La Junta Directiva de la organización agraria Asaja Córdoba ha acordado celebrar para el próximo 14 de septiembre en la puerta de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, en la calle San Felipe, una protesta contra “el injusto y confiscatorio” Impuesto de Sucesiones en Andalucía con el fin de que acabar con la situación de que “los andaluces sigan siendo ciudadanos de segunda clase con respecto a otras comunidades autónomas”.

Por ello, Asaja Córdoba hace un llamamiento a todos los titulares de explotaciones agrarias, ganaderas, cinegéticas y forestales, así como a todas las personas afectadas por esta acción “confiscatoria” de la Junta de Andalucía, que son la gran mayoría de los andaluces, para protestar contra la actitud “tremendamente abusiva y discriminatoria” de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para quienes residen en esta comunidad autónoma.

La organización agraria organizará una campaña de divulgación a través de los medios de comunicación y redes sociales para que se sumen cuantas más personas mejor a esta concentración para mostrar su posición en contra de que “la administración autonómica continúe imputando una riqueza irreal o inexistente a los andaluces por la que injustamente tienen que tributar, vulnerando el principio de capacidad económica y estableciendo estimaciones en las valoraciones que nada tienen que ver con la realidad”.

El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha afirmado que “es un hecho de justicia que los andaluces tengan el mismo tratamiento que los ciudadanos de otras comunidades autónomas, lo cual favorecerá además el relevo generacional en el campo, la sucesión de empresas, y la actividad económica”.

Esto es una reivindicación histórica de la organización agraria, que reconoce que es cierto que la Junta de Andalucía ha dado un pequeño paso adelante con la reforma que hizo en 2016, pero “lamentablemente, este impuesto sigue siendo el impuesto de la demagogia y la injusticia” porque deja fuera la realidad de la inmensa mayoría de personas del sector agrario andaluz; y deja el patrimonio no agrario prácticamente igual de mal que antes, “en un inexplicable agravio comparativo con otras comunidades autónomas que hace que los andaluces tengan peores derechos que cualquier otro español”.