La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA Canarias) demanda a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias que “pelee” por la partida de ocho millones de euros, comprometidas con Canarias en los Presupuestos Generales del Estado de este año, y destinada a la desalación y extracción de agua, para que se pueda transferir antes de que finalice diciembre y no se pierda.   

            Dado el poco tiempo que queda para que se acabe 2018 y, ante la preocupación que ha suscitado este asunto, esta organización de productores solicita una reunión urgente con la Consejería de Agricultura, las organizaciones agrarias y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para expresarle al Gobierno de España que “esta dotación está aprobada dentro de los Presupuestos Generales del Estado, incluida además en el nuevo texto del REF y es de obligado cumplimiento transferirla a Canarias para que la Consejería de Agricultura pueda sacar la convocatoria en 2019. Solo queremos que se cumpla la ley”, manifiesta la presidenta de esta organización profesional agraria, Ángela Delgado.

            Además, añade que “no podemos permitirnos el lujo de prescindir de estos fondos dada la importancia y el interés que tienen para los agricultores y ganaderos canarios. Esta partida de ocho millones tiene como finalidad abaratar el precio del agua y compensar el alto coste que tenemos que pagar en las islas, que recordemos es la más cara de toda España, por consumir un recurso escaso y limitado para poder cultivar, disponer de alimentos frescos y, en definitiva, para mantener vivo nuestro sector agrario y vamos a luchar para mantenerla”.

            Delgado subraya que “nos encontramos nuevamente ante un otoño escaso en lluvias que puede desencadenar, si la situación se prolonga en el futuro, en una nueva sequía como la ocurrida a principios de este mismo año”. Cabe recordar que en ese momento, en Tenerife, por ejemplo, hubo que poner en marcha algunas medidas correctoras como aumentar la compra de agua desalada por parte de los municipios turísticos para poder liberar agua procedente de los pozos y galerías y destinarla a los cultivos de las medianías.