Diversas investigaciones desarrolladas por universidades y centros científicos de referencia han evidenciado el papel significativo que desempeña el conejo y otras especies en la transmisión del parásito causante de la leishmaniosis, especialmente en zonas donde conviven con personas y animales de compañía. Asimismo, otros trabajos han constatado la elevada presencia de garrapatas en los conejos a lo largo de todo el año, con distintas especies y una carga considerable por ejemplar. Estos datos evidencian la magnitud del problema en el centro peninsular y, en particular, en la provincia de Ciudad Real, escenario de algunos de estos estudios.

ASAJA CLM recuerda que en Castilla-La Mancha ya se han registrado casos de especial relevancia, como el de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo confirmado en 2024 tras la picadura de una garrapata en la provincia de Toledo, que tuvo consecuencias mortales.

Ante esta situación, la organización agraria reclama a las administraciones públicas que refuercen no solo las medidas de control de las poblaciones de especies cinegéticas, especialmente los conejos, sino también los sistemas de vigilancia sanitaria y seguimiento de garrapatas. Asimismo, considera fundamental intensificar la detección precoz de posibles casos y promover campañas de concienciación dirigidas a la población. “Actividades cotidianas como pasear por el campo se están convirtiendo en una vía de entrada de estos parásitos en los hogares, incrementando el riesgo de transmisión de enfermedades”.

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La PPA sigue siendo una de las mayores amenazas para el sector porcino europeo. Sin vacuna eficaz disponible y con el jabalí como principal reservorio silvestre, la prevención es prácticamente la única herramienta para los ganaderos. En este contexto, un equipo de investigadores españoles ha desarrollado el primer protocolo científico estandarizado para evaluar y mejorar la bioseguridad externa de las explotaciones porcinas intensivas frente a la fauna silvestre.

El trabajo, publicado en Preventive Veterinary Medicine, está liderado por el Grupo de Investigación en Sanidad y Biotecnología (SaBio) del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC – CSIC, UCLM, JCCM). Para desarrollarlo, se analizaron 40 explotaciones intensivas en tres comunidades que concentran casi el 58% del censo porcino nacional.

El jabalí: una amenaza que muchos ganaderos no detectan

Uno de los datos más llamativos es la brecha entre la percepción de los ganaderos y la realidad sobre la presencia del jabalí. El 45% afirmó no haber visto nunca a este animal cerca de su explotación, y el 47,5% declaró haberlo visto solo de forma esporádica. Sin embargo, los investigadores encontraron evidencias de actividad en el 47,5% de las explotaciones auditadas.

El riesgo no proviene del contacto directo, poco habitual en sistemas intensivos, sino de la vía indirecta: vehículos, ropa, herramientas o materiales que han estado en contacto con zonas frecuentadas por jabalíes pueden introducir el virus en la granja. El estudio incluye datos de seguimiento GPS de un jabalí adulto que muestran cómo utiliza de forma continua el entorno inmediato de las explotaciones, incluidas naves de cebo y fosas de purines.

Vallados que cumplen la norma pero no protegen

El estudio revela que el sector porcino español presenta un nivel de bioseguridad aceptable, pero con vulnerabilidades importantes. Entre los puntos más débiles destacan el control de vehículos, la gestión del personal, la separación entre zonas limpias y sucias, las actividades en el entorno de la granja o la vinculación de trabajadores a la actividad cinegética.

Un dato revelador: aunque la mayoría de explotaciones contaban con vallado perimetral y cumplían la normativa, solo el 22,5% era realmente eficaz para impedir la entrada del jabalí. Además, la mitad de las puertas de acceso resultaban ineficaces incluso estando cerradas. Cumplir la norma no siempre equivale a estar protegido.

Un protocolo que va más allá de las recomendaciones genéricas

Lo más relevante es que el protocolo no se queda en el diagnóstico: transforma la evaluación en un plan de acción concreto para cada explotación. Combina entrevistas, análisis del entorno y auditorías de campo, generando planes de bioseguridad personalizados que priorizan medidas según el riesgo real. Desde la mejora de vallados hasta el rediseño de accesos o la formación del personal, todas las actuaciones son concretas y aplicables.

