Estrenamos año, estrenamos década y estrenamos Gobierno en España. Salimos de un año 2019 desastroso y convulso. Donde los precios ruinosos percibidos por el productor han sido la tónica general en la gran mayoría de los cultivos; donde la agricultura ha vuelto a ser la moneda de cambio de los tratados europeos con terceros países; donde el sector ha vuelto a pagar los platos rotos de guerras comerciales que nada tienen que ver con él; y donde a la agricultura y a la ganadería se les ha colgado el cartel de responsables directos del cambio climático.

Con este panorama y el duro varapalo para toda la agricultura española y, más concretamente para la del sureste español, que supone el papel protagonista que ha adquirido Rivera en el nuevo Gobierno, persona que ya ha dejado claro su carácter antitrasvasista, véase que mantiene bloqueado el trasvase Tajo-Segura desde noviembre en contra de lo que aconseja la Comisión de Explotación, al sector le vienen tiempos realmente crudos.

Por ello, insto a armarnos de valor, a unirnos y a salir a la calle en defensa de nuestro futuro, tal y como lo están haciendo nuestros compatriotas europeos; como desde ASAJA Alicante haremos el próximo 28 de febrero en defensa de la crisis estructural que sufre el cultivo de la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó; y como han establecido las organizaciones profesionales agrarias españolas con un calendario de movilizaciones.

Y es que, el 2020 no ha podido arrancar con más tensión en el campo y tenemos que hacer saber que el nuevo Gobierno está dando la espalda al sector agrario y que sus dinámicas, la más reciente, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, terminarán de llevar a la ruina a agricultores y ganaderos, porque no todos los empresarios son grandes empresas y, concretamente, nuestro sistema agrario está sustentado en gran parte por autónomos que difícilmente podrán asumir este escenario: más costes de producción y bajos precios, lo que nos lleva a un punto en el que la desaparición de la agricultura ya no es un pronóstico, sino una mera consecuencia al hacer cuentas.

Pero la lista de desafíos no se queda aquí. Como intuíamos, también tendremos que enfrentarnos a la política hídrica de este nuevo Gobierno, que asignándole más poder a Ribera, está sentenciando a los regadíos del sureste, ya que con la congelación del trasvase Tajo-Segura está condenando a la desaparición a más del 50% de nuestra superficie agraria.

En el ámbito europeo tendremos que luchar contra los acuerdos comerciales que se firman con terceros países. No podemos seguir permitiendo que en plena campaña de comercialización de nuestros cultivos, mercancías de terceros países que utilizan sustancias fitosanitarias que llevan más de 30 años prohibidas en Europa y cuyos costos de producción son mucho menores, entren a los lineales de nuestros supermercados y hundan nuestros precios, problema que se está cronificando.

A parte de los acuerdos, sanciones como el veto ruso o los aranceles de Trump también están mermando nuestra rentabilidad. De hecho, las exportaciones alicantinas de cítricos y vino han caído un 32% y un 50%, respectivamente, con respecto al ejercicio 2018.

Así que, entre las políticas europeas que permiten acuerdos de libre entrada de productos de terceros países; la tibieza de la UE ante las sanciones impuestas al sector; unido a la desidia de un Ejecutivo nacional que nos ha abandonado, la agricultura mediterránea se encuentra en tierra de nadie y golpeada por todos: por nuestro propio Gobierno, por el Ministerio de Agricultura, por el Ministerio de Trabajo, por la Unión Europea, por terceros países, por Trump, por la presión de la Gran Distribución, por los que nos compran la fruta…

En la próxima década nos lo jugamos todo y como principales productores de frutas y verduras frescas de Europa debemos exigir que, en el plano comunitario, necesitamos clara representación técnico-agrícola en Bruselas que nos permita conocer de antemano las decisiones que allí se toman y funcionar de contrapeso ante acuerdos que perjudican al sector y de los que siempre nos enteramos cuando ya están firmados. En este sentido, es precisa la exigencia de reciprocidad fitosanitaria y laboral y un sistema de preferencia comunitaria. 

En el marco nacional y regional urgen políticos conciliadores que atiendan a los regantes del sureste y acaben con la incertidumbre hídrica, desarrollando acciones de interconexión de cuencas y alcanzando el tan ansiado Pacto Nacional del Agua.

También, precisamos una ley de precios mínimos que proteja los productos frescos y al productor, tal y como ya ha hecho Francia, ¿O acaso los empresarios no tenemos derecho a cobrar igualmente un salario mínimo por nuestro trabajo? ¿Para cuándo un Decreto-Ley para prohibir que un producto agrario se pueda vender por debajo de sus costes de producción?