La organización recoge en un documento treinta propuestas principales que deberían tener en cuenta los gobiernos que se formen tras las elecciones, tanto las nacionales como las que se celebrarán en mayo

 

Ante el periodo electoral que vive España, en el que tras las elecciones generales del próximo domingo se sucederán en mayo comicios locales, autonómicos y también europeos, ASAJA Castilla y León ha elaborado un documento con las treinta principales propuestas en materia de agricultura, ganadería y medio rural que deberían tener los partidos políticos en sus agendas. Las propuestas recogen prioridades, desde lograr una estabilidad en los precios de los productos, la apuesta por una PAC bien financiada y dirigida al profesional, la incorporación efectiva de jóvenes y mujeres, el desarrollo de regadíos e infraestructuras, un control eficaz de la fauna, que respete ganado y permita un equilibrio sanitario, hasta medidas de apoyo específicas que favorezcan la vida en los pueblos.

Independientemente de cuáles sean los partidos más votados y de cuáles gobiernen finalmente, dado el panorama extraordinariamente abierto del momento político ASAJA considera que el campo necesita que los grandes partidos pacten una estrategia global a largo plazo, que defina las grandes líneas a seguir para garantizar el futuro del sector. “En la agricultura y la ganadería, no se puede cambiar todo cada cuatro años, se trata de proyectos a largo plazo que precisan de estabilidad, y esta estabilidad depende en buena parte de las políticas que se aplican”, subraya Donaciano Dujo, presidente de la organización.

Además, ASAJA, como organización mayoritaria en Castilla y León, una de las autonomías con mayor peso del mundo rural, pide a los responsables políticos que se vuelquen para favorecer el diálogo y entendimiento entre campo y ciudad. La creciente urbanización de nuestras sociedades está dejando de un lado las realidades y necesidades de los habitantes de los pueblos. Sin embargo, no puede funcionar un país si no llega a un equilibrio entre ambos medios, rural y urbano, un equilibrio que tiene que ser fruto del respeto, el diálogo y el acuerdo. Por ello, es fundamental que nuestros representantes políticos estén permanentemente, y no solo durante la campaña electoral, cerca de la agricultura y del mundo rural, “porque si ellos no conocen y comprenden lo que pensamos y vivimos difícilmente podrán tomar decisiones que nos favorezcan”, señala Donaciano Dujo.

 

DOCUMENTO DE PROPUESTAS DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS - ELECCIONES DE PRIMAVERA 2019 (GENERALES, AUTONÓMICAS, LOCALES Y EUROPEAS)

1.     Precios de los productos agrícolas. Uno de los principales problemas de la agricultura castellana y leonesa es el precio que se percibe por nuestras producciones agrícolas, que en muchas ocasiones no cubren los costes de producción. Somos importantes productores de cereales, leguminosas, girasol y proteaginosas, de los que España es deficitaria, y las fluctuaciones de sus precios impactan directamente cada campaña en el resultado económico de nuestras explotaciones y en las cuentas económicas de la comunidad. En las importaciones de estos productos, como para el resto, debe exigirse los mismos requisitos agronómicos, medioambientales, sociales y garantías sanitarias que los exigidos a nuestros agricultores.

2.     Precios de la leche de vacuno. Unos precios en torno a los 0,33 euros por litro no son suficientemente remuneradores y distan en unos cinco céntimos de euro de los precios medios que desde el año 2016 rigen en la Unión Europea, diferencia que se mantiene también si nos comparamos con nuestros principales competidores como son Francia y Alemania. Los márgenes tan ajustados están echando del sector a todas las explotaciones de tamaño medio y pequeño, pues únicamente permiten la supervivencia de las que cumplen con los mayores requisitos de dimensión y gestión.

3.     Precios de la leche de ovino. La leche de ovino se mantiene con precios estancados que, según la calidad, que por otra parte está muy marcada por la estacionalidad, a duras penas sobrepasan los 0,75 euros el litro, cifra que no cubre los costes de producción. Esta situación, continuada en el tiempo, está llevando al abandono de granjas y al rechazo de este sector por parte de los jóvenes que se incorporan.

4.  Caída de la rentabilidad en el sector remolachero azucarero. ASAJA defiende la figura de los acuerdos interprofesionales de los que el sector remolachero azucarero ha sido pionero. La industria azucarera tiene que convenir con los productores precios remuneradores que se han de compensar con las líneas de ayudas actuales (ayuda directa al cultivo y ayuda agroambiental del PDR). Los precios actuales marcados por una de las empresas que operan en el sector ponen en peligro la continuidad del cultivo y las fábricas azucareras, particularmente las de la empresa Azucarera que hay en la comunidad.

