En el contexto de la renovada inestabilidad geopolítica vinculada al conflicto en Oriente Medio, los grupos de la cadena agroalimentaria de la UE CEJA, Copa-Cogeca, CELCAA, FoodDrinkEurope y EuroCommerce instan a los responsables políticos de la UE y de los Estados miembros a actuar de inmediato para garantizar que los operadores agroalimentarios europeos tengan acceso prioritario a la energía y a los insumos clave, a precios asequibles y competitivos, con el fin de salvaguardar la continuidad del suministro y la asequibilidad de los alimentos para los consumidores europeos.

La crisis actual está ejerciendo una presión considerable sobre los mercados energéticos mundiales, las rutas de transporte y los flujos comerciales.

Aunque los agricultores europeos y las cadenas de suministro agroalimentarias siguen funcionando, el conflicto está generando mayor incertidumbre y volatilidad en los mercados de la energía, la logística y los insumos, fundamentales para el buen funcionamiento de la cadena agroalimentaria de la UE y para garantizar el abastecimiento de alimentos en Europa a precios razonables.

En nuestros respectivos ámbitos de competencia, ya se observan claramente graves repercusiones en forma de costes de los insumos más elevados y volátiles.

Esto resulta especialmente evidente en el caso de los fertilizantes, la energía, los materiales de embalaje, la logística y el transporte, así como en diversas materias primas agrícolas.

Estas presiones se están agravando a lo largo de toda la cadena de valor; si el conflicto continúa y la UE no toma medidas urgentes, esto se traducirá en presiones sostenidas sobre los costes que, a su vez, afectarían cada vez más a los precios de los productos alimenticios y a la asequibilidad de los alimentos para los consumidores europeos, en particular para los hogares más vulnerables.

Por ello, insistimos en que la cadena agroalimentaria europea debe ser reconocida y tratada como un sector crítico.

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Esta votación supone un paso adelante para que el sector ganadero de la UE sea más resiliente, competitivo, sostenible y diverso, y que sienta una base sólida para la Estrategia Ganadera que la Comisión Europea tiene previsto presentar el 7 de julio de 2026. 

En ASAJA creemos que el sector debe ser reconocido por su papel en el suministro de una alimentación sana y equilibrada y por sus contribuciones medioambientales, incluida la gestión de los pastos. Además, tiene que recibir apoyo para la reducción de emisiones mediante inversiones específicas en genética, nutrición, infraestructuras y el uso de efluentes para la producción de biogás y biofertilizantes. Prepararse para el futuro también debería ser una orientación política fundamental que se refleje en la próxima estrategia ganadera de la UE. 

Por tanto, vemos positivo que el informe inste a recuperar la producción como orientación política fundamental, teniendo en cuenta la diversidad de nuestros modelos y la ambición de mantener la producción en toda la UE, considerando también la contribución de la ganadería al medio ambiente y a la economía rural. 

Desde ASAJA también instamos a que la UE reactive la inversión en la ganadería mediante un plan integral que permita la modernización a gran escala del sector, aplique una auténtica estrategia de descarbonización, promueva la mejora genética y fomente iniciativas de calidad que satisfagan las expectativas de los consumidores. 

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ASAJA muestra su rechazo frontal al acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y Australia, al considerar que, una vez más, el sector agroalimentario europeo “vuelve a ser moneda de cambio” en las negociaciones internacionales.

Desde la organización agraria denunciamos que Bruselas ha cedido en productos clave del campo europeo a cambio de favorecer intereses industriales ajenos al sector primario, especialmente en ámbitos como la automoción o la industria química, así como para garantizar el acceso a materias primas estratégicas vinculadas a la transición energética, como el litio, el magnesio o el aluminio.

“Siempre que hay que sacrificar a alguien en Europa, el elegido es el sector agroalimentario”; y esta situación no es nueva. Ya ocurrió con las consecuencias de los aranceles a fertilizantes rusos y bielorrusos, con el encarecimiento energético o en anteriores negociaciones comerciales como MERCOSUR o el de Marruecos.