Este enfoque adaptativo supone un cambio de modelo: en lugar de aplicar las mismas medidas a todas las granjas, permite mejorar de forma progresiva y eficiente, centrando los recursos donde el riesgo es mayor.

Base para la futura Guía del Ministerio

El protocolo servirá de base para la Guía de Bioseguridad que publicará próximamente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Su carácter estandarizado y flexible lo convierte en una herramienta transferible a otros países y sistemas productivos.

Los autores subrayan que la bioseguridad no debe verse como una carga burocrática, sino como una inversión estratégica. España es el mayor productor de porcino de Europa y uno de los principales exportadores mundiales. Un brote de PPA pondría en riesgo el empleo rural, la industria alimentaria y la posición del sector en los mercados internacionales. Proteger la bioseguridad es proteger la viabilidad del sector.

Fuente: Preventive Veterinary Medicine / IREC – CSIC, UCLM, JCCM

Ciencia en bioseguridad contra la Peste Porcina Africana

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La organización agraria insiste en que la situación actual requiere una respuesta más ambiciosa, coordinada y eficaz. Por ello, considera imprescindible ampliar las medidas vigentes con nuevas actuaciones que permitan atajar el problema desde todos los ámbitos y garantizar soluciones reales para el sector agrario.

En materia cinegética, ASAJA CLM plantea intensificar el control poblacional mediante la ampliación de métodos y calibres autorizados, incluyendo el uso de aire comprimido en 4,5 mm y 5,5 mm. También propone extender la caza nocturna y el uso del calibre 22 a sociedades de cazadores y cotos, garantizar la continuidad del control durante todo el año —incorporando el mes de mayo—, reducir las distancias de seguridad en zonas críticas, permitir el uso controlado de métodos químicos en casos excepcionales, agilizar la autorización de cajas trampa y reforzar los equipos humanos con más agentes medioambientales y especialistas huroneros.

En el ámbito ambiental, ASAJA CLM reclama actuaciones directas sobre el entorno para facilitar el control de la especie. Entre ellas, mantener infraestructuras y cauces limpios para localizar madrigueras, reconocer las superficies afectadas como barbecho de biodiversidad dentro de los Ecorregímenes, e impulsar la investigación de nuevas herramientas de control masivo, como el desarrollo de piensos específicos.

La prevención ocupa un lugar destacado en las propuestas. ASAJA CLM plantea el vallado perimetral técnico y ultrarresistente en todas las vías de comunicación —autovías, nacionales, humedales, lagunas y zonas ZEPA—, así como la publicación inmediata de ayudas para cerramientos, protectores individuales y eliminación de majanos, con financiación suficiente para cubrir la totalidad de las inversiones.

En relación con los seguros agrarios, la organización valora la petición de eliminar el límite de años para indemnizaciones, pero considera vital reformar los procedimientos de Agroseguro y ENESA para que la cobertura sea real y ajustada al daño actual.

En el ámbito administrativo y tecnológico, ASAJA CLM propone ampliar la declaración de emergencia cinegética a nuevos municipios, agilizar los trámites para aprobar planes técnicos de caza y exigir responsabilidades a los cotos que no colaboren activamente. Además, pide a las Diputaciones Provinciales establecer fondos de ayudas directas, publicar convocatorias comprometidas y simplificar requisitos para garantizar la eficacia de las medidas.

Todo ello, ha explicado la organización, debe contar con suficiencia presupuestaria. Es necesario incrementar los fondos destinados al control de la sobrepoblación, ajustándolos a la magnitud real del problema.

Con este paquete de 18 medidas adicionales, ASAJA CLM busca que la Mesa del Conejo de mañana no sea un mero trámite, sino el punto de inflexión definitivo para salvar la viabilidad de miles de explotaciones en la región.

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Según la última actualización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), fechada el 22 de abril de 2026, los Servicios Veterinarios Oficiales de la Generalitat han notificado 16 nuevos casos en jabalíes silvestres dentro de la zona restringida II.

