Las comunidades podrían perder 100 millones por el retraso en sus planes para los espacios naturales

La Naturaleza no tiene precio, o sí. Más de 6.000 millones de euros en el caso de Europa y 1.556 millones si hablamos solo de los costes directos de gestión en España de la Red Natura 2000, la joya de los espacios naturales. Por eso, en su estrategia para 2020, la UE reclama a los Estados miembros un esfuerzo para financiar la conservación de la biodiversidad, marcando como un objetivo prioritario la plena implantación de esta Red europea. Y buena parte de la cofinanciación que ofrece la UE para conservarla podría estar en riesgo si la Comisión Europea abre finalmente un expediente de infracción a España por el incumplimiento reiterado de las comunidades autónomas en la elaboración de los planes de gestión de esos espacios naturales.

Hace apenas dos semanas, y tras dos años y medio de trabajo, el Ministerio de Medio Ambiente y la Fundación Biodiversidad publicaron el Marco de Acción Prioritario (MAP). En este documento se especifican todos los fondos comunitarios a los que España puede acceder para conservar la Red Natura 2000, que en nuestro país alcanza el 27% de la superficie nacional, convirtiéndonos en el que más aporta a esta figura de protección de los espacios naturales europeos. Pero aunque los instrumentos de financiación están identificados en el MAP, las comunidades autónomas no han hecho su parte con los obligatorios planes de gestión de Red Natura 2000, que es a donde, por ejemplo, entre 2007 y 2013 fueron a parar más de 100 millones de euros de los fondos LIFE aprobados por la UE para España.

Juan Carlos Atienza, coordinador del Área de Naturaleza de SEO/BirdLife, advierte de que «la aprobación del MAP ha sido muy importante porque recoge las prioridades y de dónde viene la financiación. Pero son las comunidades autónomas las que deciden qué hacer exactamente con ese dinero. Y si no tienen los planes de gestión, no podrán usarlo. Tenemos lo mejor de la UE y ni lo cuidamos ni lo aprovechamos para atraer turismo. Ahora las comunidades están intentando aprobar precipitadamente los planes; tanto, que muchos no cumplen los requisitos de la UE porque ni tienen los contenidos mínimos que marca la UE ni se están respetando los plazos de información pública».

Para las organizaciones conservacionistas, este incumplimiento de las comunidades autónomas es muy grave. Muchos proyectos españoles vinculados a los Fondos LIFE podrían quedarse en el aire, y hablamos de que la dotación aprobada para el período

Si las comunidades autónomas no tienen sus planes de gestión no podrán usar los fondos de la UE 2014-2020 es de 3.456,7 millones euros, a repartir, eso sí, entre todos los proyectos presentados por los países miembros y aprobados por Bruselas. En cualquier caso, nuestro país es uno de los principales receptores de estos fondos y en el tramo 2014-2017 ya hay asignados para España casi 75 millones de euros. Pero hasta la fecha nuestro país siempre aumentaba a posteriori esa cantidad porque el remanente de los países que no cumplían los requisitos iba a un fondo común al que accedíamos pese a haber alcanzado el tope de nuestra asignación por la calidad de nuestros proyectos.

Con un procedimiento de infracción en curso por no tener los planes de gestión, esa situación favorable para España podría revertirse porque en las condiciones se refleja la obligación de cumplir el marco normativo de la UE. No solo eso, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feder) también dedican partidas al epígrafe de medio ambiente. Pero como asegura Atienza, «ahora que hay que aprobar los Feader, como no están los planes de gestión de Red Natura, el dinero que podría haber ido a estos espacios naturales acabará en otras cosas».

Especies en peligro

Guillermo Palomero, presidente de la Fundación Oso Pardo, también comparte esa preocupación. «Se puede perder mucha financiación para proyectos de biodiversidad si Europa abre un procedimiento de infracción. Si las especies en peligro han prosperado en España ha sido en buena medida gracias a los fondos LIFE.Con la crisis, las comunidades han disminuido su capacidad y, en nuestro caso, los fondos comunitarios son fundamentales para seguir trabajando con el oso cantábrico y en Pirineos. Comprometer ahora todo ese esfuerzo es una irresponsabilidad. Habría serias dificultades para la conservación de especies como el oso, el águila imperial o el lince. Por ejemplo, en Cantabria, no hay aprobado ni un solo plan de gestión de Red Natura, pese a que condicionan totalmente la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de las poblaciones humanas a las que afectan».