Sectores sensibles en riesgo

El acuerdo contempla la apertura de contingentes arancelarios para varios productos agroalimentarios considerados especialmente sensibles para España y la UE.

En carne de vacuno, se permitirá la entrada de 30.600 toneladas —más de la mitad libres de aranceles—; en ovino y caprino, 25.000 toneladas sin derechos; y en azúcar, 35.000 toneladas libres de arancel. También se incluyen concesiones en productos lácteos, arroz, etanol o derivados del cereal.

Aunque la Comisión Europea defiende que estos volúmenes representan un porcentaje reducido del consumo comunitario —en torno al 0,5 % en vacuno o menos del 0,3 % en azúcar—, desde ASAJA consideramos que el impacto en determinados sectores y territorios puede ser significativo.

“La experiencia demuestra que estos contingentes, aunque parezcan pequeños en términos globales, generan tensiones en los mercados y presionan los precios en origen”.

Además, criticamos que no se haya seguido el modelo de otros acuerdos en negociación, como el de India, donde los sectores más sensibles quedaron excluidos. “ASAJA apoya el comercio internacional, pero siempre bajo condiciones de reciprocidad y dejando fuera aquellos sectores estratégicos, algo que en este caso no ha ocurrido”.

Desconfianza en las cláusulas de salvaguarda

Otro de los puntos que preocupa especialmente a la organización es la eficacia real de las cláusulas de salvaguarda previstas en el acuerdo.

ASAJA recuerda precedentes recientes en los que estos mecanismos han resultado ineficaces o se han activado con años de retraso, como ocurrió con las importaciones de arroz procedentes de Birmania y Camboya o con el etanol de Pakistán. “Son herramientas defensivas muy difíciles de aplicar en la práctica. Cuando llegan, el daño al sector ya está hecho”.

Ocho años de negociación en un contexto geopolítico incierto

El acuerdo UE‑Australia culmina un proceso negociador de más de ocho años y se produce en un contexto internacional marcado por una fuerte incertidumbre geopolítica.

La guerra en Oriente Medio —con Irán como actor clave—, la volatilidad energética y el encarecimiento de insumos agrarios están disparando los costes de producción en el campo europeo, que ya arrastra una pérdida de rentabilidad estructural.

A ello se suma un calendario comercial especialmente intenso. Desde ASAJA advertimos de que este “efecto acumulativo” de acuerdos comerciales puede agravar la situación del sector primario europeo si no se introducen salvaguardas reales y criterios de reciprocidad.

Ante este escenario, ASAJA ha hecho un llamamiento directo a los eurodiputados, responsables de ratificar el acuerdo, para que voten en contra. “La política comercial de la UE no puede seguir construyéndose a costa de quienes producen nuestros alimentos”.

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Uno de los elementos centrales del acuerdo es la eliminación total de los derechos de importación en Australia para todos los productos agroalimentarios procedentes de la UE. Esto implica que productos clave europeos, que anteriormente estaban sujetos a aranceles de entre el 4 % y el 11 %, pasarán a arancel cero. Entre estos productos se incluyen la pasta, preparaciones de frutas y verduras, chocolate y confitería, vinos (incluido el espumoso) y vermut, quesos, diversas preparaciones alimenticias, bebidas espirituosas, otras bebidas y helados. Esta liberalización arancelaria abre nuevas oportunidades comerciales para agricultores y empresas alimentarias europeas en el mercado australiano.

El acuerdo refuerza además la protección de productos tradicionales europeos mediante el reconocimiento de las Indicaciones Geográficas (IG). En total, se protegerán 165 productos agroalimentarios y 231 bebidas espirituosas. Entre ellos figuran productos emblemáticos como el Comté, el Irish Whiskey, el Queso Manchego, el Salam de Sibiu, el Istarski pršut, el Lübecker Marzipan y la Masticha Chiou. Además, Australia adoptará un sistema de protección similar al europeo, lo que supone un avance significativo respecto a la situación anterior. El acuerdo permite también la incorporación futura de nuevas IG.