Con estos registros, el balance total asciende a 47 focos —3 primarios y 44 secundarios— y 284 jabalíes positivos repartidos en 12 municipios del área metropolitana de Barcelona: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Rubí, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Barcelona, Sabadell, El Papiol y, por primera vez, Castellbisbal.

La detección en Castellbisbal es especialmente relevante porque este municipio se encuentra a menos de 3 kilómetros de la zona restringida I. Esto obliga a modificar la zonificación vigente establecida en el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/594, lo que supondrá la inclusión de nuevos municipios en las zonas restringidas I y II en los próximos días.

Como medida urgente, ya se están instalando barreras físicas alrededor del nuevo foco. Actualmente existe vallado ejecutado hasta 4 kilómetros, y se prevé completar el cierre perimetral a 6 kilómetros a lo largo de esta semana, enlazando con vallados preexistentes.

Los servicios veterinarios han analizado 3.746 animales con resultado negativo: 2.936 capturados o abatidos sin síntomas clínicos y 810 investigados mediante vigilancia pasiva (cadáveres o restos hallados en el entorno natural).

Para contener la enfermedad, se ha diseñado una “zona blanca” de al menos 6 kilómetros de ancho alrededor del área afectada, con una zona buffer intermedia en la que se intensificarán los esfuerzos para reducir la densidad de jabalíes mediante trampas y control poblacional a cargo de agentes rurales y cazadores formados.

Una buena noticia para el sector: las 45 explotaciones comerciales ubicadas en las zonas restringidas I y II siguen siendo inspeccionadas regularmente y, hasta la fecha, no se ha detectado ningún caso positivo en cerdo doméstico. Los controles de bioseguridad se mantienen y se han reforzado.

Las autoridades insisten en varios puntos clave:

• La PPA no es una zoonosis, no hay riesgo para las personas ni por contacto ni por consumo.
• Es obligatorio extremar las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones y en el transporte de animales.
• Cualquier sospecha debe comunicarse de inmediato a los Servicios Veterinarios Oficiales.
• Se mantiene un alto nivel de alerta en todo el territorio nacional, con vigilancia reforzada en Cataluña y el resto de España.

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El presidente de la organización agraria, José María Fresneda, ha criticado con dureza las condiciones de las pólizas y ha calificado de “indecente” la situación que padecen los agricultores cuando sufren siniestros causados por especies de caza menor y mayor. “En el caso de los conejos, por ejemplo, el seguro establece una franquicia absoluta del 20%, lo que reduce drásticamente la indemnización. Esto significa que, en una parcela con una producción esperada de 1.000 kilos y un daño peritado del 50%, el agricultor solo percibiría el equivalente al 30%, es decir, 300 kilos”, ha explicado.

A esta situación se suman las penalizaciones por reiteración de siniestros en una misma parcela. Según ha explicado ASAJA CLM, el sistema reduce la producción asegurable en un 25% tras dos años con daños, un 50% tras tres años y hasta un 100% en el cuarto año, lo que en la práctica supone que los agricultores dejan de percibir indemnizaciones pese a seguir sufriendo pérdidas.

La organización agraria considera que este modelo no responde ni a las necesidades reales del campo ni a los objetivos para los que fue creado. Denuncia, además, un deterioro progresivo del sistema debido al encarecimiento de las pólizas y al recorte de coberturas, lo que ha provocado que muchos agricultores se planteen abandonar la contratación de seguros al no considerarlos una herramienta útil para garantizar sus rentas.

En este contexto, ASAJA CLM ha valorado la reciente petición de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para que Agroseguro y la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) continúen abonando indemnizaciones por daños de conejos sin límite de años. Sin embargo, la organización considera que esta petición “no es suficiente y es necesario ir más allá”, ya que se trata de un problema estructural que exige una revisión profunda del sistema.

Los datos reflejan la magnitud de la situación: según datos proporcionados por Agroseguro, en 2025 se registraron más de 51.000 hectáreas afectadas por especies cinegéticas, de las cuales más de 40.000 corresponden a caza menor. Por su parte, la Consejería de Desarrollo Sostenible estima que existen 3,4 millones de hectáreas con sobrepoblación de conejos en la región. Una diferencia que evidencia que las cifras no concuerdan y que pone de manifiesto la desconexión entre la realidad del campo y los datos del sistema asegurador, ya que no resulta coherente que exista tal extensión con sobrepoblación y que el número de hectáreas afectadas reconocidas sea tan reducido.

