El proyecto de ley de Montes en el que trabaja el Gobierno ha despertado reacciones polarizadas, a favor y en contra.

J. Y./lanza

El proyecto de ley de Montes en el que trabaja el Gobierno ha despertado reacciones polarizadas, a favor y en contra, de colectivos que trabajan en los entornos naturales pero que interpretan de manera distinta el articulado de la modificación de la norma aprobada en el primer Consejo de Ministros de este año.

Así, mientras que desde el Colegio de Ingenieros de Montes de Castilla-La Mancha aplauden los beneficios que introduce para algunas prácticas de aprovechamiento, Ecologistas en Acción critica uno de los puntos más calientes de la ley como es la recalificación del uso de terrenos quemados y la apertura a la especulación.

El decano autonómico del Colegio de Ingenieros de Montes, Ángel Roldán, explica que con carácter general la revisión de la ley redefine aspectos que “mejoran su aplicación”, por lo que,  a su juicio, “es positiva”.

Para empezar, destaca “la solución” que aportará la nueva disposición que activa los llamados montes de socios, una figura jurídica que “es necesaria regular si tenemos en cuenta que el 70% de estos espacios son de propiedad privada”.

Ciudad Real cuenta con 1.981.000 hectáreas, de las que más de 860.000 son forestales, el 24,5% de las 3,5 millones de hectáreas de Castilla-La Mancha. De esta superficie forestal regional, más de 2.800.000 has son de régimen particular y 747.000 públicas. Esta proporción demanda, en opinión del ingeniero, que haya un régimen legal para tomar decisiones (hasta ahora cualquier decisión debe contar con el acuerdo de todos los dueños) y ordenar la nómina de propietarios, pues a veces hay herederos desconocidos que han ido perdiendo el conocimiento de su titularidad 

Otro punto que defiende el portavoz del Colegio de Ingenieros de Montes, dentro de la compatibilidad entre el desarrollo económico y sostenible y la protección del medio ambiente, es “la mejora” para algunos aprovechamientos forestales como es la exención de autorización (solo hay que comunicarlo) tratar volúmenos de menos de 10 m3 para la madera o de 20 estéreos para leña.

También vio positiva la nueva figura de sociedades forestales,  que permitirá “una gestión agrupada más y sin que los propietarios pierdan su titularidad”, así como vio beneficioso el aumento del plazo hasta el año 2018 para optar a ayudas para los planes de gestión forestal, y hasta el 2028 para los que son obligatorios.

Tampoco ve presión urbanística en la modificación de la Ley de Montes que permitirá construir en superficies quemadas, cuando hasta ahora estaba prohibida cualquier actividad durante 30 años. Roldán aclaró que la recalificación de estos terrenos “se contempla como una excepción y exigiría la aprobación de una ley  autonómica en base al interés público de primer orden”, por lo que “no es la llave que abra la especulación”. Además, se establecen, recuerda, “medidas compensatorias para recuperar estas superficies forestales quemadas”.

Desde la Consejería de Agricultura, señalaron sobre este punto que “es una Ley nacional y no es competencia de la Junta”.

Para Roldán, el conjunto de modificaciones constituyen nuevas herramientas que deberían promover el aumento de la inversión de los diferentes gobiernos en gestión forestal, dado que en conjunto, la actuaciones en los montes contribuyen “a la conservación medioambiental, a mejorar los ecosistemas, la calidad de vida y el empleo”.

No era necesaria

Los ecologistas realizan una lectura en las antípodas de la anterior sobre la futura ley, la cual “no era necesario modificar”, opina Theo Overhuver, coordinador de Campañas de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha. A su juicio, “las modificaciones son regresivas y producen retrocesos en cuanto a la conservación de los montes”.

El primer punto caliente para esta organización “que conlleva riesgos” es la posibilidad de cambiar el uso de los terrenos quemados, al no ser necesario el periodo de 30 años para actuar, un plazo que prevenía “la provocación de incendios con fines especulativos”. “Nos preocupa que se utilice el poder para poder construir en zonas quemadas y que con el argumento del interés general justifiquen abusos”, indica Overhuver, que incide en que la modificación volverá a traer “la provocación de incendios para poder construir en zonas devastadas por el fuego”.

Overhuver también ve un grave retroceso “en la necesaria planificación forestal y en la elaboración de planes de gestión”, así como reprueba “la limitación de la capacidad de denuncia de la guardería forestal”, y los cambios relacionados con “la potenciación de la caza, que nada tiene que ver con la gestión de montes”.

El registro de infractores de caza y pesca previsto “no nos parece mal”, argumenta el ecologista, mientras que ve “caótica” la invasión de competencias en materia cinegética, como “es el  establecimiento de limitaciones en materia de caza”.

Al parecer, según Overhuver,  el proyecto de ley incorpora la elaboración de una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, que entre otras cosas regula el reconocimiento de licencias interautonómicas, e incluye actuaciones sanitarias en especies cinegéticas.

Con todo, este portavoz señaló que estas disquisiciones han sido expuestas en enmiendas “para intentar se pueda mejorar algunos aspectos”, aunque ve pocas posibilidades porque “hay mayoría parlamentaria del PP”.

Thumb

Descargar archivo