Los planes de gestión debían haber estado elaborados inicialmente en 2010. Pero a principios de enero, según reconocen desde el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente a ABC, solo estaban aprobados el 40% de ellos. Desde la Comisión Europea confirman que el plazo definitivo «para poner en marcha los planes de gestión de la red Natura 2000 expiró el 31 de diciembre de 2014». Por eso,

En Cantabria no hay aprobado ni un solo plan de gestión

tras haber abierto un expediente de información ante una posible infracción, desde WWF temen que la Comisión «ya esté redactando la carta de emplazamiento» que abriría formalmente el procedimiento de infracción y que esta llegue, según adelantan otras fuentes, entre febrero y marzo. De momento, la Comisión, en respuesta a ABC, prefiere poner el acento en que «el objetivo es salvaguardar la naturaleza mediante el cumplimiento de la legislación europea», algo que es evidente que está en duda, a la luz del «expediente piloto EU 4995/13/ENVI», referido al incumplimiento de plazos de España con la Red Natura 2000.

Los caminos que siguen los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión son complejos, y con plazos difíciles de prever. Pero la dinámica general es que tras enviarse la carta de emplazamiento, que implicaría la apertura formal del procedimiento de infracción, en caso de no satisfacerse las exigencias de Bruselas, el caso podría acabar en el Tribunal Europeo de Luxemburgo y en una sanción millonaria para España. Pero todo ese proceso puede dilatarse.

El Ministerio de Medio Ambiente tiene una visión más positiva. «Es cierto que vamos con retraso -señalan a ABC fuente de este departamento-, como le ocurre a la mitad de los estados miembros, pero el porcentaje de superficie que tiene España es mucho más alto y la superficie que aportamos al conjunto también. Hemos hecho una apuesta por la conservación que otros países de nuestro entorno no han hecho. Se trata de un trabajo muy importante en un momento difícil, pero de 1.449 espacios naturales hay 550 que están ya declarados y otros 500 en fase de información pública. En poco tiempo, si nada se tuerce, podríamos tener el 75% de Red Natura cubierta por planes de gestión; y eso es lo que estamos haciendo ver a la Comisión. Los procedimientos de infracción llevan su tiempo, podemos estar hablando de tres años, y para entonces seguro que lo hemos solucionado».

La maldición de vivir en un paraíso

A. C.

Otro de los problemas de la precipitación en la elaboración de los planes de gestión de los espacios incluidos en la Red Natura por parte de las comunidades autónomas es el de los pagos compensatorios a los propietarios de los terrenos. La abogada especializada en medio ambiente Pilar Martínez lleva varios casos de este tipo en los tribunales.

Y explica a ABC que «en comunidades como Asturias, el 95% de los terrenos de la Red Natura son privados, y a sus dueños se les imponen restricciones y limitaciones en el uso de sus propiedades que no están siendo compensadas, aunque hay sentencias del Tribunal Supremo de 2013 que obligan a aprobar un presupuesto concreto para esas indemnizaciones. Pero como no hay planes de gestión, no pueden reflejarse esas partidas, ni pedirse las subvenciones a la UE; con lo que al final, toda la carga de la conservación recae sobre los residentes y los propietarios, a cambio de nada».

Solo en el Principado, afirma Juan Ramón Campo, de Foro Asturias, «se han presentado miles de alegaciones». Este licenciado en Derecho y técnico superior en gestión de Medio Ambiente asegura que «nadie está en contra de la Naturaleza, mientras no te suponga que te quiten lo que tienes. Pero si resulta que en los planes de gestión se aprueban unas cantidades para indemnizaciones que luego no figuran en los Presupuestos Generales de las comunidades, es como si no existiesen. Por eso hemos denunciado a la UE que los programas de desarrollo rural se han hecho de espaldas a la población».

No compensar a los que viven en los espacios de la Red Natura es algo que preocupa a organizaciones conservacionistas como WWF (antigua Adena), que confirman a ABC que por este motivo están detectando «una corriente de oposición a la Red Natura por lo mal que se ha hecho, al contrario de lo sucedido con los Parques Nacionales, donde los habitantes sí han percibido los beneficios»; desde SEO/BirdLife lamentan que se vuelva a perder una oportunidad para que la población vea los beneficios de pertenecer a esta Red. «Es el gran reto que tenemos, que los habitantes de las zonas aprecien Red Natura, que es donde está la mayoría de lo que merece la pena de cada país».