ASAJA CLM insiste en que es necesario habilitar partidas presupuestarias suficientes para afrontar este problema y evitar que sean los agricultores quienes asuman en solitario las consecuencias de la falta de actuación. “No puede ser que, fruto de la mala gestión de las Administraciones, el coste recaiga únicamente sobre el campo”, ha señalado.

Asimismo, el presidente de la organización ha cuestionado las recientes declaraciones del director general de Agroseguro, quien destacaba el riguroso trabajo técnico realizado durante los últimos años “que nos ha llevado a corregir los desequilibrios en prácticamente todas las líneas de seguros”. En este sentido, Fresneda ha afirmado que “el mayor desequilibrio sigue sin corregirse: la falta de compensación justa por los daños causados por especies cinegéticas”, tanto de caza menor como mayor, pese a años de advertencias.

Desde ASAJA CLM denuncian que Agroseguro actúa “como un gigante sin competencia, un monopolio que fija las reglas para no perder dinero”, mientras el agricultor “queda solo ante el peligro”. En esta línea, lamentan que una entidad concebida como herramienta de apoyo al campo se haya convertido en un obstáculo para su supervivencia. “Es una vergüenza que prefieran cuadrar sus cuentas antes que salvar las explotaciones de los agricultores y garantizar nuestra soberanía alimentaria”, han concluido.

Por todo ello, ASAJA Castilla-La Mancha exige una revisión integral del sistema de seguros agrarios y reclama un cambio profundo hacia un modelo más transparente, accesible y eficaz, que garantice una cobertura real frente a los daños y responda a las necesidades del sector.

Fuente: Asaja Castilla La Mancha

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Los datos lo avalan. Según la Fundación Artemisan, solo en 2024 los daños provocados por fauna silvestre afectaron a más de 26.000 hectáreas, con pérdidas económicas que alcanzaron los 1,8 millones de euros. A ello se suma el impacto del jabalí en la seguridad vial, con más de 15.000 accidentes registrados.

Desde la propia Fundación Artemisan y WWF coinciden en que se trata de un problema complejo, pero con consecuencias muy concretas sobre el terreno. En el caso del conejo, WWF habla de una situación “paradójica”: mientras sus poblaciones caen en zonas de monte, en áreas agrícolas se concentran y generan graves perjuicios para los agricultores.

Este desequilibrio responde, según los análisis, a la transformación del territorio, con un paso hacia modelos agrícolas más intensivos, el aumento del regadío y la proliferación de infraestructuras que, en la práctica, actúan como refugio para estas especies y dificultan su control.

Por su parte, el crecimiento del jabalí —que se ha multiplicado hasta un 550 % en las últimas décadas, alcanzando cerca de dos millones de ejemplares— agrava aún más la situación, tanto por los daños directos en cultivos como por los riesgos sanitarios y de seguridad.

Desde ASAJA se viene advirtiendo de esta problemática desde hace años, reclamando medidas urgentes que permitan controlar las poblaciones y proteger la viabilidad de las explotaciones. En este sentido, los planteamientos de la Fundación Artemisan, que abogan por una gestión más activa y flexible de la caza, coinciden con las demandas del sector.

Frente a ello, WWF pone el foco en actuaciones estructurales a largo plazo, como la mejora de hábitats o cambios en las políticas agrarias, lo que evidencia que no existe una solución única.

En cualquier caso, lo que sí es evidente es que el problema ya está teniendo un impacto directo sobre el campo. Y, como viene insistiendo ASAJA, no actuar con rapidez solo agravará una situación que amenaza tanto la rentabilidad de las explotaciones como el equilibrio del medio rural.

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ASAJA Castilla-La Mancha ha valorado las medidas anunciadas por la Administración regional para hacer frente a la sobrepoblación de conejo de monte, aunque ha subrayado que llegan muy tarde y resultan insuficientes ante la gravedad de los daños acumulados durante más de dos décadas.