En el sector del vino, se establece un acuerdo bilateral modernizado que incluye la actualización de la lista de IG protegidas, con la incorporación de alrededor de 50 nuevas denominaciones de origen. Asimismo, se protege el término “Prosecco”, que dejará de poder ser utilizado por productores australianos para exportación tras un período transitorio de 10 años, aunque podrá mantenerse como nombre varietal bajo estrictas condiciones de etiquetado. El acuerdo también facilita el reconocimiento de prácticas enológicas internacionales.

En el marco del acuerdo comercial entre la UE y Australia, la UE establece una apertura limitada, gradual y controlada de su mercado a determinados productos agroalimentarios australianos mediante contingentes arancelarios (TRQ), incorporando criterios de sostenibilidad, bienestar animal y seguridad alimentaria.

En carne de vacuno, la UE abrirá dos contingentes por un total de 30.600 toneladas (CWE):

• 55 % (16.830 t) con arancel cero, condicionado a producción grass‑fed.
• 45 % (13.770 t) con arancel reducido del 7,5 %. La introducción será progresiva durante 10 años, con una fase inicial de un tercio del volumen durante cinco años. Representa el 0,5 % del consumo de vacuno en la UE.

En ovino y caprino, se establece un contingente de 25.000 toneladas (CWE) con arancel cero, con:

• 27 % limitado a carne congelada.
• Producción obligatoriamente grass‑fed, excluyendo feedlots. Equivale al 4 % del consumo europeo, con implementación de 7 años.

En azúcar, la UE autoriza 35.000 toneladas de azúcar de caña en bruto con arancel cero, equivalente a menos del 0,3 % del consumo europeo, sujeto a certificación de sostenibilidad.

En productos lácteos, se fijan contingentes limitados:

• 8.000 t de leche desnatada en polvo
• 5.000 t de mantequilla
• 2.000 t de concentrados de proteína de suero Representan el 1,1 % del consumo de leche desnatada en polvo y el 0,25 % del consumo de mantequilla en la UE.

En arroz, se establece un contingente de 8.500 toneladas, con introducción progresiva desde 5.000 toneladas y un periodo de 5 años, equivalente al 0,3 % del consumo europeo.

Otros contingentes con arancel cero:

• Gluten de trigo: 20.000 t
• Maíz dulce: 800 t
• Ron a granel: 750 hl
• Derivados del almidón: 1.000 t
• Etanol: 10.000 t

El acuerdo incorpora mecanismos de salvaguarda, un sistema bilateral de respuesta rápida y mantiene estrictamente las normas SPS de la UE. Todos los productos deberán cumplir los estándares europeos de seguridad alimentaria, sanidad animal y vegetal, pesticidas y OMG, reforzándose los controles fronterizos y auditorías.

Como consideración final, este acuerdo vuelve a poner de manifiesto el papel recurrente del sector agroalimentario como elemento de negociación en acuerdos comerciales internacionales, utilizado como contrapartida para facilitar el acceso a otros intereses estratégicos de la UE.

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El presidente de la Copa, Massimiliano Giansanti, reaccionó a la noticia de la posible conclusión subrayando: «Si bien reconocemos la importancia estratégica y económica de fortalecer los lazos con Australia, es esencial que cualquier acuerdo refleje una asociación verdaderamente equilibrada y el tamaño respectivo de nuestros mercados. Nuestras empresas se enfrentan actualmente a una incertidumbre extrema, con costes de producción al alza e ingresos en descenso. En este contexto tan difícil, la agricultura no puede volver a ser tratada como moneda de cambio para asegurar beneficios en otros sectores.»

Los informes sugieren que la ampliación del acceso al mercado para productos agrícolas sensibles —como la carne de vacuno, la carne de ovino y el azúcar— plantea cuestiones fundamentales sobre la dirección de las negociaciones. Conceder concesiones desproporcionadas en estos sectores corre el riesgo de perjudicar a los agricultores europeos, distorsionar los mercados y debilitar el compromiso de larga data de la UE con normas de producción elevadas y la sostenibilidad rural.

