El sector agrario español registró una media de 250.532 trabajadores extranjeros durante el mes de febrero. Según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esta cifra supone un descenso del 0,66 % respecto al mismo mes del año pasado.

A pesar de esta pequeña bajada anual, el empleo ha mostrado signos de recuperación respecto al mes anterior, con un crecimiento del 2,21 % frente a enero.

Perfil y origen de los trabajadores

La gran mayoría de estos profesionales provienen de países de fuera de la Unión Europea:

• Extracomunitarios (202.696 personas): Marruecos es el principal país de origen, aportando casi 109.000 afiliados.
• Comunitarios (47.836 personas): Entre los trabajadores procedentes de la UE, la mayoría son rumanos (más de 38.000).

¿Dónde se concentra el empleo agrario?

Tres comunidades autónomas lideran la contratación de trabajadores extranjeros en el sector:

• Andalucía: 115.345 afiliados.
• Murcia: 49.825 afiliados.
• Comunidad Valenciana: 27.662 afiliados.

Otros regímenes y sectores relacionados

• Régimen General: Las actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, caza y pesca sumaron 23.664 extranjeros, un 3 % más que en enero.
• Autónomos: 7.842 extranjeros están dados de alta por su cuenta en el sector primario, lo que supone un ligero repunte mensual del 0,39 %.

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La Justicia ha confirmado la legalidad y corrección de los aspectos nucleares del Convenio del Campo de la provincia de Huelva, firmado en 2021 por la patronal (Asaja-Huelva) y Comisiones Obreras, y objeto de impugnación por parte de una central sindical. En particular, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) respalda expresamente las tablas salariales pactadas para los años 2021 a 2025 y ratifica su plena conformidad a Derecho, dejando fuera de toda duda que respetan el Salario Mínimo Interprofesional en todas las anualidades.

Asaja-Huelva subraya que el TSJA da expresamente la razón a las partes firmantes en relación con el Artículo 17 (retribuciones), que fue precisamente el eje central del intento de impugnación: se cuestionó la legalidad de los salarios y se denunciaron supuestos incumplimientos del SMI. La sentencia desmiente de manera rotunda ese planteamiento y confirma que el convenio se ajusta al marco legal.

“Esta resolución es un aval directo, inequívoco y contundente a la negociación colectiva realizada, y aporta seguridad jurídica tanto a las empresas como a los miles de trabajadores que sostienen el campo onubense”, señalan desde Asaja-Huelva.

Ratificación judicial de artículos esenciales impugnados

La confirmación judicial no se limita a la cuestión salarial. Los Tribunales declaran igualmente ajustados a Derecho otros preceptos especialmente relevantes del convenio, que también fueron objeto de controversia, como el Artículo 23 (ayuda al estudio), cuya proporcionalidad al tiempo trabajado había sido impugnada y que ha sido validado por el TSJA; y el Artículo 11 (suspensión del trabajo por causas meteorológicas u organizativas), ya que la resolución confirma la legalidad del régimen previsto para una realidad estructural del sector, marcada por la climatología y por necesidades productivas variables.

Para Asaja-Huelva, la ratificación de estos preceptos refuerza el equilibrio alcanzado en la mesa negociadora y acredita que el texto pactado responde a criterios de legalidad, proporcionalidad y adecuación a la realidad productiva del campo.

Un convenio negociado en un contexto complejo para el campo

Asaja-Huelva recuerda que el sector agrario ha tenido que adaptar sus relaciones laborales “con calzador” a la última reforma laboral, una normativa que, según la organización, no contempló adecuadamente las singularidades del trabajo agroforestal, caracterizado por la temporalidad, la variabilidad productiva y los condicionantes climáticos, entre otras particularidades. Pese a ese contexto, las partes firmantes trabajaron con un objetivo único: garantizar un acuerdo justo, equilibrado y viable, que aportara estabilidad al sector y seguridad jurídica a empresas y trabajadores en la provincia.