El presidente de ASAJA CLM, José María Fresneda, ha recordado que todas estas actuaciones han sido solicitadas reiteradamente por la organización durante dos décadas sin obtener respuesta. En este sentido, ha cuestionado que ahora se consideren viables cuando durante tanto tiempo se rechazaron, dejando a los agricultores asumir en solitario las pérdidas. “Después de tantos años de daños continuados, alguien debería responder por las consecuencias que ha sufrido el campo”, ha señalado.

Fresneda ha advertido además de que el impacto de las medidas dependerá directamente de su aplicación inmediata, coordinada y simultánea. “Si no se ponen en marcha todas a la vez y con urgencia, no vamos a notar ningún efecto real. El problema es de tal magnitud que no admite soluciones parciales ni dilatadas en el tiempo. La Consejería debería movilizar todos sus recursos técnicos y humanos para reducir drásticamente la población de conejos en las comarcas de la región afectadas. Si las medidas dependen sólo del dinero o la subvención, fracasarán”, ha afirmado.

Por ello, el presidente de ASAJA CLM ha insistido en que estas medidas deben ir acompañadas de actuaciones adicionales que permitan una solución eficaz, real, justamente compensada y duradera. “Necesitamos ir más allá. Hay que investigar nuevas herramientas que permitan reducir la población de forma masiva y eficaz, como piensos esterilizantes, porque con estas medidas no será suficiente”, ha explicado.

Asimismo, ha exigido que los nuevos municipios que se vayan viendo afectados se incorporen de manera inmediata a la declaración de emergencia cinegética y un incremento significativo del presupuesto destinado a este problema. “Las ayudas del 70% de la inversión para cobertores en leñosos y mallas en cereales supone que el agricultor tiene que gastarse el otro 30% restante y, por tanto, seguir asumiendo una parte del coste de un problema que no han generado”, ha subrayado.

En relación con los cotos privados de caza, Fresneda ha sido tajante al señalar que es imprescindible garantizar su implicación activa. “No se puede pedir colaboración y, si no actúan, volver a cargar el problema sobre el agricultor. Si no hay colaboración, habrá que tomar medidas legales”, ha advertido.

Medidas anunciadas por la Consejería de Desarrollo Sostenible

Entre las actuaciones anunciadas esta mañana se encuentra la creación de una mesa específica del conejo de monte, cuya convocatoria está prevista en un plazo breve, así como el refuerzo del control poblacional mediante la creación de un equipo especial denominado ECOFA. Este grupo estará integrado inicialmente por agentes medioambientales que llevarán a cabo actuaciones de caza selectiva en zonas específicas propiedad de la Junta, como entornos naturales, vías pecuarias y lagunas. Las intervenciones se realizarán principalmente en horario nocturno, utilizando visores nocturnos y armamento de calibres 17-22, con el objetivo de aumentar la eficacia en la captura de esta especie, cuya actividad se concentra durante la noche.

Esta medida se ampliará mediante autorizaciones y formación específica a grupos de apoyo voluntarios, integrados por cazadores con licencia, en colaboración con la Federación de Caza y distintas asociaciones del sector, quienes también podrán realizar capturas nocturnas bajo las mismas condiciones.

Asimismo, se desplegarán equipos huroneros contratados por la Consejería que operarán durante la jornada diurna en zonas críticas —como carreteras, infraestructuras ferroviarias y lagunas— donde no es posible el uso de armas de fuego.

También se pondrá en marcha la autorización excepcional del uso de cajas trampa en las explotaciones agrarias y, en materia de prevención, se han previsto ayudas para protectores en cultivos leñosos, vallados y eliminación de majanos, así como subvenciones para el mallado de cultivos herbáceos, con posibilidad de anticipo.

El paquete también recoge el vallado de zonas críticas como humedales, vías pecuarias y autovías y la creación de un sistema de declaración de daños con respuesta administrativa y medidas coordinadas con la Consejería de Agricultura para evitar penalizaciones en la PAC cuando los daños impidan la producción o por la retirada de majanos. Igualmente, la petición a Agroseguro de la no exclusión del sistema de los agricultores afectados por daños de conejos y, también, por el resto de la fauna salvaje en el caso que proceda.

