagos en el cómputo global. Según el Supremo, dicha interpretación “viciaba” las ganancias reales de las explotaciones, forzando de manera artificial la salida de miles de autónomos del régimen simplificado hacia modelos de tributación más costosos y complejos.

Como consecuencia directa de este fallo judicial, los agricultores afectados que fueron expulsados de módulos o que tributaron en exceso bajo el anterior criterio de Hacienda podrán solicitar la rectificación de ingresos indebidos en los ejercicios no prescritos.

En este sentido, ASAJA solicita al Ministerio de Hacienda que habilite de oficio un procedimiento ágil para realizar declaraciones paralelas y rectificar las liquidaciones correspondientes, de modo que los agricultores puedan recuperar las cantidades pagadas de más en los cuatro ejercicios anteriores a 2025, siempre que no hayan prescrito. Se pide incluir a quienes fueron expulsados del régimen de módulos al de estimación directa por superar los 250.000 euros de límite de permanencia y que, en algunos casos, recibieron sanciones de cuantías muy elevadas. Además, Hacienda deberá devolver al régimen de módulos a los agricultores y ganaderos expulsados ilegalmente.

El Tribunal Supremo subraya que el objetivo del sistema de módulos es simplificar las obligaciones fiscales de los pequeños negocios. Recuerda además que la Ley del IVA ya excluye estas compensaciones, y que las órdenes ministeriales de módulos de 2025 y 2026 han integrado esta interpretación para evitar futuras controversias.

Este veredicto supone un alivio para los aproximadamente 800.000 agricultores y ganaderos en España que dependen de este sistema tributario simplificado para garantizar la viabilidad económica de sus explotaciones frente a los límites de facturación vigentes.

El fallo del Supremo respalda el criterio que ASAJA ha defendido para excluir la compensación del IVA del cómputo de ingresos en módulos. ASAJA ha venido trabajando en los últimos años para que esta compensación no se incluya a efectos de superar los límites de permanencia en el régimen de estimación objetiva del IRPF. Este planteamiento ya quedó recogido en las Órdenes de Módulos de 2025 y 2026, y ahora la sentencia del Tribunal Supremo refuerza esta interpretación y aporta seguridad jurídica al sector.

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ASAJA denuncia que los costes laborales se disparan mientras los precios en origen siguen congelados y muchas explotaciones continúan en pérdidas.

La nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros confirma, según ASAJA, una política alejada de la realidad del campo. Desde 2018 el SMI ha aumentado cerca de un 66%, pasando de 735 euros a 1.221 euros por trabajador. Pero el impacto real para una explotación agraria no es esa cifra: el coste total por empleado alcanza ya los 1.989 euros mensuales, sumando salario y cotizaciones.

Madrid, 17 de febrero de 2026.- Desde ASAJA se insiste en que las decisiones salariales se toman sin tener en cuenta la realidad del campo. En apenas ocho años, el salario mínimo ha pasado de 735 euros a 1.221 euros por trabajador. Pero el impacto real va mucho más allá de esa cifra.

Cada trabajador supone hoy para una empresa agraria un coste aproximado de 1.989 euros al mes en nómina, una carga que se suma a un escenario de pérdidas en buena parte de los sectores productivos. “El campo no cotiza en bolsa”, recuerdan.

Mientras los costes laborales suben reiteradamente —un 66% en la última revisión—, los precios que reciben agricultores y ganaderos en origen “siguen siendo los mismos”. ASAJA subraya que si ese 66% hubiera ido acompañado de una subida equivalente en los precios de las producciones, la situación sería distinta. Pero no es así.

El cereal es uno de los ejemplos más claros. Con precios bajos y costes crecientes, muchas explotaciones no pueden hacer frente a la campaña. La misma situación se repite en frutas y hortalizas. Según se denuncia, en 2025 desaparecieron casi 20.000 trabajadores del sector, reflejo de la pérdida de actividad y de la falta de rentabilidad.

ASAJA también alerta sobre los efectos de impedir la compensación y absorción en convenios colectivos, lo que supondría un incremento adicional de costes. La organización considera que esta medida generará más presión económica en explotaciones que ya operan con márgenes mínimos.

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