El mismo objetivo se perseguirá con la constitución de la mesa negociadora del nuevo Convenio Colectivo el próximo 15 de diciembre. Asaja-Huelva reafirma su compromiso de seguir trabajando, como ha hecho siempre, por un convenio moderno, plenamente legal y adaptado a la realidad del campo, desde la responsabilidad y el respeto al marco jurídico vigente.

Audio: Felix Sanz. Nueva mesa negociadora.

ASAJA Huelva

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Su intervención ha girado en torno a seis ejes: burocracia, costes de producción, rentabilidad y relevo generacional, innovación y digitalización. Barato subrayó, además, que la “verdadera cláusula espejo empieza en casa: que Europa deje de prohibir materias activas sin alternativas”; en los últimos diez años se han retirado 86 y no se han propuesto sustitutos viables.

Barato ha descrito un escenario de tramitación excesiva, insumos disparados y márgenes estrechos que compromete la continuidad de las explotaciones. “Hay que quitar todo lo que estorba para ser agricultor”, ha afirmado, criticando incoherencias regulatorias y comerciales: se gravan productos que el sector vende y compra —como fertilizantes— mientras no se aplican aranceles al gas ruso, una asimetría que “penaliza al primario”. En el mismo sentido, ha recordado que en los últimos cuatro años el SMI ha subido un 68%, un dato que ha situado como ejemplo del fuerte incremento de los costes laborales. En este contexto, ASAJA y el COPA COGECA han pedido coherencia regulatoria y una evaluación de impacto real antes de nuevas restricciones.

Sobre relevo generacional, Barato ha sido tajante: “Si los jóvenes no ven rentabilidad, se van”. Ha señalado que solo el 12% de los agricultores en Europa tiene menos de 50 años y que, en España, la cifra baja al 4%, un baremo “muy preocupante”. Para revertirlo, ha defendido que la incorporación debe cumplir cuatro condiciones: explotaciones rentables, procesos de entrada bien acompañados, financiación a los jóvenes que no cargue sobre los mayores —“inaceptable”, ha dicho— y digitalización real. “En buena parte del sur de Europa ni siquiera hay cobertura de Internet; sin conectividad no hay desarrollo ni competitividad”.

En el capítulo climático, ha pedido actuar con sentido común ante fenómenos extremos: limpieza de arroyos y ríos, gestión de zonas inundables y prevención sobre el terreno. Ha recordado la DANA en Valencia y las inundaciones de la última semana en distintas regiones, así como los incendios en España y Portugal, con unas 4.000 hectáreas afectadas. “La sostenibilidad es una exigencia que compartimos —ha subrayado—, pero sin rentabilidad no puede haber sostenibilidad”.

Barato ha insistido en que la despoblación está vinculada a la falta de rentabilidad: cuando las cuentas no salen, se cierran explotaciones y se vacía el medio rural. Por eso ha reclamado reglas estables, costes energéticos e insumos en niveles razonables y una burocracia proporcionada que no espante a los jóvenes ni asfixie a quienes ya producen.

En innovación, ha defendido el desarrollo de nuevas semillas y el papel de las NGTs (nuevas técnicas genómicas), siempre “de la mano de la digitalización”, para ganar productividad, mejorar la sostenibilidad y ser competitivos en mercados abiertos y volátiles. “Innovación sin conectividad no es innovación útil”, ha remarcado. ASAJA reclamó cerrar de una vez los trílogos sobre NGTs y habilitar su uso efectivo en la UE, vinculándolo a la digitalización para acelerar productividad y resiliencia.

Finalmente, ha subrayado la importancia de la mano de obra y ha pedido una inmigración regulada y ordenada en el ámbito agroalimentario: “Sin trabajadores no hay actividad posible”. Barato también denunció la intención de ratificar el acuerdo con Marruecos en un clima de tensión geopolítica, reclamando salvaguardias que protejan a los productores europeos. A juicio de ASAJA, la respuesta pasa por menos trabas, coherencia comercial y medidas que devuelvan márgenes al productor: “Pies en la tierra: costes asumibles, reglas claras y futuro para los jóvenes”.