Finalmente, ASAJA CLM ha reiterado que la situación exige una respuesta mucho más ambiciosa y urgente. “El campo no puede esperar más. Nos jugamos la viabilidad de muchas explotaciones agrarias en Castilla-La Mancha. Por ello, al margen de estas medidas, el procedimiento iniciado ante la Fiscalía continuará abierto”, ha concluido Fresneda.

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La organización agraria ha puesto el foco especialmente en la grave sobrepoblación de conejos y, al margen de lo que determine la Fiscalía, ha exigido la aplicación inmediata de las medidas ya anunciadas por la Consejería de Desarrollo Sostenible, así como el refuerzo y mejora de las actuaciones puestas en marcha hasta ahora

En este sentido, ASAJA CLM ha asegurado que los agricultores de Castilla-La Mancha siguen reclamando acciones contundentes porque sus problemas no están resueltos. “Si las medidas no están en la calle es porque nos han vuelto a engañar. Y si hay que seguir movilizándose, lo haremos”, han señalado.

Los agricultores acumulan millones de euros en pérdidas y se encuentran al límite en plena campaña de cereal. “Dentro de dos semanas será tarde. Mientras aplican soluciones, los conejos se siguen comiendo nuestros cultivos”, han advertido. El ritmo de su reproducción es “exponencialmente muy superior al ritmo que puedan tener todos los gobiernos con toda su intención del mundo para controlar la población”.

Entre las medidas comprometidas que ASAJA CLM ha exigido aplicar de forma inminente, aunque las han valorado de muy insuficientes, se encuentran la autorización de jaulas homologadas, el permiso para la caza nocturna, la instalación de vallados y mallas conejeras en zonas de alta densidad junto con la captura efectiva en infraestructuras; la contratación de más huroneros profesionales en zonas sensibles cercanas a núcleos de población, lagunas y humedales, y otras ayudas específicas para los afectados.

Además, la organización agraria ha pedido que se autoricen todos los métodos de control existentes y que se investiguen nuevas opciones. “No se trata de abrir nuevos debates ni de buscar apoyos, sino de aplicar medidas que resuelvan el problema”, han subrayado.

ASAJA CLM también ha pedido a la Consejería que extreme la agilidad administrativa: “Deben aplicar la ley de urgencia y no complicar las medidas con condiciones, permisos o autorizaciones. Se trata de facilitar, no de obstaculizar. Los agricultores llevan acumulados millones de pérdidas y gastos extraordinarios para proteger sus cultivos de los conejos, asumiendo una labor y una responsabilidad que no les corresponde”.

Asimismo, han solicitado a la Consejería de Agricultura que, dentro de sus competencias en la PAC, se adopten medidas para evitar que esta situación genere nuevos problemas a los productores en el cobro de ayudas, como las incidencias derivadas de la teledetección, que pueden dejar indefenso al agricultor al no poder demostrar que su parcela fue sembrada.

Otros asuntos urgentes del sector

El Comité Ejecutivo también ha abordado otros problemas que preocupan seriamente al campo regional, cuestiones ya avanzadas por el presidente de la organización, José María Fresneda, en la última rueda de prensa celebrada y que requieren respuestas urgentes.

Entre otras cuestiones, en materia de Desarrollo Sostenible, han analizado la gestión de las zonas ZEPA, los incendios y las zonas vulnerables. Y en el ámbito de Agricultura, la incorporación de jóvenes, los expedientes pendientes de resolución o de pago, la gestión del PDR y el plan estratégico de ganadería.

Además, han puesto sobre la mesa la necesidad de ayudas para afectados por las últimas borrascas, soluciones a los problemas en materia de aguas y medidas frente a las repercusiones de acuerdos internacionales en los precios y costes de producción.

Todas estas propuestas quieren trasladarse a una mesa de negociación solicitada al vicepresidente primero del Gobierno regional, con el objetivo de que lidere y coordine un espacio en el que estén presentes las Consejerías de Agricultura y Desarrollo Sostenible.