5.     Falta de compromiso del sector envasador y de la gran distribución para apostar por la legumbre nacional. La comunidad de Castilla y León tiene un gran potencial para producir legumbres, 25.000 hectáreas. Se ha de revisar el importe de la ayuda asociada por ser escasa, aunque el paso más importante ha de llegar de la mano de los almacenistas apostando por la calidad del producto local y la identificación clara en el etiquetado.

6.     Precios de los medios de producción. ASAJA aboga por la eliminación real de los oligopolios que controlan el mercado de los medios de producción, como son las fuentes de energía y los fertilizantes. Hay que eliminar barreras que protegen a los fabricantes de abonos de las importaciones de terceros países. Es injusto que, en la contratación de la energía eléctrica para campañas estacionales como es el riego de cultivos, no se puedan modificar el término de potencia y haya que pagarlo en largos periodos de inactividad.

7.     Pedimos incentivos fiscales para el uso de energías alternativas vinculadas al medio rural, y en particular a la agricultura y la ganadería, como la fotovoltaica, el biogás o la biomasa.

8.     Reforma de la PAC. Dotación presupuestaria suficiente, al menos en los niveles de la etapa actual. Compartimos el modelo actual con corrección a favor del agricultor profesional, a favor del “agricultor activo” en contraposición con la figura del “agricultor multiactivo”. Pedimos políticas que incentiven el abandono definitivo de la actividad al llegar a la edad de jubilación, y la trasmisión de la explotación a un joven o a un profesional ya incorporado. Nos parecen excesivas las exigencias medioambientales. Compartimos la estructura actual de los dos pilares: ayudas directas y ayudas al desarrollo rural.

9.     Incorporación de jóvenes al sector. Compartimos las medidas del primer pilar, tales como el pago joven y la preferencia en la asignación de derechos de la reserva nacional. No compartimos el importe real que se percibe en las ayudas del segundo pilar (por escaso), la irregularidad en las convocatorias, la demora en la resolución y pago de las ayudas, y las múltiples trabajas administrativas. Pero la incorporación de jóvenes no es posible si no se incentiva el abandono efectivo de la explotación por parte de quienes llegan a la edad de jubilación, y si no se priorizan las ayudas en el agricultor profesional y la explotación agraria prioritaria. En la última convocatoria, cuyo plazo finalizó el15 de marzo, se solicitaron ayudas a la incorporación por un total de 975 jóvenes agricultores de Castilla y León, de los que casi la mitad la tramitaron en ASAJA.

10.  Incorporación de la mujer a la actividad agraria y a la titularidad de las explotaciones. ASAJA trabaja en la incorporación real de la mujer en la agricultura y fomenta la figura de Titularidad Compartida de explotaciones, no en vano Castilla y León es la comunidad donde más figuras de este tipo se han creado y la mayoría se han gestionado en ASAJA. Se comparten las medidas de discriminación positiva, aunque sujetas a un control para evitar el fraude y la creación de condiciones artificiales para obtener mayores    ventajas.

11.  Defensa del actual sistema de seguros agrarios, con modificaciones puntuales y financiación suficiente. Apoyo financiero por parte del Estado y de las CCAA.

12.  Infraestructuras agrarias. ASAJA pide compromisos con un escenario temporal razonable para acometer las obras de concentraciones y reconcentraciones. Hay que poner al día la protocolización ante Notario y Registro de decenas de miles de fincas de reemplazo, tras concentraciones o reconcentraciones parcelarias ya realizadas, cuyos títulos de propiedad no se han entregado a los interesados, lo que le causa un importante trastorno a la hora de vender o heredar, así como a la hora de construir en las mismas o hipotecar el bien.

13.  Infraestructuras de regadíos. Varias décadas después de la construcción de las grandes infraestructuras de regadíos, los pantanos, una buena parte de los nuevos regadíos dependientes de ellos siguen sin desarrollarse, con lo que se ha perdido una generación entera de futuros regantes. Exigimos al Estado y a la Junta de Castilla y León la ejecución de los planes y actuaciones necesarios para su puesta en marcha como muy tarde dentro del periodo del nuevo Programa de Desarrollo Rural.