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Con el objetivo de acercar alternativas viables e inmediatas, ASAJA GRANADA celebrará el próximo 22 de septiembre, de 18:00 h a 21:00 h, en la sede de la Confederación de Empresarios (Granada), la Jornada informativa: “¿Las ETT: una solución para la contratación de trabajadores del campo?” centrada, precisamente, en la oferta de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT). El acto será inaugurado por el presidente de ASAJA GRANADA, José Hita Castro, y el secretario general, Manuel del Pino López, y contará con la participación de Adecco, Randstad y Manpower, tres de las ETT más representativas, que presentarán sus bolsas de trabajadores y los servicios que ponen a disposición de los agricultores. El encuentro concluirá con un turno de preguntas abierto a los asistentes.

ASAJA Granada recuerda que esta situación deriva, en primer lugar, de las limitaciones del propio sistema del paro (pese a existir desempleo muchos parados no están disponibles o no quieren trabajar en el campo), junto con las restricciones de la reforma laboral que no reconoce la eventualidad intrínseca de las labores agrícolas. Por lo demás, como alternativas: la contratación en origen presenta costes insostenibles y trámites burocráticos complicados para la mayoría de agricultores; la regularización por arraigo es inservible por ser un procedimiento largo y quienes la obtienen se van a otros sectores; y la propuesta del sector de regularización extraordinaria de inmigrantes que ya están en nuestro país no está siendo atendida por la Administración. Ante ello, la colaboración con las ETT se plantea como una vía práctica y urgente para garantizar la disponibilidad de mano de obra en el campo.

Fuente: ASAJA Granada

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Por otro lado, ASAJA Toledo recoge el malestar y el hartazgo de los agricultores ante el acoso al que se les está sometiendo por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con inspecciones intimidatorias y con medios desproporcionados (se ha llegado incluso a utilizar helicópteros), y extralimitándose en sus funciones ya que exigen, aparte de la documentación propia de una inspección laboral, otra que nada tiene que ver como puede ser la de la maquinaria agrícola.

La organización agraria denuncia la incongruencia de las decisiones políticas que impiden contratar a los extranjeros sin papeles mientras que estos sí pueden estar empadronados, escolarizar a sus hijos y recibir atención sanitaria. En la otra cara de la moneda, desempleados del sector agrícola rechazan trabajar en el campo cuando se les ofrecen contratos con las condiciones salariales y laborales recogidas en el convenio del campo de la provincia de Toledo que se negocia y se firma con los sindicatos de trabajadores. El resultado es un grave problema de falta de mano de obra que pone en peligro la recolección de las cosechas agrícolas y que estas puedan echarse a perder, sobre todo en los casos de frutos perecederos como la uva, algo que les está ocurriendo a algunos viticultores.

ASAJA es consciente de que, como cualquier otro sector económico, el agrario ha de cumplir la legislación laboral vigente, pero también hay que exigir a los gobernantes soluciones eficaces a los problemas que puedan tener las distintas actividades. En el caso de la agraria, el de la falta de mano de obra ya no es un problema coyuntural, sino estructural, que se debe abordar desde la responsabilidad y el rigor.

ASAJA Toledo ha solicitado una reunión con la delegada del Gobierno para abordar este tema en la que se le pedirá que se adopten, con carácter urgente, medidas excepcionales, similares a las que se aprobaron durante la epidemia del COVID, para poder contratar a trabajadores residentes en los pueblos durante las campañas agrícolas.

Audio de Blanca Corroto, Presidenta de ASAJA Toledo

Fuente: ASAJA Toledo

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El reciente rechazo en el Congreso a la reducción de la jornada laboral, por parte de Junts, PP y Vox, supone un respiro para el sector agrario. No porque el campo se oponga a mejorar las condiciones de los trabajadores —al contrario— sino porque esta medida, tal y como se plantea, es inviable para la realidad de la agricultura y la ganadería en España.

A diferencia de otros sectores, la actividad agraria está sujeta a factores naturales que no entienden de relojes. El clima, las estaciones o el ciclo de los cultivos y del ganado marcan el ritmo del trabajo diario. Reducir la jornada sin tener en cuenta esta especificidad equivale a imponer una rigidez incompatible con las necesidades productivas.