El presidente de Cogeca, Lennart Nilsson, añadió: «La Comisión Europea debe garantizar que las concesiones sobre productos agrícolas sensibles sean estrictamente limitadas, genuinamente recíprocas y se ajusten a normas de producción equivalentes, al tiempo que se tiene plenamente en cuenta el impacto acumulativo de los acuerdos comerciales. Cualquier acuerdo debe ser justo y no ir en detrimento del sector agrícola de la UE, las comunidades rurales o la seguridad alimentaria a largo plazo, un elemento clave de la **soberanía y la seguridad general de la UE».»

Un acuerdo verdaderamente equilibrado y creíble debe salvaguardar la integridad y la resiliencia de la agricultura europea, garantizando que no se pida a los agricultores y a las cooperativas agrícolas que soporten una carga desproporcionada.

COPA COGECA

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ASAJA reclamó a las instituciones europeas la adopción de medidas urgentes para garantizar la competencia justa en el sector de frutas y hortalizas, coincidiendo con el debate celebrado el 18 de marzo en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo sobre el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos.

El intercambio de opiniones dejó una conclusión clara: pese a las diferencias entre los distintos grupos políticos, existe un consenso generalizado en rechazar el actual funcionamiento del acuerdo. Los eurodiputados coincidieron en señalar la falta de reciprocidad en las condiciones de producción, la escasa claridad en el etiquetado y los desajustes de mercado que perjudican tanto a los productores como a los consumidores europeos. Además, se advirtió de posibles contradicciones con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Un debate clave en un momento crítico

El debate se produjo en un contexto especialmente sensible para el sector hortofrutícola europeo, que viene denunciando una competencia cada vez más desequilibrada. ASAJA respaldó la posición trasladada por COPA-COGECA, que alertó de los riesgos de mantener el actual modelo sin ajustes.

España, principal productor hortofrutícola de la UE, ha registrado en los últimos años una creciente presión por el aumento de las importaciones procedentes de Marruecos. Según datos de Eurostat y de la Comisión Europea, las importaciones de tomate marroquí superan las 500.000 toneladas anuales, consolidando una tendencia al alza que impacta directamente en el mercado comunitario.

Este incremento ha coincidido con el retroceso de la superficie de cultivo en España, especialmente en zonas como Almería y Canarias, donde los productores han denunciado una pérdida progresiva de rentabilidad.

Impacto en el mercado y preocupación por la transparencia

Durante el debate, varios eurodiputados pusieron el foco en los efectos directos del acuerdo sobre los mercados agrícolas y pesqueros. El aumento de las importaciones ha intensificado la presión sobre los agricultores europeos, generando importantes desequilibrios competitivos.

También se criticó de forma generalizada el sistema de etiquetado, especialmente el uso de referencias regionales en lugar de identificar claramente el país de origen, lo que puede inducir a error al consumidor y eludir las normativas comunitarias. A ello se suma la falta de transparencia y fiabilidad en los datos de importación.

Falta de reciprocidad y dudas sobre la legalidad

ASAJA subrayó que el principal desequilibrio radica en la falta de reciprocidad. Mientras los agricultores europeos deben cumplir exigentes normativas medioambientales, fitosanitarias, laborales y sociales, los productos importados no siempre están sujetos a los mismos estándares.

En paralelo, varios miembros de la Comisión de Agricultura cuestionaron la legalidad del acuerdo, señalando posibles incumplimientos de las sentencias del TJUE, especialmente en lo relativo al etiquetado de productos procedentes del Sáhara Occidental.

Asimismo, se criticó la actuación de la Comisión Europea y del Consejo por la falta de control parlamentario en la aplicación provisional del acuerdo y por la rapidez en su tramitación.

