ARAG-ASAJA impulsa un modelo de coordinación con la Guardia Civil para prevenir los robos en explotaciones agrarias mediante un sistema integral de información y comunicación.

La organización propone crear un registro detallado de hurtos y designar un único interlocutor por zona para agilizar la respuesta ante los delitos.

El nuevo marco legal endurece las penas: los hurtos superiores a 400 euros se consideran delito penal agravado, con sanciones de hasta tres años de prisión, reforzando la seguridad en el medio rural.