A ello se suma un problema estructural que preocupa cada vez más: la falta de mano de obra. Incorporar trabajadores al campo es una tarea compleja en las campañas agrícolas y en las explotaciones ganaderas. Con una jornada más corta, la única salida sería contratar más personal, algo inviable si no hay disponibilidad de trabajadores.

El impacto económico sería igualmente grave. Menos horas efectivas de trabajo implican un incremento directo de los costes laborales, que se sumarían a los ya elevados gastos en salarios, cotizaciones sociales, energía, fertilizantes o maquinaria. En un sector con márgenes cada vez más estrechos, ese sobrecoste pondría en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones familiares. Y lo que ocurre en el campo acaba teniendo efectos en la cesta de la compra de todos los ciudadanos.

Desde ASAJA defendemos que sean los convenios colectivos, a través del diálogo entre representantes de empleadores y trabajadores, los que determinen las condiciones laborales en el sector agrario. Solo así se pueden encontrar fórmulas equilibradas que protejan derechos y, al mismo tiempo, permitan mantener la competitividad y la sostenibilidad de las explotaciones.

El campo necesita medidas que lo impulsen, no que lo sobrecarguen. La reducción de la jornada, si no se adapta a su realidad, amenaza con agravar problemas ya existentes como la falta de relevo generacional o el cierre de explotaciones. Por eso celebramos que los grupos parlamentarios hayan reflexionado y votado en contra de una propuesta que, en su diseño actual, suponía un riesgo evidente para la viabilidad del sector.

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La organización agraria denuncia que esta fórmula supone una usurpación de las competencias del Consejo, el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales. Al separar la parte comercial, que la Comisión aplica de inmediato, de la parte política, se deja en suspenso lo único positivo del acuerdo: la obligación de cumplir con los compromisos climáticos de París, la normativa contra la deforestación o las reglas de carbono en frontera.

“De esta manera nos quedamos con un acuerdo puramente comercial que hace imposible competir con los modelos productivos de Mercosur. Sin garantías políticas y ambientales, los agricultores y ganaderos europeos estamos en clara desventaja”, ha advertido Pedro Barato.

Para ASAJA, la Comisión ha optado por sacrificar la agricultura europea en aras de un rédito político inmediato. El acuerdo con Mercosur se utiliza como cortina de humo para tapar la debilidad del nuevo marco transatlántico con Estados Unidos, un pacto que nació desequilibrado y que ha provocado duras críticas tanto en el Parlamento como en los Estados miembros. El procedimiento exprés impuesto por Bruselas vacía de contenido el control democrático y erosiona la legitimidad de los acuerdos internacionales.

La parte política del tratado, que contemplaba cláusulas de condicionalidad vinculadas al respeto de los compromisos climáticos, al reglamento de deforestación o al ajuste en frontera por carbono, queda en cuarentena, perdiéndose cualquier herramienta para garantizar una mínima equiparación de normas ambientales y sociales entre Europa y los países del Mercosur.

“Si ya era difícil competir con unas reglas parecidas, aunque no idénticas, ahora será literalmente imposible acercarse a los modelos productivos de Mercosur”, señaló Barato. “El campo europeo no puede asumir una liberalización que solo favorece a terceros países y que desprecia los esfuerzos de sostenibilidad, bienestar animal y calidad alimentaria que exigimos en la Unión Europea”.

Este movimiento se suma a una serie de decisiones que relegan al sector agrario a un segundo plano: los recortes presupuestarios en el marco financiero, el debilitamiento de la PAC y las concesiones unilaterales en otros acuerdos internacionales. La suma de estas medidas pone en jaque la rentabilidad de millones de explotaciones en España y en toda Europa.

ASAJA insta al Gobierno de España y a las instituciones comunitarias a detener este procedimiento, devolver al Parlamento Europeo, al Consejo y a los parlamentos nacionales de los 27 países el papel que les corresponde en la ratificación de tratados internacionales, e incluir salvaguardias reales que protejan al campo europeo, a los consumidores y a un modelo productivo que garantiza la seguridad alimentaria y la sostenibilidad.