Medidas urgentes sobre la mesa

Ante esta situación, ASAJA insistió en la necesidad de introducir cambios inmediatos en el marco del acuerdo, que incluyan:

• Reciprocidad real en las normas de producción
• Reforma del sistema de precios de entrada, adaptándolo a los costes actuales
• Mecanismos automáticos de salvaguardia ante perturbaciones del mercado
• Refuerzo de los controles y mayor transparencia en el etiquetado de origen

El sector hortofrutícola es estratégico para España, con un valor superior a los 20.000 millones de euros anuales y un papel clave en el empleo y la cohesión territorial.

ASAJA advirtió de que lo que está en juego va más allá del comercio. La organización insistió en que, si Europa no garantiza condiciones justas para sus agricultores, estará comprometiendo su propia capacidad productiva y su soberanía alimentaria.

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El “efecto recaudador” de la caída del crudo

Uno de los puntos más polémicos del informe señala que la Administración no está aliviando la presión sobre los productores. Según los datos de evolución mensual, existe una tendencia a elevar el peso de los impuestos cuando el precio del petróleo baja.

Como ejemplo, en diciembre de 2025, con un barril de Brent a 60 USD, la carga fiscal sobre el Gasóleo A alcanzó el 49,8 % del precio final. En contraste, en momentos de crudo más caro, como en abril de 2024 (89 USD/b), la carga fiscal era del 41,9 %. Esta dinámica implica que Hacienda es “quien más se lucra con la subida de precios sin invertir un euro ni crear empleo”.

Alerta por especulación en el Mediterráneo

La situación en Italia es especialmente alarmante. La organización Coldiretti ha denunciado ante la Fiscalía de Roma posibles maniobras especulativas tras detectar que el gasóleo agrícola bonificado pasó de 0,85 €/litro a 1,25 €/litro en solo una semana.

• Subida anómala: mientras el diésel de automoción subió unos 19 céntimos, el agrícola se disparó 45 céntimos en el mismo periodo.
• Insumos básicos: además del combustible, el precio de la urea (fertilizante esencial) ha subido un 35 %, incrementando drásticamente los costes fijos de cada cosecha.

Respuestas desiguales en Europa

El informe detalla cómo cada país está afrontando esta crisis:

• Portugal: reducción temporal del ISP de 3,55 céntimos/litro para mitigar una subida prevista de 23,4 céntimos.
• Austria: los agricultores piden suspender el precio del CO₂, que añade 16,5 céntimos/litro al diésel.
• Bélgica: se proponen inversiones en biogás y eliminar límites al uso de estiércoles (RENURE) para reducir la dependencia de fertilizantes químicos.
• República Checa: el Gobierno monitorizará diariamente los márgenes de las gasolineras desde el 16 de marzo para evitar abusos.

Un factor productivo insustituible

Para las organizaciones agrarias, el gasóleo no es un lujo, sino un “factor productivo esencial e insustituible”. La combinación de precios internacionales por encima de 90 USD/barril, la especulación en la cadena y una fiscalidad rígida amenaza con provocar un efecto en cadena que encarezca toda la cesta de la compra.

Evolución de la carga fiscal en España (2024–2025)

(Se mantiene la tabla original, aplicando negritas a los datos clave)

Situación y medidas por países ante la crisis energética

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En las últimas semanas se está constatando un incremento significativo en el precio de productos fundamentales para la actividad agrícola, especialmente en el caso de los fertilizantes. Se trata de insumos imprescindibles para garantizar la productividad de los cultivos y la viabilidad económica de muchas explotaciones agrarias.

Ante esta situación, desde ASAJA Aragón solicitamos a las administraciones que se estudie la eliminación de los aranceles a los productos que importamos y que resultan fundamentales para la fertilización, con el objetivo de aliviar los costes de producción que soportan los agricultores. La retirada de estos aranceles permitiría amortiguar, al menos en parte, el impacto que la actual coyuntura internacional está provocando en el campo.

Todo ello se produce en una campaña marcada por la incertidumbre que genera el acuerdo con MERCOSUR y por unas ventas de cereal muy reducidas, que en muchos casos han obligado a los agricultores a malvender sus producciones. En este contexto, el encarecimiento de los fertilizantes supone una grave estocada para la rentabilidad de las explotaciones, justo en un momento en el que muchas de ellas están inmersas en los abonados de los cereales de invierno y en la preparación de los cultivos de verano.