Desde ASAJA CLM han reclamado que se establezca una hoja de ruta clara, con plazos definidos, que se apliquen urgentemente las medidas comprometidas y que se desbloqueen aquellas que requieren una visión transversal del Gobierno.

“La situación es de urgencia absoluta. Estamos al límite y el campo no puede esperar más”. Con estas palabras han reclamado la adopción inmediata de medidas concretas que solucionen los problemas existentes y pongan fin a los agravios comparativos que sufren los productores de la región.

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La nueva orden formaliza la adscripción del Comité al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y establece su funcionamiento como instrumento de coordinación interadministrativa. Este órgano tiene como antecedente el antiguo Comité de Caza y Pesca, creado en 2010 por el entonces Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que venía actuando como espacio de análisis técnico y coordinación en materias de competencia autonómica.

La gestión cinegética es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, mientras que la Administración General del Estado ejerce funciones de coordinación. En este marco, el Comité de Caza se configura como el órgano encargado de articular la cooperación técnica entre las distintas administraciones.

El comité estará integrado por un representante técnico de cada comunidad autónoma y por representantes del Ministerio, pertenecientes a la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios. Según la orden, su finalidad es servir de foro de diálogo, intercambio de información y propuesta de actuaciones en relación con la gestión de la actividad cinegética.

Asimismo, en el seno del comité se crea una comisión técnica asesora, de carácter permanente y consultivo, cuya función será aportar apoyo técnico y científico y facilitar la comunicación entre la comunidad científica y el sector cinegético.

Entre los objetivos señalados en la norma figuran la coordinación en la gestión de la actividad cinegética, la conservación de las poblaciones silvestres, el control sanitario de las especies y la consideración del impacto económico y social de esta actividad en el medio rural, en un marco orientado a la sostenibilidad.

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ASAJA ha presentado formalmente una queja ante el Defensor del Pueblo Europeo contra la Comisión Europea por su actuación en relación con el incumplimiento del Gobierno español en la remisión del informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo (Canis lupus) y otras especies protegidas.

La organización agraria denuncia que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no trasladó a la Unión Europea el citado informe antes del 31 de julio de 2025, tal y como exige la Directiva Hábitats. Esta circunstancia ha motivado la apertura de un expediente de infracción por parte de la Comisión Europea contra España, hecho del que ASAJA tuvo conocimiento el 30 de enero de 2026.

Según expone ASAJA en su escrito, el informe sexenal fue elaborado y aprobado por el órgano técnico competente en junio de 2025, con la participación de expertos de las distintas comunidades autónomas. Sin embargo, dichos datos no fueron remitidos a Bruselas.

Falta de transparencia y consecuencias para el sector ganadero

ASAJA considera que la no remisión de información actualizada y científicamente verificada impide una evaluación rigurosa del estado real de la población de lobos en España y distorsiona la toma de decisiones a nivel europeo.

La organización recuerda que los ataques al ganado han aumentado de forma significativa en los últimos años, afectando especialmente a explotaciones extensivas situadas en zonas rurales vulnerables. Cada año se contabilizan miles de cabezas de ganado muertas o heridas por ataques de lobo, con consecuencias económicas y sociales que trascienden el daño directo: estrés en los animales, pérdida de productividad, abandono de explotaciones y deterioro del tejido rural.

ASAJA advierte de que no puede exigirse al sector ganadero nuevos sacrificios sin una base científica sólida, transparente y actualizada que permita garantizar el equilibrio entre la conservación de la biodiversidad y la viabilidad de la actividad agraria.

Solicitud de actuación firme por parte de Bruselas

En su queja, la organización solicita que la Comisión Europea actúe con firmeza ante el Gobierno español para exigir el cumplimiento inmediato de sus obligaciones en materia de información y transparencia.

Asimismo, pide que se analicen las posibles implicaciones jurídicas derivadas de la reiterada omisión en la remisión de datos oficiales, al considerar que esta situación genera inseguridad jurídica y podría afectar a la correcta aplicación del Derecho comunitario.

ASAJA recuerda que ya en junio de 2022 trasladó en Bruselas su preocupación por el envío de censos obsoletos de 2014, que no reflejaban la situación real del lobo en España.

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