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Contratos más estables y precios justos para los viticultores. Es lo que ARAG-ASAJA reclama al inicio de esta campaña, prevista corta y con menores rendimientos. La organización agraria da un paso más en sus exigencias y reclama a las bodegas la formalización de contratos con suficiente antelación, tal y como marca la legislación, y que estos contratos contemplen relaciones comerciales a medio plazo, es decir, con compromiso de compra de cosecha de 2 a 3 años.

ARAG-ASAJA considera que la extraordinaria situación de esta campaña, con importante merma de la producción por diversos factores (menor fertilidad, pedriscos y afección grave de mildiu), propiciará —aunque a costa de los viticultores— un reequilibrio de las existencias de Rioja, lo que permitirá una planificación con mayores perspectivas en el tiempo. Para la organización, todos los actores de la DOCa Rioja han trabajado por recuperar el equilibrio, siendo los viticultores los más perjudicados y los que más han perdido durante las pasadas campañas.

ARAG-ASAJA considera que ahora es el momento de dirigir los esfuerzos para recuperar y garantizar la rentabilidad en Rioja y que vuelva a ser rentable ser viticultor. Y para ello, la organización profesional agraria con mayor representación en Rioja estima imperativo mejorar los contratos en tiempo y forma y, sobre todo, en precio. Por ello, solicita el compromiso de las bodegas para mejorar las condiciones del primer eslabón de la cadena de la DOCa, los viticultores, que se han dejado la piel para garantizar la calidad de la cosecha pese a las complicaciones de una campaña difícil y con costes de producción al alza.

Fuente: ARAG-ASAJA

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Castilla y León recibe actualmente alrededor de 1 200 millones de euros anuales, de los que 950 millones pertenecen al primer pilar (ayudas directas) y 250 millones al segundo (desarrollo rural). Con este nuevo modelo, esta dotación está seriamente amenazada y podría verse reducida o incluso desviada a otros ámbitos políticos, lo que afecta de forma directa a nuestra provincia.

Desde que asumió la presidencia de la Comisión Europea, la representante del Partido Popular Europeo, Ursula von der Leyen, ha mostrado un total desprecio por el mundo rural. No ha mantenido ni una sola reunión con agricultores ni ganaderos y ha tomado decisiones clave desde despachos ajenos al campo. Con esta propuesta, pretende enterrar la PAC y poner en riesgo la soberanía alimentaria de Europa.

El recorte presupuestario es inaceptable

En un contexto de inestabilidad geopolítica, presiones arancelarias crecientes y una inseguridad alimentaria latente, la Comisión no puede recortar el presupuesto agrario. La PAC no se entiende como una limosna al agricultor o ganadero: es una garantía para el consumidor europeo de alimentos seguros, sostenibles y asequibles.

Para ASAJA Valladolid, integrar la PAC en un fondo común rompe la unidad del modelo europeo y debilita el mercado único: ya no habrá una política común reconocida ni un Parlamento que legisle como co-legislador. Los agricultores pierden voz, el Parlamento Europeo pierde legitimidad y los ciudadanos pierden control democrático.

ASAJA Valladolid denuncia que esta reforma ha sido diseñada sin escuchar al sector, repitiendo errores del pasado que condenan al campo. Una reforma “cocinada entre despachos”, alejada de la realidad, que ignora décadas de trabajo conjunto entre agricultores, eurodiputados y Estados Miembros.

El impacto de este nuevo modelo afectará a todos los consumidores europeos con subida de precios y menor acceso a productos frescos, locales y de calidad. Quieren liquidar nuestro campo para sustituirlo por productos realizados por impresoras y laboratorios.

ASAJA Valladolid reclama como innegociable, primero, un presupuesto PAC con dotación suficiente e independiente, sin integración en fondos que distraigan recursos.
Segundo, el mantenimiento de los dos pilares (ayudas directas y desarrollo rural), con estructura propia y clara.
Y tercero, un diálogo abierto con los agricultores y ganaderos desde el territorio antes de cualquier decisión.