Del mismo modo, mostramos también nuestra preocupación por la subida del precio de los carburantes en depósito, un coste esencial para el funcionamiento de la maquinaria agrícola y para el desarrollo de las labores en el campo. El incremento del gasóleo agrícola vuelve a tensionar la rentabilidad de muchas explotaciones, que ya vienen soportando un aumento generalizado de los costes de producción en los últimos años.

Desde nuestra organización agraria seguimos con atención la evolución de los acontecimientos internacionales y nos mantenemos expectantes ante el devenir de la situación, que podría agravarse si el conflicto se prolonga en el tiempo.

En este sentido, advertimos de que una escalada o prolongación de la situación bélica podría poner en peligro la producción de cosechas fundamentales para la economía de agricultores y ganaderos aragoneses, al encarecer todavía más los insumos necesarios para la producción agraria.

Asimismo, desde ASAJA Aragón queremos recordar que Europa y España mantienen una importante dependencia exterior en productos clave para la fertilización, lo que hace especialmente vulnerable al sector agrario ante cualquier crisis internacional. Esta situación vuelve a poner de manifiesto la necesidad de reforzar políticas que garanticen la seguridad alimentaria, asegurando que los agricultores y ganaderos europeos puedan producir alimentos en condiciones de estabilidad y rentabilidad.

Por ello, desde ASAJA Aragón insistimos en la necesidad de que las administraciones actúen con rapidez y adopten medidas que permitan proteger al sector agrario, garantizando que agricultores y ganaderos puedan seguir produciendo alimentos. La producción de alimentos es estratégica para la sociedad y para la economía, y no puede verse comprometida por el encarecimiento de insumos básicos derivado de tensiones geopolíticas internacionales.

ASAJA Aragón

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El sector de las oleaginosas (girasol, colza y soja) se enfrenta a una situación de competencia desleal sin precedentes. ASAJA y el Copa-Cogeca han denunciado ante la Comisión Europea la imposición de un arancel del 10% por parte de Ucrania a la exportación de sus semillas.

¿Qué está ocurriendo?

Ucrania está aplicando un impuesto “de salida” a sus semillas de girasol, colza y soja. El objetivo es retener la materia prima dentro de sus fronteras para que su propia industria nacional la compre a precios artificialmente baratos, muy por debajo del valor de mercado.

Una vez procesado, Ucrania exporta ese aceite a la Unión Europea a precios extremadamente bajos con los que los productores españoles y europeos no pueden competir. Esta estrategia ha provocado que las importaciones de aceite ucraniano en la UE se disparen de 2 a más de 3 millones de toneladas, representando ya el 41% de todo el aceite que entra en la Unión.

El impacto en España

España, como gran productor y procesador de girasol, se ve doblemente afectada:

Hundimiento de precios: La llegada masiva de aceite barato distorsiona el precio real de mercado, reduciendo la rentabilidad de los agricultores.

Asfixia de la industria local: Las plantas de trituración pierden valor añadido al no poder competir con el coste artificialmente bajo de la industria ucraniana.

Un incumplimiento legal

Esta medida viola directamente el Acuerdo de Asociación revisado entre la UE y Ucrania, en vigor desde octubre de 2025. Aunque la Comisión Europea ya ha planteado el conflicto, las autoridades ucranianas se niegan a retirarlo alegando, de forma errónea, que solo afecta a comerciantes y no a agricultores.

Exigencia de medidas contundentes

Ante la falta de voluntad de Ucrania por cesar esta práctica ilegal, ASAJA solicita formalmente a la Comisión Europea que:

• Exija la eliminación inmediata de este arancel del 10%. • En caso de negativa, imponga aranceles de represalia a las importaciones de aceite de semillas ucraniano para restablecer el equilibrio en el mercado.

Desde ASAJA y Copa-Cogeca se seguirá presionando para que la próxima campaña agrícola se desarrolle en condiciones de competencia justa y equitativa.

