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La Organización Agraria presentará una propuesta en la Comisión Territorial de Seguros Agrarios de Castilla-La Mancha que se celebra mañana.

La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha pedirá en la Comisión Territorial de Seguros Agrarios de la región que se revisen de forma urgente los procedimientos para establecer las condiciones de las distintas líneas de aseguramiento.

La Sectorial de Seguros Agrarios de la organización agraria, que se ha reunido esta semana, ha elaborado un informe con las deficiencias que considera que tiene el actual sistema de seguros agrarios y han concluido que, aunque se trate de una herramienta útil, todavía tienen muchas carencias que deben corregirse de manera inmediata.

La principal demanda es la revisión de los rendimientos de las producciones asegurables, pues se establecen en función de datos históricos, que pueden no estar ajustados a la realidad e influir negativamente a la hora de calcular las indemnizaciones.

Pero además, ASAJA de Castilla-La Mancha pedirá que se esclarezca el procedimiento, pues se desconocen los criterios utilizados y las periodicidades en las que se efectúan las revisiones de los datos. En definitiva, solicitará dotar de transparencia al actual sistema de seguros agrarios, no sólo en lo que atañe a las estadísticas de contrataciones, siniestros o indemnizaciones.

Otra de las cuestiones que solicitarán desde la organización agraria es la actualización de las variedades y, teniendo en cuenta la volatilidad de los precios, la revisión anual de los mismos.

También insistirán nuevamente en la posibilidad de ampliar las coberturas en su totalidad, pues en la actualidad, el máximo porcentaje al que puede optar un agricultor es el 80 por ciento de su producción, sin opción para que pueda contratar una póliza a todo riesgo.

Por último, y ante la reducción por parte de ENESA de la ayuda a la contratación en un 10%, sobre la prima comercial base neta, ASAJA de Castilla-La Mancha solicitará al Gobierno regional que compense la disminución de las subvenciones aportando lo que deja de aportar el Estado, al igual que lo han hecho en otras autonomías, como Navarra o Castilla y León.