La organización agraria Asaja Córdoba pide a todos los grupos políticos de los ayuntamientos de la provincia que aprueben la moción que la Federación Andaluza de Caza (FAC) está presentando en apoyo de la caza y el silvestrismo

 

Asaja aplaude esta iniciativa, teniendo en cuenta que “nuestra organización es la entidad que representa a los titulares de las explotaciones cinegéticas y forestales de la provincia de Córdoba gestionando íntegramente cientos cotos de caza, sobre los cuales desarrollamos un servicio integral de cotos, como revisiones y modificaciones de planes técnicos, creaciones de cotos de caza, agregaciones-segregaciones, cambios de titularidad, informes de daños, memorias anuales de capturas, comunicaciones de cacerías (monterías, ganchos, batidas, ojeos), etcétera.”

   Por ello, la organización agraria espera que “cuente con el máximo respaldo de las instituciones municipales y provinciales con el fin de reconocer la importancia social, cultural, económica y medioambiental de ambas actividades”. Asaja indica que no apoyar a la caza “significa ir contra el mundo rural y favorecer la despoblación del mismo, uno de los mayores problemas que tienen nuestros pueblos”.

   En Córdoba, el sector de la caza genera cada año unos 90 millones de euros, cuenta con unos 16.000 cazadores federados y hay unos 12.400 jornales vinculados al sector cinegético en la provincia. Aproximadamente, existen 1.200 cotos de caza menor y 267 de caza mayor. La mayoría de ellos se encuentra en la mitad norte de la provincia, en Sierra Morena, y en menor medida, en la Subbética.

   En este sentido, Asaja valora muy positivamente que los ayuntamientos recojan y aprueben que la caza “es una actividad con una fuerte raigambre social, cultural y económica en Andalucía que merece y debe ser apoyada, protegida y fomentada por los poderes públicos andaluces debido a su contribución a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo socioeconómico del mundo rural andaluz”. Asimismo, debe impedirse la prohibición del silvestrismo mediante la puesta en marcha de los mecanismos legales, técnicos y científicos necesarios.