El Servicio de Atención al Cliente de la entidad Cajamar ha contestado a las reclamaciones efectuadas por agricultores y ganaderos a los que se les obligó a suscribir un seguro de vida para la formalización de los préstamos habilitados con motivo de la sequía.

 El Servicio de Atención al Cliente de la entidad Cajamar ha contestado a las reclamaciones efectuadas por agricultores y ganaderos a los que se les obligó a suscribir un seguro de vida para la formalización de los préstamos habilitados con motivo de la sequía, reconociendo los hechos pero indicando que “el seguro es una condición negociada para lograr que se aprobase la operación por parte de los analistas responsables, dado que el seguro de vida se establece como un elemento de seguridad y tranquilidad para usted y los suyos, pues en el caso de sobrevenir una contingencia, no deseable por nadie, permite que queden cubiertos los compromisos de pago con la Entidad con un pequeño esfuerzo económico anual, lo que es en su beneficio”.

Siendo esto así parecido en el caso de una operación de crédito al uso, ASAJA le recuerda a Cajamar que la reclamación genérica que en su día efectuó la organización agraria, y la que han efectuado los afectados a título personal, se basa en la especificada de este tipo de préstamos, sujetos a un convenio con la consejería de Agricultura, cuyas cláusulas no se han cumplido. El argumento de Cajamar, de servir el seguro para garantizar la operación, se cae por su peso ya que la operación de riesgo está cubierta por la empresa pública SAECA, aportando para ello el cliente las garantías que se le exigieron. Para más abundamiento, el convenio firmado entre Cajamar y la consejería de Agricultura establece unas condiciones para estas operaciones que se han vulnerado al obligar a suscribir un seguro de vida que eleva el coste de la operación en varios puntos porcentuales sobre el tipo de interés pactado de Euribor+0,75.

El Servicio de Atención al Cliente de Cajamar, en una resolución en la que tan siquiera figura el nombre de la persona física que la firma, no entra en el fondo de la cuestión, al no contemplar el aval de SAECA ni que toda la operación está sujeta a un convenio con una administración pública como es la Junta de Castilla y León.

Recordar que estas operaciones de préstamos por sequía y heladas, que todavía se están formalizando al día de hoy, se ha suscrito, para el caso del aval, al amparo de la Orden ministerial de 29 de mayo de 2017 (BOE 05/05/2017), y a efecto de los intereses y otras condiciones si las hubiera, al amparo del convenio de colaboración entre Cajamar y la Junta de Castilla y León de fecha 12/07/2017 y de la Orden AYG/546/2017 de 29 de junio.

ASAJA denunció en su día que determinadas entidades financieras habían condicionado la operación a la suscripción de un seguro de vida por el importe de la operación concedida y por los cinco años de vigencia del préstamo, algo que en opinión de la organización agraria sería ilegal. En este sentido, tanto ASAJA como los afectados lo han puesto también en conocimiento de la consejería de Agricultura, la cual por ahora no se ha pronunciado, lo que ASAJA interpreta como complicidad en la comisión del fraude.

La organización agraria, que asesora a los socios también en esta materia, prepara ya la reclamación ante el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España, como paso previo al inicio de otras actuaciones judiciales si fuera el caso.