14.  Flexibilidad en los regadíos: Dentro de la política de gestión del agua reivindicamos soluciones posibles a la situación de “alegalidad” de los pozos anteriores a 1986 que cuentan con permisos de minas, pero sin inscribir la concesión en el correspondiente registro de aguas, y una revisión de los caudales ecológicos para revertirlos a la situación anterior a la del actual Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero. Pedimos flexibilidad real para los regadíos de los prados de cursos medios y altos de los ríos.

15.  Infraestructuras de modernización de regadíos. Más de la mitad de los regadíos de Castilla y León se encuentran ya modernizados, con el consiguiente ahorro de agua e incremento de productividad. La agricultura de regadío en la comunidad va ahora a dos velocidades, lo que conlleva agravios entre agricultores que no compiten en igualdad de condiciones. Ante la demanda de las comunidades de regantes para acometer las obras de modernización pendientes, ASAJA exige que la Junta de Castilla y León, y el Estado a través de SEIASA, aprueben un plan de actuaciones para desarrollar toda la modernización en el periodo del nuevo Programa de Desarrollo Rural.

16.  Sanidad animal y vegetal: pedimos una mayor coordinación entre el Estado y las CCAA para que se establezcan planes comunes, se iguale el estatus sanitario alcanzando a los de nivel más alto, y consecuencia de ello no haya riesgo ni restricciones por el tránsito de animales en todo el territorio nacional. ASAJA muestra su preocupación por el riesgo de que se reintroduzca en nuestro país el virus de la Peste Porcina.

17.  Control de la fauna salvaje. ASAJA pide un control de la fauna salvaje para que no ocasione daños relevantes en la agricultura y la ganadería, daños que lo son por pérdidas en cultivos o muertes en cabezas de ganadero, así como por contagio de enfermedades comunes entre especies domésticas y salvajes. Además del control de censos, por la guardería forestal y por los cotos de caza, ASAJA exige que se indemnice al ganadero, como daños patrimoniales, por la totalidad de los perjuicios ocasionados. ASAJA apoya la práctica de la caza como se ha venido desarrollando

18.  Defensa de la agricultura y ganadería de montaña. Proponemos medidas de carácter horizontal, desde todas las administraciones, en particular las que tienen competencias en agricultura, para compensar las desventajas de estas zonas desfavorecidas. Pedimos políticas de regeneración de los pastos como medida de apoyo a la ganadería y lucha contra los incendios forestales.

19.  Defensa del actual sistema de módulos fiscales y régimen especial agrario del IVA. Consideramos que la fiscalidad del campo, bajo esta normativa, es justa y sencilla desde el punto de vista burocrático. Deben de articularse ventajas fiscales para los habitantes del medio rural, en especial para los jóvenes y mujeres que se incorporan a la actividad agraria.

20.  Mantenimiento del Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios del Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos. Bonificaciones en la Seguridad Social de Autónomos para los jóvenes que se incorporan al sector.

21.  Apoyo a los productos de calidad. Las administraciones deben de seguir profundizando en el apoyo a las figuras de alimentos de calidad, ayudándoles a introducirse en los mercados y obtener valor añadido también para el productor. Las figuras de calidad deben de actuar con rigor, independencia e imparcialidad. El productor tiene que ver una ventaja por estar sometido a mayores normas de control y ofrecer una calidad superior al resto de productores. Las figuras de calidad deben de dotarse de organismos certificadores independientes que hagan valer las normas comúnmente aceptadas y validadas por las autoridades competentes. Pedimos la revisión de la norma del porcino ibérico para adaptarla a la realidad actual del mercado, muy particularmente rebajando en dos meses la edad mínima de los animales para el sacrificio. Apoyamos la norma que obliga a identificar el origen de la leche y exigimos esa misma con carácter general para todos los productos que sea posible, en particular para la miel.

22.  Apoyo al movimiento cooperativo. El movimiento cooperativo, bien concebido, es la mejor herramienta del agricultor para la comercialización de los productos y para la compra de los inputs, mejorando su nivel de renta al conseguir márgenes y valor añadido. Pedimos mayor transparencia en la gestión de estas cooperativas cuyas cuentas necesariamente deben publicarse en registros públicos, una buena gobernanza, y unas ayudas incentivadoras, pero no distorsionadoras del mercado, y que se condicionen los apoyos a una política de redimensionamiento, innovación e internacionalización.

