Teniendo en cuenta el número de explotaciones y las hectáreas censadas en la Comunitat Valenciana como tierras destinadas al cultivo de cítricos, así como el valor medio de las cotizaciones y los volúmenes productivos, un somero cálculo permite establecer que la deuda que arrastran los citricultores valencianos como consecuencia directa de estos impagos superan ya los 150 millones de euros.

De acuerdo con los servicios jurídicos de AVA-ASAJA, la inmensa mayoría de los operadores comerciales que no aún no han pagado a los agricultores son sociedades limitadas (SL) y en menor proporción cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación (SATs), si bien en determinados casos algunas de estas firmas llegaron a presentar al agricultor una insultante liquidación final por valor de cero euros. Otro dato no menos alarmante es el incremento próximo al 15% en el número de concursos de acreedores que se ha registrado en el ámbito de las firmas citrícolas durante la pasada campaña, según las estimaciones de los servicios jurídicos de esta organización agraria.

“Los últimos datos que manejamos –comenta el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado– muestran en toda su crudeza la situación crítica que atraviesa nuestra citricultura. Ya no es que estemos hablando de que al citricultor se le pague una miseria por su trabajo, lo que estamos diciendo es que ni siquiera está cobrando esa miseria en un 20% de los casos, es decir, en una proporción escandalosamente elevada e inaceptable. Bajo estas circunstancias es imposible continuar. El asunto es mucho más grave de lo que pudiera parecer a simple vista y hace tiempo que venimos advirtiéndolo, porque la primera víctima del constante envilecimiento de los precios que venimos sufriendo año tras año es el agricultor, sí, pero al final es toda la estructura del negocio la que acaba deteriorándose y llegan los impagos, los problemas para las empresas comercializadoras y, finalmente, los concursos de acreedores. Comenzamos ahora una nueva campaña y es necesario que todo el sector y las propias administraciones reflexionemos con seriedad sobre el deplorable estado de nuestra citricultura y sobre si de verdad queremos que tenga un futuro. Seguimos esperando las medidas que anunció el Gobierno”.

Ante el aluvión de impagos en el sector, los servicios jurídicos de AVA-ASAJA recuerdan a los agricultores la necesidad de utilizar el contrato homologado –que aprobó Intercitrus y refrendó el Gobierno– a la hora de vender sus cosechas o, cuanto menos, los llamados partes de compra y albaranes de recogida ya que se trata de documentos válidos a todos los efectos legales en caso de tener que presentar una reclamación ante los tribunales.