La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ávila ha pedido hoy a la subdelegada del Gobierno en Ávila, María Ángeles Ortega, un mayor esfuerzo para incrementar el número de efectivos destinados a la vigilancia en el medio rural, en una época especialmente sensible, en plena campaña de riego, cuando más material de riego hay en los campos. Así lo trasladó el presidente provincial de la organización profesional agraria, Joaquín Antonio Pino, a la subdelegada del Gobierno, en la primera reunión de carácter institucional desde la toma de posesión de Ortega.

Tras reclamar más medios humanos destinados a labores de vigilancia, el presidente provincial de ASAJA valoró positivamente la próxima entrada en vigor del nuevo Código Penal, que endurece las penas para los robos cometidos en el campo.

Asimismo, Pino pidió a la máxima representante del Gobierno en la provincia que traslade a la Administración central la inclusión de una treintena de pueblos excluidos del listado de municipios en Ávila que se beneficiarán de la reducción de los índices de rendimiento neto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para la actual campaña de la Renta. 

ASAJA de Ávila solicita la inclusión de los siguientes municipios en la reducción de los módulos del IRPF, de tal manera que beneficie a los agricultores y ganaderos que desarrollan actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales: Castellanos de Zapardiel, Moraleja de Matacabras, San Vicente de Arévalo, Cabezas de Alambre, Pedro Rodríguez, Papatrigo, Narros de Saldueña, Albornos, Muñomer del Peco, Riocabado, El Oso, Las Berlanas, Tiñosillos, El Bohodón, Gotarrendura, Vega de Santa María, Santo Domingo de las Posadas, Pozanco, Sanchidrián, Herreros de Suso, El Parral, San Pedro del Arroyo, Santo Tomé de Zabarcos, Brabos, Mirueña de los Infanzones, San García de Ingelmos, Blascomillán, Muñogrande, Orbita y Espinosa de los Caballeros.

Por otra parte, ASAJA lamentó el desmesurado incremento de las tarifas eléctricas que se han acumulado en los últimos años y pidió a Ortega que presione para que el Gobierno ponga en marcha medidas que reduzcan los costes energéticos.

Además, los agricultores, deben abonar, aunque no rieguen, mínimos desmesurados, por lo que el sector reclama que se pueda contratar la potencia para la campaña y darla de baja cuando se terminan las labores de riego.

La organización profesional agraria también puso en su conocimiento la falta de interlocución institucionalizada con la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y la excesiva burocracia para cualquier trámite con este organismo. ASAJA también trasladó a la subdelegada del Gobierno la rigidez de las concesiones de agua para aprovechamientos de menos de 7.000 m3/año, que necesitan principalmente granjas ganaderas o pequeñas industrias agroalimentarias.