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Cada vez que el mundo entra en tensión, el campo vuelve a mirar con preocupación sus cuentas. Ocurrió con la pandemia, volvió a suceder con la guerra de Ucrania y ahora se repite con la escalada del conflicto en Oriente Medio y las nuevas tensiones comerciales internacionales.

Para muchos puede parecer una crisis lejana, pero para un agricultor o un ganadero el impacto es inmediato. El campo depende de insumos directamente ligados a la energía y al comercio internacional: fertilizantes, gasóleo agrícola, electricidad para el riego o materias primas para la producción. Cuando esos engranajes se alteran, el efecto se traslada casi automáticamente a los costes de producción.

En estos primeros días de tensión internacional ya se empieza a notar. Los agricultores advierten de subidas en los combustibles y de un incremento del precio de los fertilizantes, especialmente los nitrogenados. La producción de abonos depende de materias primas como el gas natural, el amoníaco o la urea, cuyo comercio y fabricación se ven afectados cada vez que se altera el equilibrio energético mundial.

Conviene recordar un dato que a menudo pasa desapercibido: los fertilizantes representan aproximadamente el 15% de los costes de producción en muchas explotaciones. Un incremento sostenido en su precio puede marcar la diferencia entre mantener la viabilidad de una explotación o trabajar prácticamente sin margen.

Además, el problema no llega de cero. El precio de los abonos ya venía tensionándose en el último año, con subidas superiores al 12%, influido por decisiones regulatorias como los aranceles a fertilizantes procedentes de Rusia y Bielorrusia o por el nuevo Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la Unión Europea. A ese escenario se suma ahora una nueva incertidumbre energética que amenaza con encarecer todavía más los insumos.

La energía es otro factor determinante. Si el precio del petróleo continúa al alza, el impacto terminará trasladándose a los surtidores. Diversos análisis apuntan a que, si el barril de Brent se mantiene en niveles cercanos a los actuales, el precio de los carburantes podría subir entre ocho y diez céntimos por litro en las próximas semanas. Puede parecer poco, pero para una explotación agrícola que depende del gasóleo para trabajar la tierra o transportar la producción, cada céntimo cuenta.

A todo ello se suma un elemento adicional: el comercio internacional. Las tensiones comerciales pueden terminar afectando a mercados estratégicos para la agroalimentación española, como el estadounidense, especialmente para productos emblemáticos como el vino o el aceite de oliva.

En medio de este escenario aparece una paradoja que se repite con demasiada frecuencia. Cuando suben los costes de producción, el agricultor y el ganadero rara vez pueden repercutir ese incremento en el precio que reciben. Sin embargo, el consumidor termina pagando alimentos más caros.

Es una situación que invita a la reflexión. Si el productor no cobra más por lo que produce y el consumidor sí paga más por lo que compra, significa que en algún punto de la cadena el valor añadido se está quedando por el camino.

El campo soporta así la primera parte del impacto: fertilizantes más caros, gasóleo más caro, energía más cara. Y cuando el precio final de los alimentos aumenta, el consumidor lo percibe en su cesta de la compra. Entre ambos extremos, la cadena alimentaria sigue funcionando con eficacia, aunque no siempre con una distribución del valor equilibrada. ¿Quién hace negocio con la crisis?

Por eso el sector agrario insiste en una idea sencilla: cuando se encarece producir alimentos, no solo se pone en riesgo la viabilidad de las explotaciones. También se tensiona el precio final que paga la sociedad.

Ante esta situación, es imprescindible que las instituciones europeas y nacionales actúen con rapidez. Reducir aranceles, revisar mecanismos regulatorios que encarecen los insumos o activar ayudas extraordinarias si la situación se agrava no son privilegios para el sector, sino medidas de sentido común para garantizar la producción de alimentos.

Porque conviene no olvidar algo esencial: sin agricultores y ganaderos no hay alimentos. Y sin un campo viable, la seguridad alimentaria deja de ser una certeza para convertirse en una preocupación.

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