23.  Acceso a la financiación. El momento actual no es el de mayor dificultad para el acceso de los agricultores a la financiación campo para las necesidades de circulante y sobre todo para acometer inversiones. ASAJA apela a la sensibilidad de la banca y en particular de las cajas rurales, y apuesta por instrumentos públicos de apoyo como puedan ser la sociedad pública de garantías recíprocas (SAECA), cuyos servicios son manifiestamente mejorables, o el instrumento financiero de gestión centralizada FEADER.

24.  Lucha contra los incendios. Los agricultores y ganaderos son los grandes damnificados cuando ocurre un incendio forestal de grandes magnitudes, pues la Ley acota el terreno por cinco años obligando a emigrar en busca de otros pastos, y todo por un periodo de cinco años. ASAJA comparte y defiende la lucha contra los incendios forestales, aunque a la vez considera que el fuego es una buena práctica agroganadera según en qué ocasiones, y por lo tanto una herramienta que, de forma regulada, debe de estar en manos de los agricultores y ganaderos profesionales.

25.  En materia forestal, ASAJA defiende una razonable ordenación del territorio para que las masas boscosas ocupen terrenos que tengan esa vocación, y no terrenos agrícolas o de pastos. ASAJA defiende que tanto por Ley como por ordenanzas locales se establezcan distancias mínimas entre las plantaciones forestales y las fincas colindantes para impedir daños a los cultivos por el porte de los árboles y la acción de desgaste del terreno por sus raíces.

26.  Terrenos de entidades locales. Una parte muy importante de los terrenos de cultivo y pastos que aprovechan los agricultores y ganaderos profesionales de Castilla y León son terrenos públicos, bien de ayuntamientos o de juntas vecinales. ASAJA pide que en las adjudicaciones de estas superficies se priorice en los agricultores y ganaderos locales, que se tenga en cuenta la condición de “profesional de la agricultura”, que el importe de la renta está acorde con la rentabilidad de la actividad, y que los ingresos reviertan en obras de interés agroganadero local (mejora de pastos, arreglo de camino, “amueblamientos” en regadío, etcétera). Debe promocionarse la participación de los agricultores y ganaderos en las entidades locales.

27.  Seguridad en el campo. El servicio ROCA de la Guardia Civil ha demostrado ser efectivo para el esclarecimiento de los robos en el campo e incluso para disuadir a los ladrones. ASAJA pide seguridad en el campo para las personas y los bienes, lo que ha de pasar por mantener el servicio especial de los equipos ROCA, pero sobre todo por mantener los cuarteles rurales con su plantilla al completo y dotados de los medios necesarios.

28.  ASAJA defiende el derecho de los agricultores a vivir donde quieran, pero la mayoría viven donde tienen su explotación, en el medio rural. Por eso, porque es el lugar natural de nuestros representados, somos los principales defensores de los pueblos y del medio rural en general y demandamos las mismas oportunidades que se ofrecen en un entorno urbano. A los servicios más tradicionales en el campo de la educación, sanidad, transportes, ocio, etcétera, añadimos la reivindicación de acceso a las nuevas tecnologías, a Internet, con las mismas prestaciones en todo el territorio nacional, pues lo contrario es considerar a la gente del campo como ciudadanos de tercera.

29.  Representatividad. El sector agrario de Castilla y León tiene solucionado el problema de la representatividad, de la legitimidad de las organizaciones agrarias, desde que en 1997 se convocaran las primeras elecciones agrarias que se han venido sucediendo con la periodicidad debida hasta el día de hoy. ASAJA de Castilla y León considera que si hay un proceso electoral que mida la representatividad del sector en todo el territorio español deberá ser en el espectro del agricultor profesional, pero dicho proceso no tiene que significar una duplicidad con el que se celebra en comunidades como la nuestra.

30.  Por último, ASAJA considera que el campo necesita que los grandes partidos pacten una estrategia global a largo plazo. En un sector como la agricultura y la ganadería, no puede cambiar todo cada cuatro años, se trata de proyectos a largo plazo que precisan estabilidad. Además, los responsables políticos y administraciones deben volcarse para favorecer el diálogo y entendimiento entre campo y ciudad. La creciente urbanización de nuestras sociedades está dejando de un lado las realidades y necesidades de los habitantes de los pueblos. Sin embargo, no puede funcionar un país si no llega a un equilibrio entre ambos medios, rural y urbano, un equilibrio que tiene que ser fruto del respeto, el diálogo y el acuerdo.