Ante esta situación tan lesiva para nuestro sector, ASAJA Valladolid reclama que los representantes de los partidos políticos españoles voten en contra de esta propuesta de la Comisión cuando llegue al Parlamento Europeo.

Fuente: ASAJA Valladolid

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Pedro Barato: “Sin rentabilidad, el campo se apaga”

Pedro Barato ha alertado de que la actual Política Agraria Común (PAC), “excesivamente verde en el papel, pero asfixiante sobre el terreno”, ha provocado una pérdida de más de 1,17 millones de vacas en Europa, de las cuales 135.000 corresponden a España. “Así no se puede seguir. La PAC debe ser una herramienta de futuro, no una trampa burocrática que expulsa a los agricultores”, ha dicho.

El presidente de ASAJA ha exigido una PAC “clara, con presupuesto, sin prohibiciones arbitrarias y con discriminación positiva hacia los profesionales del campo”. Ha advertido, además, del riesgo real de que se acabe diluyendo la actual estructura de dos pilares de la PAC (ayudas directas y desarrollo rural), especialmente perjudicial para regiones como Asturias.

“El lobo no puede tener más derechos que mi vaca”

Barato ha defendido la convivencia con la fauna salvaje, pero ha condenado el “atropello” que ha supuesto la protección total del lobo. “En la cornisa cantábrica hemos vivido una imposición ideológica. El lobo debe existir, sí, pero no puede tener más derechos que el ganadero”, ha sentenciado.

Preocupación por los aranceles de Trump y el acuerdo con Mercosur

ASAJA también ha expresado su preocupación por el anuncio de aranceles del 30% por parte de Donald Trump, que golpearían con dureza a sectores clave como el vino, el aceite o la fruta. Además, Barato ha denunciado la “falta de reciprocidad” del acuerdo con Mercosur, que permitiría competir a productos que en sus países de origen no cumplen con las exigencias sanitarias, ambientales y laborales que sí se exigen en Europa.

“No puede valer lo mismo carne hormonada y fumigada con avionetas en Brasil que carne criada en explotaciones familiares en Asturias. Así no se compite, se destruye”, ha afirmado.

Ramón Artime: “Las elecciones al campo en Asturias son una chapuza democrática”

Por su parte, Ramón Artime ha centrado su intervención en las elecciones agrarias convocadas en Asturias, calificándolas de “auténtica chapuza” y de proceso “ni transparente ni participativo”.

“Estamos ante un censo lleno de errores. Hay personas fallecidas hace años que figuran como votantes, y sin embargo profesionales en activo que han sido excluidos. No se puede votar por sociedades civiles, no hay criterios claros, y se ha ignorado la experiencia de las organizaciones agrarias a la hora de diseñar el proceso”, ha denunciado Artime.

Ha anunciado que ASAJA ha presentado un recurso de alzada y una petición de suspensión cautelar, y no descarta acudir a los tribunales si no prospera. “Queremos elecciones, pero limpias, legales y donde puedan votar todos los profesionales del campo. No aceptamos ni trampas ni caprichos políticos”, ha afirmado tajante.

Crítica al modelo de gestión agraria en Asturias

Artime también ha sido muy crítico con la actual gestión autonómica del medio rural: “No se puede formar un Gobierno y colocar en la Consejería a alguien que no tiene ni programa ni conocimiento del campo. El consejero de Agricultura mañana puede ser de Servicios Sociales. Así no vamos a ninguna parte”, ha reprochado.

Ha reclamado que se distinga claramente entre “agricultores profesionales y aficionados”, que se faciliten las votaciones en los ayuntamientos, y que se respete al mundo rural: “Que luego no se quejen de la España vaciada, si todo lo que hacen es vaciarla de derechos y de futuro”.

Compromiso con soluciones reales

Pedro Barato ha concluido la comparecencia anunciando que una delegación de ASAJA viajará a Bruselas esta semana para reclamar una reforma de la PAC “basada en la rentabilidad, la profesionalización y el respeto a los agricultores”.

“ASAJA no se queda en la queja. Estamos con Francia, Italia y Alemania construyendo propuestas. Queremos una política agrícola útil, no una trampa ideológica”, ha afirmado.

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